Durante la década de los noventa y los primeros años del 2000, la economía chilena creció a un promedio del 6% anual, lo que permitió al país alcanzar niveles de ingreso medio cercanos a los USD 25.000 per cápita. Sin embargo, en los últimos quince años ese dinamismo se ha desvanecido: el crecimiento promedio apenas alcanza el 2,3%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe que examina las causas de este estancamiento, enmarcándolo en lo que se conoce como la trampa de los ingresos medios.
El documento señala que, a diferencia de otros países que lograron superar esta trampa, Chile enfrenta dos obstáculos adicionales: un crecimiento demográfico muy bajo y un entorno internacional plagado de incertidumbres. Frente a este panorama, el FMI propone cuatro líneas de acción: mejorar la eficiencia del Estado, aumentar la participación laboral, elevar el gasto en investigación y desarrollo (I+D), y aprovechar estratégicamente las ventajas naturales del país —como la minería de cobre y litio, y las energías renovables— para impulsar nuevas fuentes de crecimiento.
Coincidentemente, días atrás también se dio a conocer el informe El Puente, elaborado por un grupo transversal de 17 economistas chilenos. A partir de un diagnóstico similar, propone una hoja de ruta para recuperar el dinamismo perdido y alcanzar un crecimiento de 4% anual. El texto organiza sus propuestas en torno a tres motores del crecimiento: la acumulación de capital, la calidad y cantidad del trabajo, y el aumento de la productividad. Seis pilares estructuran las recomendaciones, cuatro de los cuales —educación, modernización del Estado, política social y productividad— apuntan directamente a mejorar este último factor, históricamente el más rezagado del crecimiento chileno.
Ambos informes coinciden en lo esencial: Chile está atrapado en una trayectoria de bajo crecimiento y necesita reformas estructurales sostenidas para avanzar hacia el desarrollo. Aunque con matices distintos, el consenso técnico es amplio. Por eso resulta especialmente preocupante la falta de acuerdos duraderos en el ámbito político.
Un sistema que oscila entre extremos —ya sea de izquierda o de derecha— socava la estabilidad institucional, desalienta la inversión y erosiona la confianza en las reglas del juego. Esta volatilidad impide la construcción de políticas públicas de largo plazo, debilita la credibilidad del país ante los actores económicos y se traduce en ciclos de reformas y contrarreformas que paralizan el rumbo que estos informes, con distintos lenguajes, están exigiendo con urgencia: una estrategia nacional de crecimiento sostenido.
En este contexto, resulta imperativo avanzar hacia un pacto de Estado por el crecimiento. Uno que trascienda los ciclos electorales, que establezca confianzas mínimas entre los actores políticos y sociales, y que comprometa a todos los sectores con una agenda común orientada al desarrollo. No se trata de eliminar el disenso, sino de reconocer que sin acuerdos básicos sobre el rumbo económico, Chile difícilmente podrá salir de la trampa en la que lleva más de una década estancado.
Existen ejemplos internacionales que muestran que este tipo de consensos son posibles y efectivos. Irlanda, por ejemplo, en 1987 impulsó un acuerdo tripartito entre empleadores, sindicatos y el Estado —el “Programa Nacional de Recuperación”— que fue la base de su salto hacia el desarrollo. Finlandia, tras la crisis de los años 90, articuló un consenso nacional para transformarse en una economía basada en el conocimiento, con fuerte inversión en educación e innovación. No fue la unanimidad lo que permitió esos logros, sino una visión compartida de futuro.
Chile necesita algo parecido. Y lo necesita ahora.
La economía en un mundo complejo. Por Benjamín Villena R.
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