Si hay algo en que moros y cristianos estuvieron de acuerdo, es que la reforma al sistema político propuesto por el segundo proceso constitucional es una iniciativa que no debía morir con el rechazo al proyecto.
El senador socialista Alfonso De Urresti ha venido buscando viabilizar un conjunto de reformas que bajo la rótula de reforma al sistema político busca dar un paso sustantivo en esa dirección en el curso de las próximas tres semanas, esto es, antes de las elecciones municipales y regionales. Por su parte, el jefe de la bancado PPD, el diputado independiente de Antofagasta Jaime Araya ha salido en El Mercurio a cruzarse a la reforma de De Urresti defendiendo el actual sistema que de acuerdo a su criterio es consistente “con la manera en que funciona la sociedad chilena”.
Es probable que el diputado Araya considere que la sociedad chilena está funcionando perfectamente porque en el Congreso se expresa una amplia pluralidad de opiniones a través de representantes independientes y de pequeños partidos, verdaderas pymes político-electorales que acompañan las ambiciones de caudillos y políticos mal avenidos en partidos tradicionales. En eso tiene razón el diputado: el caudillismo y el clientelismo son una constante en la manera que “funciona la sociedad chilena”, la pregunta sin embargo, es si acaso esto es algo deseable.
El sistema político chileno viene desde hace tiempo, en particular desde la ansiada reforma al sistema electoral binominal que premiaba a la minoría, explosionando a través de la fuga de parlamentarios de sus respectivos partidos y la proliferación de pequeñas formaciones en torno a las ambiciones de caudillos electorales. Las grandes formaciones políticas aglutinadas en torno a historias y visiones de mundo compartidas que dan estabilidad y previsibilidad a la dinámica política tienden a debilitarse alentando el populismo y convirtiendo al parlamento en un verdadero mercado.
La reforma al sistema político, para fortalecer la democracia y la gobernabilidad del país, estalló como una necesidad imperiosa tras los hechos de octubre 2019 y la pandemia. En efecto, ambos episodios evidenciaron la inconsistencia de nuestros representantes: tras el estallido, legitimando la violencia como método de acción política y durante la pandemia abrazando el más desenfadado populismo a través de los retiros sistemáticos de los fondos previsionales.
Se debería alentar la formación de un sistema de partidos fuertes y consistentes con los principios de la democracia y la responsabilidad. Para ello se implementa la exigencia del umbral del 5% de los votos para que un partido pueda ocupar asientos en la cámara de diputados o en el senado, se exige la pertenencia a las filas del partido bajo cuyas ideas un parlamentario fue elegido so pena de perder el escaño y se discute la eliminación de los pactos electorales que funcionan como forma de garantizar la supervivencia de pymes políticas o de pequeñas formaciones regionales.
En las grandes democracias consolidadas los acuerdos políticos que permiten la formación de coaliciones ocurren después de las elecciones, no antes de ellas. De este modo, los partidos, que representan visiones y propuestas globales acerca de la marcha del país, compiten cada uno con sus ideas por el favor del electorado.
Una vez que las elecciones dan un resultado, si es necesario para conformar una mayoría que gobierne con un programa común, se concretan los pactos o coaliciones. En Chile, si la reforma política tiene éxito, lo más probable es que en un sistema en que convivan 6 o 7 partidos importantes, como ha sido históricamente, será siempre necesario formar coaliciones para garantizar una mayoría de apoyo parlamentario a un programa y equipo de gobierno.
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