“Lo que está haciendo Perú es algo similar a lo que está haciendo Chile”, dijo este martes el subsecretario Cordero en medio los cuestionamientos por el anuncio de regularización masiva de migrantes irregulares, a los que se sumaron la aglomeraciones por extranjeros que buscaban obtener su Rut. Una revisión de la ley promulgada en el país vecino mostró que un migrante podrá ser expulsado por solo rehusar identificarse ante la autoridad competente y autorizó a la policía a realizar empadronamientos biométricos, sin mencionar el consentimiento del extranjero. En Chile se trató de un proceso voluntario.
Qué observar. El subsecretario del Interior Luis Cordero dijo este martes en CNN Chile que la norma peruana que endurece el control migratorio va en la misma línea de lo que está haciendo Chile, que anunció la regularización de hasta 182 mil migrantes que entraron por pasos clandestinos. Sin embargo, una revisión de la nueva ley 32.192 promulgada este domingo 15 por la presidenta Dina Boluarte mostró que van en sentido contrario.
- “Lo que está haciendo Perú es algo similar a lo que está haciendo Chile, porque la presidenta lo que ha anunciado, además, es el empadronamiento biométrico”, dijo el subsecretario. “Eso es lo que ha anunciado Perú. Yo tengo la impresión de que Perú está siguiendo, más bien, la ruta que previamente siguió Chile”.
- La biometría incluye desde las huellas dactilares y la firma, hasta los registros de retina, iris, patrones faciales y geometría de la palma de la mano.
- Cordero hizo estas declaraciones al día siguiente de las aglomeraciones vistas el lunes por la mañana en el Estadio Víctor Jara del Barrio Meiggs de Santiago, en que miles de extranjeros se agolparon afuera del recinto intentando obtener un número de atención para enrolarse, es decir, obtener un Rol Único Tributario (Rut) para trámites en AFP, isapres y otros.
- El Registro Civil suspendió para este martes el proceso, que el ministro de Justicia Jaime Gajardo atribuyó a una confusión con el anuncio hecho el jueves por el gobierno de regularizar a parte de los 182 mil migrantes que, tras entrar a Chile por pasos clandestinos, se sometieron al proceso de empadronamiento biométrico, que terminó el 31 de enero de este año.
- El plan de “regularización acotada” fue anunciado luego de que la oposición acusara que el empadronamiento biométrico consistía en un primer paso para realizar un “perdonazo”, lo que fue desmentido entonces por La Moneda.
- El gobierno defendió que su plan no generaría un efecto de llamado a otros migrantes, citando estudios del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Qué dice la norma peruana. La norma peruana da categoría de ley al mandato de expulsar a extranjeros que rehúsen a identificarse ante las autoridades y establece que la policía podrá realizar empadronamientos biométricos, sin mencionar el consentimiento del migrante. En Chile se trató de un proceso voluntario. Acá, los detalles.
- Expulsión. “Son expulsados los extranjeros que estén incursos en los siguientes supuestos (…). Por incumplir con la obligación de identificarse ante la autoridad competente”, dijo el artículo 58.1 añadido a la norma, que convierte este punto en condición suficiente para la instruir la expulsión de un migrante del país.
- Las 24 horas. La norma estableció que contra los migrantes que hayan entrado por pasos clandestinos, los que rehúsen identificarse con las autoridades y los que realicen actividades que atenten contra el orden público, orden interno o la seguridad nacional, se abrirá un “procedimiento administrativo sancionador especial excepcional (que) no puede exceder las veinticuatro (24) horas contabilizadas desde la retención administrativa”. Esto no implica que la expulsión ocurrirá en 24 horas, pero sí acelerará el proceso.
- Biometría. La ley estableció, por una parte, que “la Policía Nacional del Perú, sin orden judicial, puede verificar la identidad de la persona extranjera a través de los medios de verificación habilitados, incluido el registro de información biométrica”.
- Por otra, resolvió que “en caso de que la persona extranjera carezca de algún medio identificatorio válido, el efectivo de la Policía Nacional del Perú procede a tomar la declaración de identidad de la persona extranjera, la consigna en un acta y procede a la toma de la información biométrica”. La norma no mencionó que fuera necesario el consentimiento del migrante.
- No implica regularización. “Con estos datos, la Superintendencia Nacional de Migraciones incorpora la información biométrica de las personas extranjeras (…) en el Registro de Información Migratoria (RIM). Se priorizan la captura de los datos biométricos y su correspondiente procesamiento digital, con el objetivo de contar con un antecedente migratorio. Este procedimiento no implica la regularización de la situación migratoria de la persona extranjera”.
Alcances del plan. Cordero fue citado este martes en la tarde a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara para explicar los alcances del plan de regularización del gobierno.
- Durante la mañana, el subsecretario adelantó que 200 migrantes de los 182 mil sujetos a regularización, podrán postular pero no obtener los permisos, ya que poseen antecedentes penales.
- La iniciativa generó críticas en la oposición y en el propio socialismo democrático, como las del diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien dijo este lunes que “estamos viendo los desórdenes y la expectativa que se están creando en la población migrante. Esto es un verdadero efecto llamada”.
- Álvaro Bellolio, director de extranjería del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, también refutó a La Moneda. “En Chile, la experiencia demuestra, a través de una encuesta del Observatorio de Migración Responsable de agosto 2022 (que él dirige), que cuando se premia la irregularidad, se genera un incentivo perverso que aumenta los flujos migratorios clandestinos, beneficiando a redes de tráfico de personas y poniendo en jaque los servicios públicos”, dijo.
- La iniciativa de regularización obtuvo por el contrario el respaldo de los presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que valoraron la oportunidad de ordenar la situación de trabajadores.
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