Febrero 10, 2022

Las nuevas advertencias del sector privado ante las medidas de la Convención

Ex-Ante

En casi todos los frentes económicos, la Convención está enfrentando fuertes críticas y cuestionamientos por algunas ideas de las  normas que podrían aprobarse. Hay advertencias sobre la pérdida de miles de empleos y millonarios costos en indemnizaciones.


Por qué es importante:  Las comisiones de la Convención Constitucional ya comenzaron a debatir algunas de las normas que en los próximos días entrarán al pleno para su discusión. Varias de éstas, sin embargo, han sido duramente criticadas y cuestionadas por su inaplicabilidad no sólo por el sector privado, sino que hasta por el propio nuevo gobierno y el saliente.

  • Este martes, el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, envió a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, un informe de 300 páginas donde advierte sobre los riesgos de nacionalizar la minería, como quedó planteado en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.
  • “El diagnóstico respecto de una estatización es muy claro y compartido, y desde luego, los efectos serían muy negativos para la industria….Hay desconocimiento, por eso queremos aportar con estos antecedentes”, y agregó que se “podrían destruir 850 mil empleos” de concretarse estas mociones, dijo a El Mercurio.

La señal del propio Boric: La convencional María Rivera (ex Lista del Pueblo) levantó una moción para “disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes”. Por la tarde, el Presidente electo, Gabriel Boric, respaldó las críticas a esa idea expresadas por la constituyente Constanza Schonhaut.

Las cuentas. En los colectivos están sacando las cuentas de cómo les podría ir a las iniciativas más polémicas en el Pleno. Giorgio Jackson -futuro ministro de la Segpre- dijo que el hecho de que la Convención sea representativa “no quita que hayan ocurrido situaciones no deseables y reprochables”.

  • El pacto Vamos por Chile, de la derecha, alberga a 36, convencionales y el Colectivo del Apruebo (Ex Concertación) son 8, lo daría un total de 44 convencionales. Los demás votos se reparten entre FA, Colectivo Socialista, INN, Movimientos Sociales, Chile Digno, Pueblo Constituyente, y los representantes de los Pueblos Originarios, que entre otros, suman 110 votos, siete más que los 103 que se necesitan para la aprobación.

Preocupación privada: Los plazos de la Convención se van acortando. La próxima semana el pleno comenzará analizar las propuestas que ya pasaron el primer cedazo de las comisiones. Dirigentes gremiales, empresarios y el sector privado han expresado su preocupación por los inmensos costos que enfrentaría el Estado si se iniciaran procesos de expropiación e indemnización masiva, además de las pérdidas de empleo y su impacto en la economía.

Jackson y las iniciativas “loquísimas y caricaturizables”: El nuevo gobierno asumirá en marzo con una “agenda social cargada de demandas, una economía golpeada por la inflación y el temor de los inversionistas”, señalan conocedores del diagnóstico.

  • Jackson dijo al medio uruguayo La Diaria que el hecho de que la Convención sea representativa “no quita que hayan ocurrido situaciones no deseables y reprochables” y advirtió que “hay cosas que me parecen loquísimas y caricaturizables”, y otras que le parecen muy razonables.

Ruidos dentro de la Convención: Las nuevas ideas mantienen tensionada a la Convención. El convencional Agustín Squella, junto con seis otros convencionales pidieron a la Mesa Directiva convocar a una jornada de reflexión para abordar las críticas y hacer una autocrítica, argumentando que ahora están en el momento más difícil: “propuesta, debate y votación de normas constitucionales”, señaló a T13 radio.

  • Además los integrantes del Colectivo del Apruebo enviaron una carta a sus pares del FA y Colectivo Socialista que juntos detentan la mayoría de los votos a tomar el control y buscar “acuerdos transversales, más allá de algunas expectativas e intereses particulares”.

US$ 20 mil millones en agua: Uno de los primeros sectores en ponerle números  a las medidas fue el agro. La Sociedad Nacional de Agricultura calculó en 20 millones de dólares lo que el Estado deberá pagar en internaciones por la nacionalización de los derechos de agua.

Millones en nacionalizar:  En el mundo minero saben que el Estado no cuenta financiera ni técnicamente con los recursos para hacerse cargo de toda la minería del país. El propio exdirigente sindical y director de Codelco, Raimundo Espinoza dijo en ExAnte que “El Estado puede hacerse cargo de sandías caladas, pero para las inversiones riesgosas están los privados”.

Auditar los TLC:  Otra norma que alertó al sector privado fue la de auditar todos los Tratados de Libre Comercio que tiene Chile, la mayor red de acuerdos de preferencias arancelarias en el mundo y que permite exportar vino, frutas, productos del mar, celulosa y más y beneficiarse de importaciones a menores precios. La iniciativa también propone que Chile deje el CIADI, tribunal del Banco Mundial para disputas sobre inversiones, altamente valorado por los inversionistas globales.

 

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