La Corte Suprema anunció ayer su desistimiento de la compra de los 22 automóviles Lexus de alta gama, luego de la ola de críticas que la adquisición generó en el mundo político y en el propio gobierno. En su comunicado el máximo tribunal detalló cómo habían acordado con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, los fondos para renovar la flota de vehículos, las gestiones durante la discusión Presupuesto y el oficio enviado la jefa de la Dipres, Javiera Martínez, el 26 de enero de 2024.
Qué observar. Tras el tercer pleno extraordinario que realizan esta semana para debatir sobre la polémica generada por el proceso de adquisición de 22 automóviles Lexus modelo ES300h, finalmente los jueces de la Corte Suprema resolvieron no realizar la compra.
- “Atendido lo expuesto por el señor Ricardo Guzmán, director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en sesión de pleno extraordinaria, en lo relativo a los antecedentes técnicos y presupuestarios para la renovación de vehículos, se acuerda dejar sin efecto la decisión adoptada el pasado 2 de febrero”, señalaron.
- “Este Tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país. La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014, se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental. Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron a la vista para, adoptar en su momento, la aprobación de la renovación de los vehículos”.
- En el comunicado leído por el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, no se cuestionó el modelo de vehículo elegido por los jueces, un automóvil de alta gama avaluado en $56 millones. Se señaló que se declinó la oferta al no recibir la confirmación del Ministerio de Hacienda para concretar la compra.
Arremetida del Gobierno. Entre los magistrados había molestia con el rol del Gobierno en este caso, desde donde cuestionaron la compra, hicieron llamados a la austeridad en el uso de recursos públicos e incluso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ironizó el martes señalando que “yo en mi caso tengo un vehículo del 2015 con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”.
- Pese a que en un inicio los dardos apuntaban a la Dirección de Presupuesto por autorizar ese gasto cercano a los $1300 millones, pronto la Dipres informó que la renovación de la flota de la Corte Suprema no estuvo considerada en la discusión del Presupuesto 2024 del Congreso.
- Luego varios ministros y autoridades se refirieron al tema desmarcando al gobierno. Hicieron declaraciones la Dipres, Mario Marcel, la ministra de Interior Carolina Tohá, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, la vocera Camila Vallejo y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.
- El Presidente Gabriel Boric, abordó el tema indirectamente sin nombrar al Poder Judicial: “Todos quienes estamos involucrados en la tarea del resguardo de la seguridad pública puedan contar con los recursos necesarios para llevar adelante su misión de la mejor manera, de manera austera pero segura, más bien austera y segura”, dijo el miércoles al entregar una nueva flota de camionetas y furgones a Gendarmería.
Conversaciones con Hacienda. En respuesta al gobierno, el comunicado de ayer del pleno de la Corte Suprema detalló las conversaciones y acuerdos que habían llegado en los meses previos con el Ejecutivo para conseguir los recursos para renovar la flota de vehículos.
- La Suprema señaló que había un acuerdo verbal adoptado entre el ministro Marcel con el entonces presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, además de dos ministros consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el Director de la corporación. El acuerdo incluía específicamente necesidades financiaras del Poder Judicial incluida la renovación de vehículos de los magistrados, así como temas de infraestructura.
- Según el diario La Tercera, dicho acuerdo habría sido adoptado el 2 de noviembre y existiría respaldo documental posterior por correos electrónicos entre la Dipres y la jefatura de finanzas de las Corporación Administrativa del Poder Judicial.
- Luego, señaló la Corte Suprema en su comunicado, “la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial”, según consta en el Diario de Sesiones Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Legislatura 371ª, Sesión 10ª, ratificándose el acuerdo previo adoptado por el Ministro de Hacienda”.
- Al revisar dicho Diario de Sesiones de la discusión presupuestaria se puede comprobar que, en efecto, la jefa de la Dipres, Javiera Martínez (RD), habla de un acuerdo para incrementar recursos de la Suprema y permitir el traspaso de recursos desde el saldo inicial de caja. No se menciona que el gasto en específico sea para vehículos.
- Según esos documentos del 9 de noviembre, la senadora Luz Ebensperger (UDI) señala: “el propio Presidente de la Corte Suprema nos informó que conversaron con Hacienda y que habrían llegado a un acuerdo, que el Ejecutivo iba a presentar acá una indicación. Si eso es así, al menos nosotros estamos a disposición de aprobar el presupuesto en caso de presentarse la indicación”.
- Javiera Martínez responde que “en línea con lo que ya han expresado los senadores, en la indicación N° 367 del Ejecutivo, que ya está ingresada, se da cuenta del acuerdo, que consiste en incrementar en 3.000 millones de pesos el presupuesto para el 2024 y que durante el año se aumentará a 20.000 millones de manera directa desde su saldo inicial de caja, que también era uno de los temas que se plantearon como preocupación desde el Poder Judicial”.
- Ante esto el senador Rafael Prohens (RN) señala: “Me alegro de escuchar a la Directora de Presupuestos, porque precisamente lo que pedía el Poder Judicial era que se le reconociera y se le autorizara a hacer uso del saldo inicial de caja”.
Vehículos $1.380 millones. La Corte Suprema hizo ver otro antecedente: un oficio a Hacienda del 26 de enero de 2024 donde solicitan los recursos comprometidos para la adquisición de vehículos.
- En su comunicado señalan que “formalizada la petición de aplicación del saldo inicial mediante oficio 3DF N°538, de 26 de enero de 2024, dirigido a la Dirección de Presupuestos, no ha habido respuesta”.
- Al revisar dicho oficio, enviado por el Director de la Corporación Administrativa, Ricardo Guzmán a Javiera Martínez, se señala expresamente que “en atención a lo indicado en la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del 9 de noviembre de 2023, en relación a la aprobación del Presupuesto para la Partida 03 del Poder Judicial, se requiere la realización de un decreto con cargo al Saldo Inicial de Caja, que permita la materialización de necesidades para adquisición de “activos no financieros” que no pudieron ser incorporados en la Ley (de Presupuestos)”.
- Allí se específica que requiere activar $2.480 millones, de los cuales $1.380 millones estaban considerados para vehículos $400 millones para mobiliario y $700 millones para máquinas y equipos.
- “Se agradecerá la dictación del decreto correspondiente, para proceder a la ejecución de los recursos durante el primer trimestre”, señala el oficio que nunca fue contestado.
- Fuentes del Poder Judicial, aclaran que si bien el gobierno había acordado el traspaso desde el saldo inicial de caja la renovación de la flota, recién luego del 2 de febrero se enteraron de la marca y el modelo de vehículo elegido por los magistrados.
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