Enero 30, 2021

Lucía Dammert y combate al crimen organizado: “Falta que las policías entreguen información”

Pedro Schwarze
Lucía Dammert

Hace 10 años ninguna de las policías tenía oficina de crimen organizado y hoy informes sitúan a Chile como el tercer país vinculado a la salida de drogas hacia Europa, Asia y África. Dammert, socióloga que ha desarrollado su carrera en temas de seguridad y gobernabilidad en América Latina, dice que falta información para poder desarrollar las políticas de seguridad, establecer programas de prevención y entregarle mayores atribuciones a los alcaldes en su coordinación con las policías.

¿La criminalidad puede considerarse como un fenómeno regional, que evoluciona, avanza o retrocede, o más bien se desarrolla de una manera distinta en cada país?

En América Latina hay subregiones, que son bien claras en términos del fenómeno delictual. Creo que hay subregiones con fenómenos muy particulares, que también tienen que ver con las capacidades estatales. Ahora, todos tenemos un problema central, que es la presencia de organizaciones criminales, pero la profundidad del fenómeno es distinta.

  • En Centro América y México hay una situación vinculada a altísimos niveles de migración, de población que se quiere ir del país; estados que son estados prácticamente en ruinas, con altísimos niveles de corrupción, y corredores históricos de trata de personas, tráficos de migrantes donde se monta el tráfico de drogas con mucha facilidad.
  • Después están los países andinos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia —Venezuela ya se sale de este grupo— y en algún sentido, aunque no es andino, Paraguay. Ahí hay importante presencia de organizaciones criminales principalmente vinculadas a producción de cocaína, marihuana; altos niveles de corrupción local, y fenómenos de criminalidad que tienen algún nivel de equilibrio de mercado.
  • Luego está el Conosur, con Uruguay, Argentina y Chile —Brasil es un propio continente—, que efectivamente éramos países con niveles muy bajos niveles de homicidios, con presencia de niveles de criminalidad más o menos estables, y con organizaciones criminales incipientes. Pero eso cambió bastante hace 15 años y ahora tenemos probablemente fenómenos distintos pero que apuntan hacia un mismo lado, donde hay más violencia, fenómenos de mercados ilegales muy fuertes, con capacidad de corrupción, con capacidad de fuego. Entonces, no necesariamente hay más criminalidad —más lanzazos o más robos de vehículos—; sí hay un fenómeno transversal de más organizaciones criminales, un hecho que incluso puede darse con la sensación de que hay más paz social.

En Chile se han instalado organizaciones criminales de la mano de episodios violentos, como los tiroteos en Maipú, y bandas narcos que tienen el control de poblaciones ¿Qué factores explican ese proceso?

Son varias cosas. Una es que Chile tiene un mercado muy importante de consumo de drogas. Si hablamos de las drogas como un mercado ilícito, está la demanda instalada, y al tener esa demanda instalada y además creciente, existen todos los incentivos para que la oferta se consolide también. Lo que hace 20 años era 8 o 10 barrios con presencia de organizaciones criminales —que muchas veces estaban donde también había presencia de otro tipo de criminalidad, como el choro, el ladrón—, esos grupos fueron creciendo porque su negocio se expandió.

  • Hay varios informes internacionales que dicen que parte importante de ese negocio, pero no sabemos si son esas mismas organizaciones u otras, está vinculado con el tráfico internacional —Chile salió como el tercer país vinculado con la salida de drogas hacia Europa, África y Asia— y eso requiere de organizaciones de otro calibre. Ya no es la organización de la población “Pepito” donde tienen armas y venden drogas, sino que necesitan capacidad de exportación, empresas fantasmas. Ahí hay un signo de interrogación. Pero efectivamente hay un traslado de los delitos.
  • Por ejemplo, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la minería ilegal, son delitos que siempre se han visto con mucho menos preocupación, y todavía en Chile no sabemos la magnitud del lavado de dinero. Debe ser muy alta, porque todos estos mercados ilegales generan mucho dinero.

¿El que se produjera este aumento del crimen organizado en los últimos 15 años en Chile se debió en parte a que los gobiernos nacionales y locales se quedaron dormidos y no lograron prever este problema?

Lo que pasó, desde el regreso a la democracia hasta hoy, es que el mundo político depende total y completamente de la información policial. Y la información policial no le daba el reconocimiento que se requería a los problemas de criminalidad organizada. Hace 10 años ninguna de las dos policías tenía oficina de crimen organizado. Se asumía que éramos un país de paso, de que no teníamos criminalidad organizada. La falta de profesionalización en estos temas trajo eso como consecuencia y de ahí en adelante nos hemos dado vueltas sobre políticas que no han resultado.

¿Hay recetas externas aplicables para controlar la criminalidad en Chile, como el de Tolerancia Cero en Nueva York de los 90 o el plan que se implantó en Medellín en la década pasada?

Lo peor que podemos hacer es la importación de políticas sin adecuarlas a las realidades locales. Eso es lo que se ha tratado de hacer y no ha funcionado. Pero sin se pueden aprender algunas partes de las decisiones. Creo que hay cinco elementos que son importantes:

  • Se necesita un sostenido apoyo político de alto nivel a las iniciativas de gobierno. Eso se ve en Medellín, en Bogotá. Eso no lo hemos tenido acá.
  • Se necesita un nivel de sofisticación en el diagnóstico para poder enfrentar el problema.
  • Se necesita el reconocimiento de que lo que solucionan los problemas no son cambios legales. Nos hemos enfrentado a demasiadas agendas legislativas y los gobiernos hacen check como si la agenda legislativa fuera a resolver el problema.
  • Se necesitan mayores niveles de control del trabajo policial, porque se asume que Carabineros o las brigadas (de la PDI) resuelven los problemas y eso no queda tan claro que sea así.
  • Tenemos muy poca capacidad de fiscalización de la penetración del crimen organizado a nivel local.

Por ejemplo, con el Covid, se sabe que la deserción escolar es uno de los vasos más comunicantes con el desarrollo de la criminalidad y ahora va a crecer sustantivamente. ¿Dónde está el programa que se haga cargo de la deserción escolar el próximo semestre? Por el lado de la prevención se pueden tomar muchas cosas importantes. Pero nosotros estamos ciegos. La única forma de tomar decisiones buenas, a partir de otras experiencias, es tener información propia que te diga si siquiera necesitas esa respuesta.

¿Quién debería buscar esa información, los municipios, los gobiernos locales, las universidades, las policías?

Lo primero que necesitamos es que la institución policial entregue información. El jueves estuve en la reunión de la comisión de reforma policial del Senado, donde estaban los miembros de la unidad policial que conformó el gobierno para la propuesta de reforma policial, y los miembros de la unidad dijeron que no les han pasado ningún dato, ni una información, cero. Entonces uno se pregunta, ¿sobre la base de qué hacemos la política, por ejemplo, para cambiar la formación policial si no sabes lo que está pasando?

  • El desafío está en que las instituciones policiales y el gobierno no vean como una amenaza cualquier posibilidad de estudio, de investigación. Ahí hay un tema mucho más político que tenemos que hacer, para hacer cosas buenas.

En Medellín se hizo un trabajo de terreno, donde el municipio trabajó con las comunidades. ¿También debe haber un trabajo en ese sentido, donde las policías también tienen que recuperar la confianza de la gente?

En Medellín el sector privado puso una cantidad de dinero que acá no se logra poner. Cuando el gobierno del presidente Piñera llamó al programa “Compromiso País” donde el mundo privado daba plata para hacer algo parecido a lo de Medellín, para buscar un hito urbano, pero al final eso no prosperó. Entonces, cuando vemos lo de Medellín, sin duda, necesitamos alcaldes que tengan una visión integradora. Esa visión integradora tiene que traer plata del mundo privado también y, por supuesto, una mejor relación policía comunidad. Pero el desafío que tenemos ahí es que la relación de la policía con la comunidad, en los sectores populares, es una mala relación, es una relación de desconfianza y violencia.

También está el factor de una ciudad disgregada.

Ahí los alcaldes tienen un rol que jugar, pero necesitamos cambiar la ley de municipalidades para que tengan un rol más fuerte, porque al final Carabineros de buena onda colabora con el alcalde. Puede participar en su concejo, donde está obligado, pero en la realidad, la política criminal la definen en otro lado. En eso el caso colombiano es muy interesante, porque lograron ir afiatando una relación a nivel territorial. El alcalde puede decir que “tengo un problema porque hay gente que está consumiendo alcohol y hay pedofilia en un determinado lugar” y la policía le va a decir “ah, muy bien, pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer son 100 mil controles de identidad, porque esa es nuestra prioridad”. Ahí necesitamos subir la capacidad a los alcaldes, sobre todo de los sectores populares.

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