Las claves de las audiencias a la Comisión Experta y los avances en las subcomisiones

Ex-Ante en alianza con el Instituto UNAB de Políticas Públicas

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, fue enfática en defender la autonomía del ente emisor, mientras que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, planteó mejoras a la organización del Ministerio Público. La Corte Suprema, por su parte, propuso un consejo nacional encargado de las funciones de gobierno. Paralelamente, continúan las conversaciones dentro de las subcomisiones: en algunas hay bastante consenso, mientras que en otras se vislumbra un mayor debate.


Los hitos de la semana:

  1. Presidenta del Banco Central defiende la autonomía del organismo. Fiscal Nacional y tres ministros de la Corte Suprema también expusieron en el pleno de la Comisión Experta.
  2. Los avances de las subcomisiones:
    1. Integrantes de la subcomisión Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado comparten el diagnóstico.
    2. Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos fijó una metodología de trabajo.
    3. La subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos regulará el Estado Social.
    4. Se pronostica un gran debate en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
  3. Atentos a: Este lunes 27 de marzo, el Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, asistirá a la Comisión Experta. En tanto, el jueves 30 finaliza el plazo para que los comisionados expertos presenten iniciativas de normas constitucionales.

Las audiencias de la semana ante la Comisión Experta:

Rosanna Costa defendió la autonomía del Banco Central. El lunes 20 de marzo, la Comisión Experta recibió a la Presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien destacó las tareas fundamentales del ente emisor para el control de la inflación y preservar la estabilidad del sistema financiero.

  • Costa defendió la autonomía del Banco Central, argumentando que ésta no se debe entender como un fin en sí mismo, sino como un medio para asegurar el carácter técnico en el ejercicio de las funciones y atribuciones, evitando un uso inadecuado de los instrumentos de política monetaria, y para entregar la necesaria confianza y credibilidad a los actores económicos.
  • Señaló que se deberían mantener el reconocimiento expreso de su autonomía, su carácter técnico, y que disponga de patrimonio propio; la definición de que la ley orgánica o especial que lo rija regulará su organización, funciones, atribuciones y sistemas de control, así como las instancias de coordinación entre el banco y el gobierno; y las limitaciones aplicables a sus actuaciones.
  • Asimismo, se refirió a la pertinencia de evaluar elevar a rango constitucional algunas materias que hoy están en la LOC del Banco Central para mantener la estabilidad de su marco jurídico. Su propuesta considera elevar los elementos centrales de su órgano de gobernanza, sus mecanismos de designación y remoción; incorporar un mandato claro y acotado para prevenir que la ley desvirtúe su tarea central de control inflacionario y estabilidad financiera; y establecer una referencia expresa a mecanismos de rendición de cuentas, procurando el adecuado balance entre la autonomía y el accountability.

Fiscal Nacional propuso mejoras a la organización del Ministerio Público. El martes 21 de marzo correspondió la audiencia del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ante el pleno de la Comisión Experta.

  • Destacó que la autonomía ha sido fundamental para su adecuado posicionamiento en el contexto de la persecución penal. Sin embargo, planteó que un requerimiento constante del Ministerio Público ha sido que la Fiscalía pueda ejercer la acción penal sin que quede supeditada a la presentación de una querella o a la iniciativa procesal de otro órgano.
  • Además, se refirió a la posibilidad de tener más autonomía financiera; a la rendición de cuentas, la que podría hacerse ante la comunidad y la autoridad; al nombramiento de sus cargos donde prime la aptitud profesional y la trayectoria en el servicio público de los postulantes, y a que el proceso exhiba participación ciudadana para darle mayor legitimidad y transparencia.
  • Manifestó la necesidad de entender la Fiscalía desde una óptica más ciudadana, aclarando que actualmente la institución tiene una mayor comprensión de su obligación de estar abierta al escrutinio público. Por otra parte, expuso a favor de contar con indicadores y metas comunes entre las policías y el Ministerio Público.
  • En relación con la protección a las víctimas, señaló que existe una deuda con ellas y que se debe fortalecer la red intersectorial con mayor reparación y procesos de acompañamiento.
  • Propuso contar con una Fiscalía supraterritorial para ciertos delitos de alta complejidad, como la persecución del crimen organizado, de algunos fenómenos de corrupción o el narcotráfico.

La Corte Suprema propuso un consejo nacional encargado de las funciones de gobierno. El miércoles 22 de marzo, el Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, junto a la ministra  vocera, Ángela Vivanco, y el ministro Leopoldo Llanos, expusieron ante el pleno de la Comisión Experta.

  • Fuentes apoyó la idea de que se respeten los principios de independencia, inamovilidad, imparcialidad y autonomía. En esta línea señalaron que es importante mantener el nombre de Poder Judicial, porque opera como un resguardo de la independencia de su función.
  • Propusieron la creación de un consejo nacional encargado de sus tareas de gobierno para separarlas de las labores jurisdiccionales que en la actualidad ejerce simultáneamente. Se trataría de un órgano con autonomía constitucional, descentralizado o desconcentrado funcional y territorialmente a nivel regional; que estaría a cargo de la carrera funcionaria y evaluación de desempeño, control disciplinario, administración y presupuesto, y formación y capacitación; y compuesto mayoritariamente por integrantes del poder judicial, representantes de universidades y otros poderes del Estado. Fundamentaron esta propuesta en la necesidad de dar un mejor servicio de justicia, haciéndose cargo de la importancia y complejidad de ambas áreas.
  • También plantearon que se consagre la jerarquía supraconstitucional de las normas internacionales de derechos humanos. Por otra parte, señalaron que la Corte Suprema debería determinar cómo se cumplen los fallos de tribunales internacionales. Además, manifestaron la necesidad de asegurar la autonomía económica del Poder Judicial.

Los avances de las subcomisiones:

Diagnóstico común en la subcomisión Sistema Político, Reforma constitucional y Forma de Estado. Sus integrantes están trabajando para escribir las normas sobre Gobierno y Congreso, y armaron duplas para algunos detalles.

  • Los integrantes comparten el diagnóstico respecto a que la fragmentación del Parlamento no asegura la gobernabilidad. Uno de los primeros temas que deberán acordar es el régimen de gobierno. La Comisión Experta es partidaria de mantener el presidencialismo. Algunos expertos estiman que no es posible instaurar un régimen parlamentario, ya que una de las bases institucionales y fundamentales de la Constitución establece que Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí.
  • Asimismo, hay varios expertos que creen que es necesario diseñar normas que acoten el mapa de partidos políticos que tienen representación parlamentaria, manteniendo el sistema multipartidista. Coinciden en que la existencia de tantos partidos políticos con representación parlamentaria hace muy difícil la tarea al gobierno de turno. En la misma línea estiman que deben regular el sistema electoral para evitar fragmentación. Algunos esperan establecer normas para desincentivar que los parlamentarios una vez electos renuncien a sus partidos. Por último, se concuerda en la necesidad de realizar ajustes a las atribuciones del Ejecutivo y del Congreso.
  • En una de sus sesiones recibieron las presentaciones de los académicos Eduardo Alemán y Arturo Fontaine; los exministros Ignacio Walker y Genaro Arriagada, y al constitucionalista y ex representante de España para la Comisión de Venecia, Josep María Castellá. En la misma línea con lo que ha debatido la subcomisión, plantearon la necesidad de avanzar a un sistema que permitan mayor gobernabilidad. Para estos efectos hicieron algunas propuestas, tales como evitar los pactos electorales, disminuir el número máximo de representantes por distrito, fijar un mínimo para la representación parlamentaria de los partidos políticos y establecer listas cerradas.

Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos fijó una metodología de trabajo. Se armaron duplas cruzadas entre representantes oficialistas y de oposición para tratar las distintas materias.

  • También se abocaron a otras materias como la función jurisdiccional y autonomía de los órganos del Estado, el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, además del rol de instituciones como el Banco Central, el Servel, la Contraloría General de la República y la Corte Constitucional. Coincidieron respecto del concepto de debido proceso y en que este requería ser fortalecido. En cuanto a la justicia constitucional hubo consensos en algunas de sus competencias, inhabilidades e incompatibilidades, pero no en el control preventivo. Algunos representantes del oficialismo quieren eliminarlo por completo, y en la oposición hay partidarios de preservarlo con modificaciones.

La subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos regulará el Estado Social. Se consensuó que regulará de forma general y como un principio el Estado social. Sus miembros trabajaron para determinar los principios que deberían ser considerados en la nueva propuesta de normativa constitucional, para lo que revisaron, entre otros, los conceptos de Estado de Derecho, subsidiariedad, bien común, solidaridad, Estado unitario, descentralización y República.

Se pronostica un gran debate en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

  • Esta subcomisión debatió sobre el proceso de formulación de normas y están intentado consensuar un catálogo de derechos. Para evitar los excesos de la anterior Convención, los comisionados oficialistas estiman que el mencionado catálogo debe ser más acotado, concentrándose en regular bien el Estado social, para luego abocarse a derechos como salud, educación, seguridad social, trabajo, vivienda, libertad sindical y agua. Con todo, aún no hay acuerdo sobre los mínimos comunes.
  • En una de sus sesiones recibieron a los académicos Rodrigo Vergara, Rodrigo Polanco y Dante Contreras, quienes expusieron sobre el catálogo de derechos que debería estar en el anteproyecto, así como la forma en que se enmarcan en las bases institucionales con énfasis en el estado social y democrático.
  • Se estima que en esta subcomisión estará la disputa ideológica más importante. Sus integrantes coinciden en la importancia de la sustentabilidad fiscal, del derecho de propiedad y la autonomía del Banco Central, pero se esperan fuertes discusiones en materia de rol del Estado en la economía, principio de subsidiariedad y derechos laborales.
  • En este punto se debe tener en cuenta que una de las bases institucionales y fundamentales de este proceso constituyente establece que la promoción del desarrollo progresivo de los derechos sociales está sujeto al principio de responsabilidad fiscal. Al respecto, existe coincidencia de todos los sectores en mantener la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para presentar proyectos de ley en materia tributaria y de gasto público.

Lo que viene:

  • Los integrantes de la Comisión Experta tienen plazo hasta el 30 de marzo para presentar iniciativas de normas constitucionales. Cada una de ellas deben referirse a un solo capítulo de los 14 aprobados en la propuesta de estructura, regularlo y contener una exposición de motivos y el articulado. Requieren la firma de al menos cinco comisionados y un máximo de diez.
  • Para este lunes 27 de marzo, está citado el Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic.

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