Mayo 29, 2023

Ley de Isapres: La ofensiva que alista el PC ante el Tribunal Constitucional si se aprueba el proyecto de la oposición

Alexandra Chechilnitzky
En la imagen de archivo, el jefe de la bancada del PC, Luis Cuello. Créditos: Agencia Uno.

La bancada de diputados del PC elaboró un requerimiento para el Tribunal Constitucional en caso de que la reforma a la Constitución de los senadores Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, Javier Macaya, Matías Walker y Ximena Rincón sea aprobado por el Congreso. Dentro de los argumentos están que el proyecto “rompe la separación de poderes, al pretender modificar una sentencia dictada por la Corte Suprema”. Días antes la Secretaría de Comunicaciones (Secom) había criticado con dureza la iniciativa en una minuta que envió a parlamentarios oficialistas, lo que llevó a Demócratas a congelar su relación con La Moneda.


Qué observar. La comisión de Salud del Senado está discutiendo el proyecto de ley corta de Isapres ingresada por el Gobierno mientras, en paralelo, la oposición ingresó una reforma constitucional sobre la materia, la que ya fue aprobada en general por la instancia y de la cual la Corte Suprema se pronunciará la jornada de este lunes.

  • En ese contexto, el Partido Comunista elaboró un requerimiento para recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que la reforma constitucional presentada por los senadores Francisco Chahuán y Rodrigo Galilea, de RN; Ximena Rincón y Matías Walker, de Demócratas; y Javier Macaya, de la UDI, sea aprobada en el Congreso.
  • Los parlamentarios opositores apoyan disposiciones transitorias para resolver las severas consecuencias que se prevén en todo el sistema de salud a partir del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que obliga a las isapres a devolver los cobros excesivos por el cambio de las adecuaciones a la tabla única de factores desde 2020 y a rebajar el costo de los planes de salud. El proyecto permitiría a las Isapres adecuar el precio base de los planes, lo que impactaría en la deuda que mantienen las aseguradoras de salud con sus cotizantes y que el costo a pagar sería menor a los montos que ha dado la Superintendencia de Salud, del orden de US$ 1500 millones.

Los argumentos del TC. La tesis del requerimiento del PC es que la moción parlamentaria “rompe la separación de poderes, al pretender modificar una sentencia dictada por la Corte Suprema. De manera general, vulnera el principio de juridicidad y legalidad, por el cual todo órgano público debe obedecer las normas que emanan de la Constitución y la ley, no pudiendo actuar más allá del ámbito de las competencias que el derecho le atribuye. En particular, invade la función jurisdiccional que la Constitución ha depositado en el Poder Judicial”.

  • La bancada de diputados del PC argumenta que el proyecto “busca incorporar una disposición transitoria en la Constitución, indicando un procedimiento para que las ISAPRES cumplan con lo ordenado por la Corte Suprema y se proceda al recálculo de precios de los contratos de salud”, pero que el fallo de la Corte Suprema establece que “el precio base del plan no se recalcula, tiene una naturaleza única para cada plan no por afialiado”.
  • Los parlamentarios del PC dice que se deben restituir “los montos cobrados en exceso desde la entrada en vigencia de la TF de la Super de Salud (01 abril 2020)” y que “las cantidades recibidas en exceso por las Isapres y cuyo cobro no esté prescrito serán restituidas como excedentes de cotizaciones. La ley e instrucciones de la Super de Salud dispone que los excedentes se devuelven ya sea como beneficios o en dinero, a elección del cotizante”.

Minuta de la Secom y mayoría en el TC. La semana pasada la Secom envió una minuta a los parlamentarios oficialistas en la que señalaban que “el plan de Rincón y Walker pretende eludir el fallo de la Corte con una reforma constitucional que no compartimos. Como Gobierno no estamos con esa opción, el fallo se tiene que cumplir. Aquí no hay espacio para perdonazos mucho menos para eludir lo mandatado por el Poder Judicial y está totalmente descartado el traspaso de recursos del Estado a las aseguradoras”.

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