Las reformas que harían aceptable una propuesta. Por Ricardo Brodsky

La gobernabilidad del país requeriría ser fortalecida por las reformas al texto constitucional. Desde luego, habría que incluir un estatuto para los partidos políticos, fortaleciendo su rol indispensable y mejorando su control democrático, además de definir algunas reglas del sistema electoral que permitan desandar el camino de fragmentación que muestra el actual sistema de partidos.

El presidente Boric ha instado a su coalición, o mejor, a sus coaliciones, a acordar reformas a la propuesta constitucional que se plebiscitará el próximo 4 de septiembre. Se trata de un reconocimiento inevitable: el texto constitucional necesita reformas para ser viable puesto que es un hecho que la mayoría del país parece inclinarse por el rechazo o, en el mejor de los casos, se impondrá por la cuenta mínima.

Digámoslo así: solo una reforma profunda al texto puede salvarlo. Sin embargo, la operación que pretendía encabezar el gobierno a través de Giorgio Jackson, quedó huérfana por el error no forzado del ministro al develar su pensamiento profundo.

No es fácil que las fuerzas de gobierno, especialmente Apruebo Dignidad, se allanen a reformas suficientemente importantes tanto simbólicas como sustantivas. Las propuestas que han realizado sectores del socialismo democrático -integrantes de la coalición de gobierno- han sido desconocidas o despreciadas consistentemente. El ex constituyente Marcos Barraza, hablando a nombre del PC, no se niega a conversar sobre reformas, pero no en general, sino con redacciones en la mano para corregir determinados artículos. Es muy probable que esa también termine siendo la posición del Frente Amplio.

Cabe entonces preguntarse cuáles serían reformas suficientes como para alterar el cuadro de fuerzas que se ha constituido desde el cierre de la Convención y permita recuperar en algo aquel 78% que se pronunció por una nueva constitución.

Al respecto, el presidente Lagos ha sido contundente marcando la necesidad de reformar el sistema político propuesto revisando el llamado bicameralismo asimétrico -una denominación que oculta la propuesta de una cámara de diputados todopoderosa-; eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial, es decir, que irroguen gasto público; corregir el diseño del estado regional en materia de financiamiento y autonomía financiera; revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional; y muy especialmente, modificar completamente el capítulo relativo a la justicia, devolviendo la denominación Poder Judicial y modificando la integración y facultades del Consejo de la Justicia para garantizar la independencia de ese poder del estado.

En la centroizquierda se habla de restablecer el Senado, la independencia de los jueces en el Poder Judicial, y eliminar la reelección presidencial: medidas elementales para revertir los riesgos que deja abiertos el proyecto constitucional.

Estas propuestas debieran considerarse suficientes para dar garantías de fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad. En efecto, con el actual proyecto constitucional la democracia estará amenazada si una mayoría de turno logra el control de la presidencia, del Congreso de los diputados y diputadas y del Consejo de la Justicia. La experiencia de internacional muestra que el control político de los tribunales es la mayor amenaza a la democracia, especialmente cuando se trata de la justicia electoral. La propuesta de la Convención abre las puertas a estas inminencias y ciertamente, no se podría confiar el futuro de nuestra democracia a la buena fe de cualquier mayoría circunstancial. Un sistema fortalecido de equilibrios es necesario para detener las tentaciones de los autócratas.

La gobernabilidad del país también requeriría ser fortalecida por las reformas al texto constitucional. Desde luego, habría que incluir un estatuto para los partidos políticos, fortaleciendo su rol indispensable y mejorando su control democrático, además de definir algunas reglas del sistema electoral que permitan desandar el camino de fragmentación que muestra el actual sistema de partidos.

Son correcciones básicas para hacer posible la aprobación del texto constitucional por vastos sectores, para avanzar en un pacto social que no desoiga lo acontecido en el proceso constitucional hasta la fecha, pero que corrija aquellos aspectos medulares que garanticen nuestra convivencia democrática.

Mientras ello no ocurra, mientras no se establezca un pacto mayoritario de las fuerzas políticas en este sentido, el rechazo seguirá siendo el camino más sensato para reemprender el esfuerzo por dotar al país de una nueva constitución nacida en democracia.