“Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”. Por Juan Luis Ossa

Historiador e investigador del CEP

Se equivocan quienes sostienen que estamos jurídicamente forzados a replicar el método probado en la Convención, ya que en realidad la continuación del proceso pasa por una reforma constitucional consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la consecuente negociación política de las reglas que tendrían que emplearse (…) Como dirían algunos teóricos, muchas veces citados por los propios círculos de La Moneda, “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”.


No es necesario ser abogado para conocer y entender las reglas del proceso constituyente en curso y cuáles son sus efectos inmediatos.

Hagamos un pequeño recuento: en el “Acuerdo” del 15 de noviembre de 2019 (que luego fue afinado por la Mesa Técnica que redactó la reforma constitucional correspondiente) se definió el itinerario que debía conducirnos a la redacción de una nueva Carta Fundamental. Se diseñaron etapas consecutivas: plebiscito de entrada, elección de convencionales, trabajo de la Convención y plebiscito de salida. De ellas, solo queda cumplir con la última, cuestión que haremos al votar a favor o en contra del texto de la Convención.

Es decir, jurídicamente es obvio que el proceso tiene un marco temporal con un comienzo y un final conocidos. De hecho, los artículos de la Constitución vigente que definen dicho itinerario señalan las fechas y plazos que la ciudadanía ha debido cumplir para que la discusión constitucional no se quede en letra muerta: el inciso final del artículo 130 dice que la elección de los convencionales se deberá realizar el 15 y 16 de mayo de 2021, mientras que el inciso segundo del 143 establece que el plebiscito de salida se celebrará el 4 de septiembre de 2022.

La discusión, por tanto, no es tanto jurídica como política. ¿Qué ocurriría si gana el Rechazo? ¿Se acaba el proceso y volvemos a la Constitución que actualmente nos rige? El artículo 142 señala que, en caso de que la ciudadanía rechazara lo obrado por el órgano constituyente, “continuará vigente la presente Constitución”. La realidad política, sin embargo, se ha encargado de contradecir la norma jurídica, y a estas alturas hay un consenso extendido de que, sin importar el resultado del referéndum, el país requiere y necesita un nuevo pacto constitucional. Así fue ratificado en octubre de 2020, cuando cerca del 80% del electorado votó a favor de cambiar la Constitución.

Ahora bien, la política y los políticos no se mandan solos; de hecho, cada cierto tiempo es indispensable ponerles reglas para que respondan institucionalmente a las demandas de las grandes mayorías. Es lo que debiera ocurrir en las semanas que vienen para que, ojalá lo antes posible, la política defina el nuevo calendario que se habría de implementar de no aprobarse el texto que está en discusión. La ciudadanía merece tener certezas respecto al qué, al cómo y al cuándo.

Todas esas preguntas pueden ser agrupadas, a su vez, en una interrogante más grande: ¿es obligación repetir las mismas reglas que hemos utilizado hasta ahora?  Nuevamente habría que diferenciar entre el plano jurídico y el político. Algunos abogados dirían que efectivamente estamos amarrados a una suerte de “eterno retorno” en el que las reglas del proceso constituyente que está por concluir serían algo así como permanentes. No cabría, en otras palabras, más que repetirlas hasta tener una nueva Constitución.

El problema con esa interpretación jurídica es que confunde objetivos con medios; propósitos con herramientas. Es cierto que un futuro acuerdo podría considerar conveniente utilizar el procedimiento que ya hemos conocido, pero también cabe la posibilidad de que la política y la ciudadanía digan otra cosa. En efecto, se equivocan quienes sostienen que estamos jurídicamente forzados a replicar el método probado en la Convención, ya que en realidad la continuación del proceso pasa por una reforma constitucional consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la consecuente negociación política de las reglas que tendrían que emplearse.

Existe, entonces, la urgencia de contar con un mecanismo transparente y transversal que mantenga la puerta abierta para continuar la deliberación constituyente. De eso no hay duda. Donde sí caben dudas es en la estrategia para conseguir un mecanismo que sea, al mismo tiempo, realizable y legítimo. Y ya que no hay mayor legitimidad que la que entrega el voto popular, parece razonable dar a los votantes -mediante un plebiscito o una consulta- la responsabilidad de elegir qué cuerpo u órgano debería redactar la Constitución.

Por supuesto, un nuevo referéndum conllevaría costos políticos, económicos y emocionales. A estas alturas, no obstante, saltarse a la ciudadanía sería contradictorio con todo lo que hemos avanzado en términos de participación democrática, por lo que no veo espacio para que, por ejemplo, el gobierno (que es el que menos interés tiene en hablar de estas cosas por temor a “hacerle el juego al Rechazo”) no tome conciencia de la importancia de contar con un mecanismo legitimado por los mismos ciudadanos a los que la Constitución está llamada a representar. Como dirían algunos teóricos (muchas veces citados por los propios círculos de La Moneda), “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”.

Así las cosas, estamos ante un dilema que demanda, en primer lugar, una lectura jurídica de las reglas que han funcionado los últimos dos años. Aquí, se debe zanjar si las normas que fueron usadas para elegir a los convencionales son automáticamente replicables en la eventualidad de que el proceso constituyente tuviera que continuar con posterioridad a septiembre. A mi entender, y siguiendo lo más fielmente posible el texto constitucional vigente, la respuesta es “no”.

Por otro lado, y más importante, debemos hacer una lectura política de la realidad, y preguntarnos si acaso es posible volver a fojas cero y quedarnos para siempre con la Constitución que nos rige. Otra vez, la respuesta es “no”: la ciudadanía ya expresó su voluntad de cambiar la Carta Fundamental, y ese mandato hay que respetarlo a raja tabla. ¿Cómo salir del atolladero? Preguntándole a esa misma ciudadanía qué órgano quisiera que redactara la nueva propuesta de Constitución. Un nuevo plebiscito de entrada parece, a estas alturas, el mejor aliado de la democracia.

Publicaciones relacionadas

Abogada internacionalista

Noviembre 30, 2023

Descifrando a Kissinger (1923-2023). Por Paz Zárate

El exsecretario de Estado de EE. UU.

Todo análisis del impacto de Kissinger debe partir reconociendo que su obra teórica, marcada por el realismo y por el anticomunismo propio de la Guerra Fría, es amplia y también imprescindible para el estudio de las relaciones internacionales y la seguridad. Pero lo que lo distingue de otros intelectuales es haber sido, además, un controvertido […]

Profesor de la U. del Desarrollo

Noviembre 30, 2023

¿Qué hacer para salir del estancamiento económico? Por Joaquín Lavín

Encuentro de la Comisión Marfán con el ministro Marce.

La receta para salir del estancamiento económico está clara. La Comisión Marfán lo tiene claro. Producir la mayor cantidad posible de cobre. Producir ya más litio, olvidándose de la actual Estrategia Nacional […], reingeniería total a la permisología, bajar el impuesto a las empresas (compensado), y lograr acuerdos.

Profesor Adjunto, Columbia University Law School

Noviembre 29, 2023

Nueva Constitución y política exterior. Por Benjamín Salas

Benjamín Salas, uno de los asesores más influyentes en el plano internacional del segundo gobierno de Piñera, aborda el capítulo de política exterior del texto constitucional que se plebiscitará el 17 de diciembre. “Con sus luces, sombras y vacíos que se perpetúan, la propuesta de Nueva Constitución nos deja con una sensación amarga pero cuyas […]

Directora Ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la Comisión de Probidad

Noviembre 28, 2023

Algo-rrobo. Por María Jaraquemada

El alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), durante la audiencia en que el juez determinó prisión preventiva. Crédito: Agencia Uno.

Se ha dicho hasta el cansancio que alcaldes y alcaldesas tienen, en ocasiones, mucho poder para tomar ciertas decisiones con poco contrapeso interno y externo, así como déficit de transparencia. Intentando mirar el vaso medio lleno, la Cámara de Diputadas y Diputados está pronta a votar en sala un proyecto de ley de integridad municipal […]

Profesor MBA para la Industria Minera. Ingeniería Industrial, Universidad de Chile

Noviembre 27, 2023

“Es la política, estúpido”. Por Marcos Lima

Crédito: Senado

Es cierto, hemos perdido el rumbo, pero si en los años 90 los políticos con su actitud colaborativa levantaron el país, hoy -cuando las confianzas entre ellos no existen, el espíritu de revancha se enseñorea y quién tiene el poder trata de aplastar al adversario- son las empresas y los empresarios los que deben abordar […]