El anuncio de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), de suspender indefinidamente las operaciones en su planta siderúrgica Huachipato ha generado preocupación entre los actores económicos del país. La noticia alude a la competencia desafiante que representan las importaciones de acero chino, que pone en riesgo la viabilidad económica de la planta.
En efecto, las medidas aplicadas en las sobretasas arancelarias impuestas al acero proveniente de China son del 15,3%, las cuales son consideradas insuficientes para poder competir de manera equitativa con las importaciones del gigante asiático y, para llegar a compensar los costos de fabricación de la planta, se debería aplicar una sobretasa impositiva de al menos un 25% para la protección de la producción nacional en este rubro.
Esta decisión se sustenta en las pérdidas acumuladas que ha tenido la Compañía desde el año 2009 y que al cierre del ejercicio 2023 significaron una pérdida neta de US$ 385,5 millones.
Dentro de las causas aparentes estaría determinado el mayor volumen de importaciones desde el país oriental y que hace que los costos en la producción del acero nacional sean insostenibles en el mediano y largo plazo, dado que los volúmenes que se exportarían a Chile son de tal magnitud que hacen inviable la producción a esos menores costos, lo que tendrá repercusiones significativas en varios aspectos de la economía local de la región del Biobío.
El cierre de la planta significa la pérdida de 22.000 empleos estables y bien remunerados que impactan directamente en el desempleo de la región, provocando un efecto social en sus familias. Este impacto económico, no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también tiene un efecto dominó en la comunidad circundante. Se estima que más de 1.000 Pequeñas y Medianas Empresas dependen del funcionamiento de la Siderúrgica Huachipato.
Asimismo, el sector inmobiliario en la región del Biobío se vería afectado en las inversiones futuras y habría un impacto negativo significativo en la cadena de suministros y las industrias relacionadas de la región, debido a que muchas empresas dependen de la producción de acero y, por ende, enfrentarán dificultades para obtener las materias primas necesarias, lo que podría resultar en retrasos en la producción y aumentos de precios para los consumidores.
Desde la perspectiva del impacto que produciría a nivel nacional el cierre definitivo de la planta, afectaría los indicadores macroeconómicos de desempleo, que a enero de 2024 alcanzó un 8,4%, registrando un aumento de 0,4 puntos en 12 meses, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Con el cierre definitivo de la planta este indicador subirá proporcionalmente por el aumento de personas que dejarían de trabajar en ella. Igualmente, la producción nacional de acero y las exportaciones tendrían una caída importante para la industria siderúrgica chilena.
Desde el ámbito de la logística de suministros de la industria metalúrgica en Chile, podría afectar a otras industrias y empresas del rubro de la construcción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios que dependen de sus productos o servicios. Finalmente, el crecimiento económico también tendría una caída por la menor productividad, afectando la competitividad en el mercado nacional.
Ante esta situación se hace necesario con urgencia la implementación en el corto plazo de planes de mitigación para los trabajadores afectados, mediante programas de reentrenamiento y reinserción laboral. También, la implementación de procesos que permita hacer más eficiente la producción para competir así con los productores internacionales. Ello implicaría una combinación de medidas que reduzcan el consumo de recursos y apunten a minimizar los residuos y la optimización de la energía, lo cual implicaría costos de fabricación reducidos más sostenibles y eficientes.
¿Qué nos dicen las cifras sobre el optimismo del Gobierno? Por Denis Muñoz Figueroa
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