Lo que hay detrás de la pugna entre Valencia y el gobierno por recorte al presupuesto del Ministerio Público

El Fiscal Nacional señaló que el recorte de $7 mil millones a la institución afectará la calidad de las investigaciones, la realización de peritajes y la utilización de softwares y que se contradice con el foco en temas de seguridad del gobierno. Desde La Moneda responden que el ajuste presupuestario fue acordado de forma transversal en el Congreso para distintos organismos. En la oposición observan que la medida se toma en años que la Fiscalía ha desplegado investigaciones sobre corrupción y ha adquirido más atribuciones.

Qué observar. El viernes la Dirección de Presupuestos -que lidera Javiera Martínez (FA)- informó al Ministerio Público del recorte de más de $7 mil millones en el presupuesto de la institución para el presente año.

• El anunció sorprendió al fiscal nacional Ángel Valencia, ya que en su institución creían que estaban eximidos del ajuste fiscal que afecta a gran parte de los organismos públicos.
• Esto porque en el acuerdo marco de la comisión mixta de Presupuestos en el Congreso -integrada por diputados y senadores de distintos partidos- de fines del año pasado, se resolvió excluir de los recortes presupuestarios a algunos sectores estratégicos entre ellos los vinculados a la salud, la educación y la seguridad como Carabineros, la PDI y Gendarmería.
• Sin embargo, Fiscalía no fue contemplada entre las excepciones. El acuerdo señala que se reducirá de forma pareja entre el 3% y el 5% de su presupuesto a los distintos organismos.
• Esto debido a que Hacienda necesitaba recortar $544 mil millones de presupuesto 2025 para hacer calzar las cuentas, ya que que la recaudación fiscal fue mucho menor a la esperada lo que se ha atribuido a errores de cálculo de la Dipres. También hubo un crecimiento económico menor a lo estimado (entre un 2,1% y un 2,3%).

El reclamo de Valencia. Durante los últimos días Valencia ha hecho ver su malestar con el gobierno por la medida y dijo que es contradictorio con el foco que pone el Ejecutivo en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.

• El lunes se reunió con la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara Baja para plantear el problema. Los diputados citaron para este miércoles al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y a la subsecretaria del ramo, Macarena Lobos, para intentar buscar una solución, a través de un decreto especial que contemple la situación del Ministerio Público.
• Este martes, durante el acto de la cuenta pública de los fiscales metropolitanos, Valencia abordó las implicancias prácticas del recorte presupuestario.
• Dijo que “provoca un daño severo a la operación del Ministerio Público”. Si bien el gasto en remuneraciones, bienes y servicios, está financiado, deberán cortar los fondos dispuestos para “apoyar las investigaciones más complejas de manera extraordinaria, la atención de víctimas y testigos, las medidas de protección de fiscales, la compra de software para las investigaciones”.
• También el presupuesto para informes y peritajes. “Si este recorte se hubiese hecho el 2024, nos habríamos enfrentado a la siguiente disyuntiva, teníamos dos investigaciones importantes: la investigación de la caída del avión Hércules en la región de Magallanes y teníamos la causa por la investigación del Programa Informático Red Gestión Penal. Ambas causas necesitaban peritajes privados… no habríamos podido hacer los dos informes, con el presupuesto que tuvimos este año”, señaló Valencia.
• El fiscal agregó que “hemos tenido graves problemas con Hacienda”, revelando que ya a fines de 2024 se les informó un recorte de $5 mil millones, que lograron revertir gracias a gestiones privadas.
• Consultado si la medida puede ser una represalia a investigaciones que ha liderado Fiscalía, respondió: “No son palabras mías, pero no puedo desconocer que internamente hay voces preocupadas que hacen afirmaciones de ese tipo. Yo no tengo antecedentes objetivos concretos que me permitan hacer una afirmación tan grave como esa”.

Responsabilidades cruzadas. Desde el gobierno intentaron minimizar el conflicto con el Ministerio Público. “Quiero aclarar, no hay polémicas, ni disputas con la Fiscalía Nacional”, dijo desde Colchane la ministra del Interior, Carolina Tohá.

• Subrayó que el ajuste fiscal fue una decisión acordada en el Congreso con todos los sectores políticos y que el programa ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios) de Fiscalía recibirá un incremento de un 23%, para 2025 llegando a los $12 mil millones.
• Desde Interior no descartaron que Hacienda pueda revisar el tema del Ministerio Público.

Causas emblemáticas. Diputados sostienen que si bien fue un acuerdo de la comisión mixta, no quedó especificado que el recorte afectaría a Fiscalía.

• Fuentes del Congreso hacen ver que, además de las urgencias en seguridad ciudadana, los recortes se dan en momentos que Fiscalía ha desplegado numerosas investigaciones por causas de probidad. Hay dos diputados desaforados, Francisco Pulgar y Mauricio Ojeda y otros tres indagados por Fiscalía: Catalina Pérez, Joaquín Lavín y Marcela Riquelme.
• Además numerosas causas de corrupción de funcionarios públicos como los Casos Democracia Viva, Caso Convenios, Caso Audios. Se estima que a inicios de este año se reactivará el Caso ProCultura.
• Otro caso emblemático ha sido el del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve denunciado por violación y abuso sexual e infracciones a la Ley de Inteligencia.
• En el marco de los delitos de alta connotación, Fiscalía Nacional ha ido bajo la gestión de Valencia adquiriendo mayores atribuciones y potenció la Unidad Anticorrupción, a manos del exfiscal Eugenio Campos.
• En febrero de 2024, se inauguró una sección del OS-7 para trabajar directamente con la unidad de Campos, lo que le da un gran poder, al tener un conjunto de policías a su cargo.

La queja de la Suprema. La Corte Suprema es otro organismo que se vio afectado por el ajuste fiscal. Este martes el pleno de jueces emitió un comunicado manifestando su preocupación por la rebaja de $17 mil millones.

• “El pasado viernes 10 de enero se tomó conocimiento de la rebaja originada por el acuerdo entre el Congreso Ejecutivo en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuestos”.
• “Lo expuesto afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia, razón por la cual esta Corte Suprema manifiesta su preocupación ante el escenario planteado”, señaló el presidente del Tribunal, Ricardo Blanco.