Los peligros de los Consejos en la Administración de Justicia. Por Ricardo Brodsky

Las decisiones de un consejo no solo serán más lentas, inseguras y hasta inoperantes, sino que se abre la puerta a la captura de estos organismos por intereses corporativos o políticos.

Próximamente, la Comisión de Justicia tendrá que volver a discutir la arquitectura del Ministerio Público ya que su insistencia en la creación de un Consejo del Ministerio Público (un símil al Consejo para la Justicia), que afectaría las atribuciones del fiscal nacional, fue rechazada por el pleno.

La comisiones que trabajan en las normas  de la nueva constitución han sometido a consideración de la asamblea la conformación de diversos Consejos en distintos ámbitos, algunos de los cuales ya existen en la constitución vigente, como el Consejo de Televisión o el Consejo del Banco Central, o el Consejo del Servicio Electoral, y algunos nuevos que se proponen como el Consejo de la Justicia, el Consejo de Gobernadores, el Consejo de Alcaldes, el Consejo social regional, el Consejo Nacional de Comunicaciones (recientemente rechazado por el pleno), entre otros que según una crónica de El Mercurio suman 16.

Existe un prurito por los consejos y las comisiones en el proyecto de constitución. Imagino que suponen que con estas estructuras las decisiones serán más democráticas e inclusivas, sin embargo, lo más probable es que en algunos casos, como por ejemplo el del ministerio público, un organismo que el ex fiscal Manuel Guerra compara con la Posta Central por las urgencias a las que está expuesto, las decisiones de un consejo no solo serán más lentas, inseguras y hasta inoperantes, sino que se abre la puerta a la captura de estos organismos por intereses corporativos o políticos.

Tenemos como muestra el caso del existente Consejo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos que por sus divisiones internas e indecisiones políticas fue incapaz de determinar la recuperación de sus propias oficinas -las que estuvieron tomadas durante más de ocho meses, arriesgando la información privada de víctimas- hasta que la Contraloría General de la República les hizo ver sus obligaciones.

Tanto el Consejo de la Justicia como el propuesto Consejo del Ministerio Público abren las puertas para la captura de la justicia para intereses corporativos y/o políticos. Su lógica de funcionamiento será la negociación entre provechos diversos, en estas se conciliarán intereses gremiales con influencias políticas, carreras personales o de amigos con impunidades. Pero tan grave como lo anterior será la dificultad para reaccionar oportunamente ante situaciones complejas sobre las cuales legítimamente podría haber distintas opiniones en el seno de dichos consejos. Se sacrifica el interés general al cual la justicia debe servir.

Además se diluye la responsabilidad política. Nada podría estar más alejado o contrapuesto con las necesidades actuales del país en materia de justicia, persecución penal y apoyo a las víctimas de la violencia callejera, el narcotráfico, el crimen organizado y los grupos armados de la Araucanía. Lo que el país necesita es un ministerio público más eficaz, un fiscal nacional y fiscales regionales más empoderados y con mayores recursos y herramientas para combatir la delincuencia, que no estén mirando los gestos de un Consejo para definir sus actuaciones y carreras profesionales.

La idea de que todo debe ser participativo y democrático se opone muchas veces al cumplimiento efectivo de la misión de los órganos públicos, los que son jerarquizados y deben buscar ser eficaces, eficientes y oportunos, mirando siempre el interés general de los ciudadanos.