Por qué es importante: Las comisiones de la Convención Constitucional ya comenzaron a debatir algunas de las normas que en los próximos días entrarán al pleno para su discusión. Varias de éstas, sin embargo, han sido duramente criticadas y cuestionadas por su inaplicabilidad no sólo por el sector privado, sino que hasta por el propio nuevo gobierno y el saliente.
La señal del propio Boric: La convencional María Rivera (ex Lista del Pueblo) levantó una moción para “disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes”. Por la tarde, el Presidente electo, Gabriel Boric, respaldó las críticas a esa idea expresadas por la constituyente Constanza Schonhaut.
Las cuentas. En los colectivos están sacando las cuentas de cómo les podría ir a las iniciativas más polémicas en el Pleno. Giorgio Jackson -futuro ministro de la Segpre- dijo que el hecho de que la Convención sea representativa “no quita que hayan ocurrido situaciones no deseables y reprochables”.
Preocupación privada: Los plazos de la Convención se van acortando. La próxima semana el pleno comenzará analizar las propuestas que ya pasaron el primer cedazo de las comisiones. Dirigentes gremiales, empresarios y el sector privado han expresado su preocupación por los inmensos costos que enfrentaría el Estado si se iniciaran procesos de expropiación e indemnización masiva, además de las pérdidas de empleo y su impacto en la economía.
Jackson y las iniciativas “loquísimas y caricaturizables”: El nuevo gobierno asumirá en marzo con una “agenda social cargada de demandas, una economía golpeada por la inflación y el temor de los inversionistas”, señalan conocedores del diagnóstico.
Ruidos dentro de la Convención: Las nuevas ideas mantienen tensionada a la Convención. El convencional Agustín Squella, junto con seis otros convencionales pidieron a la Mesa Directiva convocar a una jornada de reflexión para abordar las críticas y hacer una autocrítica, argumentando que ahora están en el momento más difícil: “propuesta, debate y votación de normas constitucionales”, señaló a T13 radio.
US$ 20 mil millones en agua: Uno de los primeros sectores en ponerle números a las medidas fue el agro. La Sociedad Nacional de Agricultura calculó en 20 millones de dólares lo que el Estado deberá pagar en internaciones por la nacionalización de los derechos de agua.
Millones en nacionalizar: En el mundo minero saben que el Estado no cuenta financiera ni técnicamente con los recursos para hacerse cargo de toda la minería del país. El propio exdirigente sindical y director de Codelco, Raimundo Espinoza dijo en ExAnte que “El Estado puede hacerse cargo de sandías caladas, pero para las inversiones riesgosas están los privados”.
Auditar los TLC: Otra norma que alertó al sector privado fue la de auditar todos los Tratados de Libre Comercio que tiene Chile, la mayor red de acuerdos de preferencias arancelarias en el mundo y que permite exportar vino, frutas, productos del mar, celulosa y más y beneficiarse de importaciones a menores precios. La iniciativa también propone que Chile deje el CIADI, tribunal del Banco Mundial para disputas sobre inversiones, altamente valorado por los inversionistas globales.
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