Las pruebas del masivo fraude para acceder a la gratuidad universitaria falsificando datos socioeconómicos

El falseamiento de datos socioeconómicos en las fichas para acceder al beneficio se ha vuelto un problema masivo reconocido por estudiantes y autoridades. Muchos alumnos declaran ser independientes o vivir con un familiar de bajos recursos, para mostrar menores ingresos. Los rectores señalan que en los planteles los estudiantes del séptimo decil, que no reciben gratuidad, prácticamente han desaparecido.

Fraude social. “No tengo gratuidad qué hago” o “cómo mentir para obtener la gratuidad” son algunos de los títulos de los numerosos foros de internet y redes sociales donde los usuarios comparten mecanismos para acceder al beneficio de la gratuidad universitaria.

• Entre los consejos se leen algunos como: “Anda a vivir con tu abuela baja tus ingresos”; “puedes pedirle a tus viejos que registren el cese de convivencia”; “mi viejita traspasó los dos autos a nombre de mi papá”; “salte de la isapre”, o “mentir sólidamente, muestra boletas de luz, agua, vive con algún adulto mayor, si no mientes lamentablemente no tendrás gratuidad”.
• Se ha registrado otro fenómeno al alza, como es el negocio informal de venta de asesorías de asistentes sociales para ayudar a llenar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), garantizando acceso al beneficio. En redes como TikTok son varios los perfiles que ofrecen sus servicios. Cobran entre $50 mil a $80 mil por asesoría.
• Las mayores irregularidades ocurren durante el proceso de apelación de quienes quedaron fuera de la gratuidad, que se desarrolla durante marzo.

Problema extendido. La gratuidad universitaria, política vigente desde 2016, cubre el arancel y matrícula universitaria a los estudiantes que pertenezcan al 60% más vulnerable del país. Es decir hasta el sexto decil, según la calificación socioeconómica del registro Social de Hogares. En promedio se financia $4.531.117 pesos por alumno en universidades y $2.488.856 en Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

• Sin embargo, esto generó un incentivo perverso a quienes pertenecen al séptimo u octavo decil a falsear los datos para ser considerador del sexto decil y poder acceder a la gratuidad. Según expertos se trata de un fraude social masivo que es ampliamente conocido entre estudiantes y autoridades universitarias.
• Para el ex director de Dipres, Matías Acevedo, es uno de los factores que explican por qué se ha disparado en los últimos años el gasto en gratuidad universitaria por sobre todas las proyecciones fiscales.
• El gasto corriente asociado a gratuidad se ha sextuplicado, llegando a $2.224.580 millones en 2025, mientras que la cantidad de beneficiarios se ha cuadruplicado, llegando a 614.905 en 2026.
• Según Acevedo, la diferencia entre los proyectado en el informe financiero original y el costo efectivo en gratuidad ya suma US$4.400 millones adicionales y va en aumento.
• “No se estimó el comportamiento estratégico que adoptarían los estudiantes de deciles superiores, que no calificaban para la gratuidad. Hay rectores de universidades que en la discusión de la comisión asesora para reformas al gasto público nos decían que los estudiantes de deciles siete y ocho desaparecieron de sus universidades”, explicó Acevedo.

Alerta de rectores. El problema fue advertido ya a temprana hora por el exrector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien en octubre de 2024 declaró que “hoy día, en todo el sistema universitario hay muy poca representatividad del séptimo decil porque hay muchas familias que mostraron sus antecedentes perteneciendo al sexto decil, a través de distintas acciones. Por lo tanto, hay una sobrerrepresentación del sexto decil que tiene derecho a gratuidad”.

• El rector de la Universidad Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, declaró en El Mercurio que “se suele decir en nuestras reuniones de rectores que efectivamente el séptimo decil ha ido desapareciendo, pues el incentivo a estar dentro de los seis primeros es tan grande que hay estudiantes que falsean antecedentes para poder optar a la gratuidad”.
• Según cifras publicadas por la Universidad de Chile, en el proceso de matrícula de 2025, un 37,59% de “mechones” pertenecen al grupo de mayor vulnerabilidad, correspondiente al tramo hasta el 60% y sólo 2,19% se sitúan en el tramo del 70%. Mientras que 23,55% presentan un tramo entre el decil 8 y el el decil 10, correspondientes a los sectores de más altos ingresos. Esto muestra la anomalía en el séptimo decil.

Hogares unipersonales. Un dato que refleja las irregularidades en la calificación de estratos socioeconómicos lo detectó el centro de estudios Horizontal.

• Mientras el Censo 2024 registra 6,6 millones de hogares, con un 21,8% unipersonales (1,4 millones) y es el dato más fiable en medición de estructura social, en contraste, el Registro Social de Hogares (RSH) de 2025, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, reporta 8,9 millones de hogares, con una tasa de unipersonalidad del 51,2%.
• Esto sugiere una sobreestimación de hogares unipersonales en el RSH debido a la auto-declaración para obtener beneficios.
• Una de las técnicas usadas para bajar la calificación socioeconómica es que los alumnos declaren que viven solos y se autofinancian sin depender de los ingresos de sus padres. La otra fórmula es registrar domicilio con un familiar de la tercera edad o de bajos ingresos, ya que los ingresos se dividen por grupo familiar.
• Quienes integraban Mineduc en el anterior gobierno señalan que no contaban con recursos ni personal para fiscalización en terreno y se encargaba la tarea a las universidades. Se han tomado medidas para intentar controlar el fraude. A partir de 2026, por ejemplo, se prohíbe a los alumnos modificar su ficha social sin razones justificadas.
• En caso de que los alumnos sean descubiertos faltando a la verdad en su declaración se les quita la gratuidad, pero no hay casos judicializados por falsificación de instrumento público o declaración maliciosa.

Recorte gasto público. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declaró que se están guiando por las recomendaciones de la Comisión Asesora para reformas estructurales al gasto público, encargada por su antecesor Mario Marcel.

• La propuesta número 1 del documento es la siguiente: “Mejorar la asignación socioeconómica de los beneficios estudiantiles en educación superior”.
• El informe elaborado por expertos señala que “el sistema actual de asignación de beneficios estudiantiles presenta debilidades en sus mecanismos de asignación, lo que facilita el acceso indebido a la gratuidad y genera ineficiencias”.
• “Se propone fortalecer la agenda de modernización en la asignación, integrando de mejor manera el RSH y el FUAS, reforzando los controles de la Subsecretaría de Educación Superior, utilizando nuevas herramientas tecnológicas para minimizar inconsistencias”.

Estudiantes con mayores ingresos. Según un análisis del CEP, tras un cruce de datos se detectó que “un 23,3% de estudiantes que recibieron gratuidad en 2022 están entre el decil 7 y 10 (de mayores ingresos) y, por tanto, no están dentro del grupo de la población objetivo del beneficio”.

• El informe fue elaborado por Gabriel Ugarte, quien la semana pasada asumió como nuevo subsecretario de Evaluación Social en el Ministerio de Desarrollo Social, desde donde le tocará revisar los problemas del Registro Social de Hogares.

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