Un vínculo con ProCultura posterior al estallido del caso; el conflicto de interés de una subordinada directa en el traspaso de $109 millones a Ajem y el rechazo de Contraloría a un proyecto de Renca, están entre los antecedentes presentados ante el Tricel para removerlo. “(Es) aprovechamiento político”, reiteró el gobernador Orrego.
Por qué importa. La suma de cuestionamientos a la gestión del gobernador Claudio Orrego (ex DC) recogida en la presentación que consejeros de oposición realizaron este viernes ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), mostró los distintos flancos que podrían terminar en su destitución.
- A las dos causas en que Orrego es indagado como imputado por la fiscalía —el programa Quédate de ProCultura y el coaching por $31 millones, con al menos 16 sesiones con contenidos de campaña, cuestionado en junio por Contraloría— se sumaron otros puntos que a juicio de la oposición constituirían un “notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa”, dijo la presentación.
- En el documento —firmado por 16 consejeros de Republicanos, la UDI y Karin Luck de RN—, se lo acusó de mantener un patrón de conductas irregulares.
- De acogerse en el fondo, podría inhabilitar al histórico exalcalde de Peñalolén y precandidato presidencial de la DC en 2013 de ejercer cargos por cinco años.
- “Este es un acto, de principio a fin, de aprovechamiento político”, dijo Orrego, que fichó a un equipo de abogados encabezado por Ciro Colombara para defenderlo ante esa instancia.
Los cuestionamientos. A continuación, otros de los cuestionamientos contenidos en el documento de la oposición, de 17 puntos.
- Abuso de asignaciones directas. “Durante la administración Orrego se observó un aumento explosivo en el número y monto de adquisiciones vía trato directo, es decir, sin mediar licitación ni concurso”, dijo la presentación.
- “En el año 2024, por ejemplo, el Gore (Gobierno Regional) RM realizó 222 contrataciones directas, más del doble de las efectuadas en 2023 (108 contratos directos), lo que representa un incremento de 105% en solo un año”.
- “En total, desde julio de 2021 (inicio del período del Sr. Orrego) hasta fines de 2024 se contabilizan 529 operaciones de trato directo, equivalentes al 21,3% del total de compras del Gore RM en dicho lapso, por un monto conjunto superior a $5.557 millones”.
- El otro nexo con el caso ProCultura. A la indagación por el traspaso de $1.683.788.000 a la fundación ProCultura del siquiatra Alberto Larraín para el programa para prevenir suicidios Quédate, luego de que Orrego nombrara al siquiatra director de la corporación regional presidida por el mismo, se sumó otro antecedente.
- El 18 de junio de 2024 —un mes después de que Orrego se querellara en el caso ProCultura, lo que lo dejó como imputado y querellante en la causa— el Gore autorizó el traspaso de $16,6 millones a la consultora Pablo Martínez Castro E.I.R.L., que había iniciado actividades el mes anterior.
- El proveedor era un ex sociólogo de ProCultura que había trabajado en el programa Quédate. Martínez declaró como imputado y hoy es testigo en la causa.
- “Esta contratación posterior al escándalo refuerza la tesis de una continuidad de vínculos personales y decisiones discrecionales en la asignación de recursos, lo que compromete aún más la imparcialidad, la debida diligencia y el criterio del Gobernador en el manejo de fondos públicos”, dijo la presentación.
- Ajem. El 16 de junio el gobernador aceptó la renuncia de Mayuri Reyes, jefa de la división de presupuesto del Gore y cercana de Orrego desde 2005.
- La funcionaria estuvo tras la asignación directa de $109.302.180 a Ajem Consultores para apoyar en el cierre de proyectos. Contraloría concluyó que esto se hizo sin constatar la “idoneidad del proveedor”.
- Estos convenios se realizaron pese a que la empresa pertenecía a José Solís, quien era socio de Mayuri Reyes en la “Comercializadora Madera y Cuero y MAS Spa”, que tenía como giro “venta al por mayor de artículos de joyería”.
- “La omisión de abstención por parte de Mayuri Reyes constituye una infracción grave al deber de probidad, que compromete al gobernador”, dijo la presentación.
- Mirador en Renca. El 19 de junio se publicó que Contraloría no dio curso, por no ajustarse derecho, a la licitación para el “proyecto construcción mirador cumbre y sendero Parque Metropolitano Cerros de Renca”.
- En un oficio, la contralora Dorothy Pérez dijo a Orrego que “el monto adjudicado por un valor de 406.220,11 Unidades de Fomento (cerca de $15.939 millones) supera en un 84,58% el monto estimado del contrato, que ascendía a 220.073,33 UF (cerca de $8.635 millones), sin (…) explicitar las razones técnicas y económicas que justifiquen dicha diferencia”.
- La contralora detalló que “el Gore RM busca justificar el mayor costo del presupuesto, basándose en una serie de actuaciones de sus funcionarios, las que, analizadas técnicamente, implicarían, a lo menos, una falta de diligencia inexcusable”.
- “Este caso evidencia una falta de prolijidad inexcusable por parte de la gestión de Orrego”, dijo la presentación.
- Corporación. El documento también relevó que Contraloría informó en junio del inicio de un proceso administrativo tras detectar rendiciones duplicadas y triplicadas por $1.848.631.797, entre otras irregularidades, en la corporación de desarrollo regional presidida por Orrego. También se instruyó la restitución de $170 millones.
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