¿Sabe usted quién paga las licencias médicas en Chile? No se preocupe tanto si no conoce la respuesta. El 87% de los chilenos tampoco sabe quién financia el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), beneficio al que tienen derecho todos los trabajadores acogidos a algún sistema previsional en aquellos casos en que un profesional médico les extiende un documento que acredita que se encuentran incapacitados temporalmente para trabajar. O sea, “Paga Moya”.
Cajas de Chile, gremio que agrupa a las Cajas de Compensación, en conjunto con el Instituto de Políticas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS) presentaron un estudio que revela la opinión de los chilenos sobre diversos aspectos relacionados con el sistema de licencias médicas. Los resultados son elocuentes. Sorprende que el 29% está convencido de que son ellos mismos financian este beneficio. Otro 13%, cree es su empleador, y un 12% el Estado.
Sin embargo, la realidad es algo distinta. El subsidio por licencias médicas se paga con las cotizaciones de salud de todos los trabajadores. Dicho de otro modo, los recursos que aporta mensualmente un trabajador que no está enfermo sirven para financiar el reposo de otro. Hasta ahí, y como muchos otros sistemas basados en la solidaridad, suena bien. Lamentablemente, los problemas aparecen cuando hay distorsiones o irregularidades.
Existe, por ejemplo, una distorsión cuando sectores económicos completos, como la construcción o la minería, exhiben bajísimas tasas de uso de licencias médicas, en tanto otros, como el comercio o el sector público, registran tasas muy superiores.
En la práctica, esto significa que los trabajadores de un sector financian las licencias de los trabajadores de otras industrias, reduciendo los fondos de que disponen para el pago de sus propias prestaciones de salud.
A esto se suman los conocidos casos de fraudes en la emisión de estas licencias o del uso abusivo de este beneficio social. No debiéramos normalizar que un 56% de los encuestados declare conocer la existencia de estas prácticas reñidas con la ética y con la ley.
Estamos frente a una situación que debiera preocuparnos. Este es un beneficio muy utilizado y que representa más del 70% de los montos cotizados por los afiliados a FONASA. Es decir, menos de un 30% va a pagar prestaciones de salud.
Así es como hemos llegado a que Chile gaste anualmente más del 1% de su PIB sólo por concepto de pago del subsidio de licencias médicas, porcentaje sólo asimilable a los países más ricos del mundo. El aumento del gasto por este beneficio ha sido explosivo, especialmente en el caso de los trabajadores afiliados a FONASA, duplicándose en los últimos 5 años, sin contar la pandemia.
El país requiere una reforma urgente al sistema de licencias médicas porque aquí no paga Moya, sino todos los trabajadores chilenos. Cada peso que se gasta en licencias médicas -muchas obtenidas haciendo un uso indebido del beneficio, o sin que realmente sea justificado-, es un peso menos que el país podría destinar a construir hospitales y centros de salud familiar, atender listas de espera, contratar especialistas y mejorar la calidad de la atención de salud de los chilenos.
Las sugerencias de la comisión técnica del Senado que busca mejorar las pensiones. Por Karol Fernández.https://t.co/6f5wjKqSa1
— Ex-Ante (@exantecl) July 9, 2024
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