Es indudable que el presidente ha querido honrar su palabra con la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y lo ha hecho proponiendo un proyecto de ley que lo hace “en la medida de lo posible”, es decir, no será un perdonazo universal como estaba planteado originalmente, sino acotado al cumplimiento de ciertos requisitos por parte de los estudiantes que probablemente serán objeto de una larga discusión en el congreso nacional.
Con la presentación de este proyecto en cadena nacional y a escasos días de las elecciones municipales y regionales, el presidente deja en claro cuáles son las prioridades del gobierno y qué espera de su explicitación.
Si algo es claro es que como decía un connotado economista, “no hay almuerzo gratis”. Si todos los estudiantes universitarios, con la excepción de un minúsculo 10% de altos ingresos, van a acceder a la gratuidad para cursar sus estudios universitarios, es obvio que será el Fisco el que tendrá que pagar la cuenta, y lo hará fijando los aranceles de las carreras universitarias. Los estudiantes, más de un millón de personas, podrán estar contentos, se les retira la mochila y podrán gozar de los beneficios que les otorga una sociedad que valora, y en cierta forma pone en primer plano, sus necesidades.
Por cierto, no podrán decir lo mismo los pensionados que esperan, y al parecer seguirán esperando, el aumento de la PGU; ni los estudiantes del sistema escolar público que ven como cada día decae su educación; ni los padres de los menores que esperaban un fortalecimiento de la educación inicial de sus hijos; ni los enfermos que se acumulan en las listas de espera de los hospitales públicos; ni mucho menos los que esperaban un esfuerzo mucho mayor del Estado para garantizar la seguridad de sus barrios. Todos ellos, no son la prioridad.
Otros que no estarán tan contentos como los estudiantes serán las instituciones de educación superior, públicas y privadas. Ya lo han dicho los rectores de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez: el proyecto deja de lado y pone en riesgo a las instituciones, especialmente aquellas que han adherido a la gratuidad porque dejarán de percibir los ingresos que les reportaban el pago de aranceles de aproximadamente un 30% de sus alumnos.
Por cierto, las universidades de pizarrón, es decir aquellas cuyo gasto consiste básicamente en salas de clase y profesores de jornada parcial, podrán sobrevivir sin problemas con los aranceles fijados por el gobierno; pero, aquellas que tienen profesores de jornada completa, que realizan investigación, que enseñan carreras de alta complejidad ven con espanto que el proyecto, el nuevo sistema de financiamiento que anunció el presidente, encierra un grave peligro de desfinanciamiento de las universidades complejas y, peor aún, de pérdida de autonomía de las instituciones.
Habrá una larga discusión sobre aspectos particulares del proyecto, pero la expectativa es que se apruebe finalmente. Nadie va a querer que los estudiantes se enojen.
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