El inicio de la tramitación del veto por la ley de usurpaciones elevó el tono de la discusión en el Senado, una Corporación reconocida por su capacidad de llegar a acuerdos. El que la ministra Carolina Tohá señalara que “la derecha piensa que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel” provocó que los 25 senadores de oposición respondieran con una carta en la que manifiestan “profunda molestia e indignación”. En paralelo, el PC y RD han dado señales de distancia con la línea de La Moneda, lo que augura el complejo debate que puede darse más adelante en la Cámara de Diputados.
Qué observar. Hasta alrededor de las 5 de la madrugada de este miércoles estuvieron trabajando 7 asesores de Chile Vamos y el Partido Republicano para definir una estrategia para enfrentar el veto presentado por el Ejecutivo para la ley de usurpaciones.
- Las reuniones entre asesores legislativos —en las que han estado presentes los abogados Pablo Urquízar (RN) y Carlos Oyarzún (Fundación Jaime Guzmán)— se han desarrollado desde el mismo viernes en que los ministros Carolina Tohá y Álvaro Elizalde entregaron detalles de las observaciones que ingresarían al Senado.
- El problema, reconocen en la oposición, es que el veto está bien pensado y los dejó jurídicamente complicados, por lo que no han logrado definir una estrategia común.
- De ahí que hasta este martes, antes de que Elizalde anunciara que ingresarían discusión inmediata -plazo de 6 días para tramitar en cada una de las Cámaras- la idea de parte de la derecha era tomarse el mayor tiempo posible para tramitar las observaciones, lo que suponía traspasar los costos políticos a La Moneda.
- Pero tras conversaciones con la mesa de la Cámara Alta liderada por Juan Antonio Coloma, el gobierno anunció que el veto tendría suma urgencia -15 días de tramitación por Cámara- de lo que se dio cuenta en la sala del Senado este miércoles.
Un nuevo problema. “La derecha piensa que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel”, dijo Tohá este martes. Sus declaraciones generaron fuerte molestia en la oposición y los 25 senadores de Chile Vamos y el Partido Republicano le enviaron una carta a la ministra.
- En la misiva, que también fue entregada por el senador Felipe Kast a Tohá en medio de la comisión de Seguridad, planteaban una “profunda molestia e indignación” por las declaraciones que consideraron que eran un insulto y la acusaron de tener “una aparente superioridad moral”.
- De hecho, Kast explicitó que “me han llamado dirigentes sociales de distintas partes de Chile y les he dicho no, la ministra del Interior falta a la verdad”.
- Por su parte, Rojo Edwards (P. Republicano) planteó que “algunos dedicamos nuestra vida al trabajo en campamentos” y pidió que Tohá retirara sus dichos, a lo que ella se negó.
- En la derecha también aludieron a otro comentario de la secretaria de Estado, realizado también el martes, pero en la sesión de sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
- “Muchos de los que están en esta sala participaron en algún momento y fueron voluntarios de Techo. Recorrieron campamentos. Se llenaron de palabras de solidaridad. ¿Hoy día van a ir a visitar esos campamentos a decirle a toda esa gente que debiera estar en la cárcel?”, señaló.
El debate técnico. La frase de Tohá agudizó el conflicto entre el Ejecutivo y la oposición. Los senadores plantearon que en el artículo transitorio de la ley despachada por el Congreso se “explicita claramente que se excluyen sanciones a todas las familias que viven en los campamentos”.
- El artículo transitorio dice que “no podrá ser detenida la persona que (…) se encontrare ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo de 2024”.
- En concreto, lo despachado por el Congreso plantea que no se puede detener a esas personas, ni tampoco se puede solicitar la restitución inmediata del inmueble. Esto, hasta que se encuentre una solución habitacional.
- Pero lo que sí habilita la ley despachada por el Congreso, señalan diversos asesores, es a que la persona sea condenada a presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, entre 61 días a 3 años.
- Con el veto el Ejecutivo busca que la sanción sea a discrecionalidad del juez entre una multa de 6 a 10 UTM o presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 541 días de cárcel).
Telón de fondo. Ninguno de los parlamentarios busca que quienes se encuentran en predios usurpados que forman parte del registro de campamentos terminen en la cárcel, pero el Ejecutivo encontró un argumento para intentar que la oposición les apruebe el veto.
- Excluir de la detención y del desalojo a las personas que están en campamentos fue una indicación que ingresó el gobierno consensuada con la oposición, pero la lógica de La Moneda, explicitó Tohá este miércoles en la sesión de la comisión de Seguridad, es que “el Ejecutivo no es partidario de que tenga cárcel esto, nunca lo ha sido”.
- Vale decir, ingresaron la indicación en el entendido de que las usurpaciones no violentas iban a ser sancionadas solo con multa.
- “Escucho tantas cosas que después tienden a interpretarse de manera distinta. Esta indicación fue puesta por el Ejecutivo. Es un error de usted ministra”, le dijo en un intercambio de posturas en la comisión del Senado, la parlamentaria de oposición Gloria Naveillan.
- Pasaron las horas y senadores de derecha conversaron con sus asesores legislativos, quienes les reconocieron que Tohá tenía un punto. “Tendremos que ingresar un nuevo proyecto para arreglar este problema”, indica un parlamentario opositor.
El discolaje del PC y RD. Durante las reuniones que tuvo el Ejecutivo con los parlamentarios oficialistas, en el PC y RD fueron claros: No van a aprobar un veto que plantee la posibilidad de que una persona que realizó una usurpación no violenta termine en la cárcel, lo que supone marcar un contraste con la línea trazada por el gobierno.
- “Nosotros hemos estado votando bien alineados en contra de la ley de usurpaciones y lo seguiremos haciendo. Esta ley viene atentando contra la legítima demanda no solo del pueblo mapuche, sino también criminaliza a los comités de vivienda”, señaló la jefa de bancada de diputados RD, Ericka Ñanco.
- Las palabras de la parlamentaria se suman a las que el lunes entregó la subjefa del comité de de diputados del PC, Alejandra Placencia: “Estamos haciendo un análisis serio de los detalles del veto y las implicancias”.
- Pero el gobierno ha sido claro también en que se preocuparán de los votos de los diputados cuando la discusión pase a la Cámara Baja.
- El problema para La Moneda, en todo caso, es aún más próximo: Los senadores de oposición continúan con el estudio de una estrategia y algunos ya adelantan que incluso la discusión de este veto podría terminar en el Tribunal Constitucional.
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