La evolución de la seguridad pública en Chile durante la última década evidencia un proceso de transformación estructural del fenómeno criminal, caracterizado por el aumento sostenido de determinados delitos, la diversificación de sus modalidades y una creciente complejidad en su distribución territorial.
A partir del informe “Radiografía de la seguridad pública en Chile 2025” del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, se observa que, si bien una proporción mayoritaria de los delitos analizados presenta disminuciones recientes, este comportamiento debe interpretarse con cautela, dado que los niveles actuales continúan siendo elevados en perspectiva histórica
Uno de los elementos más relevantes del diagnóstico es el incremento de la violencia letal en el largo plazo. En efecto, los homicidios muestran un aumento cercano al 79% en la última década, lo que refleja un cambio significativo en la intensidad y características de la violencia. Aunque en el último año se observa una leve disminución, la comparación con períodos anteriores evidencia que este fenómeno se mantiene en niveles elevados, sugiriendo la consolidación de dinámicas asociadas a disputas territoriales y a la expansión de economías ilícitas.
En una línea similar, el delito de secuestro presenta un crecimiento aproximado del 52% en el mismo período, pese a registrar una disminución reciente. Este comportamiento da cuenta de la progresiva complejidad de ciertas modalidades delictivas, en las cuales el secuestro se articula con otras prácticas, como la extorsión, dentro de esquemas más amplios de criminalidad organizada.
Particularmente significativo es el caso de la extorsión, que constituye el delito con mayor expansión relativa, con un aumento cercano al 7.400% en la última década. Aun cuando se observa una estabilización reciente, este fenómeno refleja la incorporación y consolidación de nuevas formas de criminalidad caracterizadas por el uso sistemático de la amenaza como mecanismo de obtención de beneficios económicos. Este crecimiento evidencia, además, una mayor sofisticación en las prácticas delictivas y una creciente capacidad de adaptación de las organizaciones criminales.
En este contexto, el tráfico de sustancias ilícitas adquiere un rol central en la configuración del fenómeno criminal. El informe identifica un aumento aproximado del 33% en este delito durante el período analizado, lo que da cuenta de la persistencia y expansión de mercados ilícitos en el país. Más allá de su evolución cuantitativa, su relevancia radica en su carácter articulador, en tanto se vincula estrechamente con otros delitos, contribuyendo a la generación de violencia, al financiamiento de organizaciones criminales y a la expansión territorial de estas estructuras.
De manera complementaria, el porte de armas o explosivos presenta un aumento cercano al 60% en la última década, lo que constituye un indicador relevante de la intensificación de la capacidad de fuego asociada a la criminalidad. Este fenómeno resulta especialmente preocupante, ya que el acceso y circulación de armamento incrementan el potencial de violencia de los delitos y contribuyen a la escalada de conflictos entre actores criminales, así como a su mayor letalidad.
Un elemento transversal es la marcada heterogeneidad territorial de la criminalidad. Los datos muestran que los delitos presentan distribuciones diferenciadas entre regiones, con incrementos significativos en determinadas zonas y patrones de concentración que sugieren una expansión progresiva del fenómeno criminal. Esta dinámica refuerza la necesidad de comprender la seguridad pública desde una perspectiva territorial, considerando factores sociales, económicos y demográficos específicos.
A partir de lo anterior y en el contexto del nuevo gobierno, los desafíos en materia de seguridad pública se concentran en enfrentar un escenario criminal más violento, organizado y territorialmente extendido, que ha experimentado transformaciones significativas en la última década.
Esto implica no solo contener el aumento de delitos graves como homicidios, secuestros y extorsiones, sino también abordar de manera estructural la expansión del crimen organizado y su creciente capacidad de control territorial y penetración en distintos ámbitos sociales.
En este marco, el principal desafío radica en fortalecer las capacidades del Estado para responder de manera eficaz a estas nuevas dinámicas, lo que requiere mejorar los sistemas de información y análisis de la criminalidad, avanzar en estrategias integrales con perspectiva nacional, regional y local, sostenidas en el tiempo, y profundizar la coordinación interinstitucional. Todo ello en un contexto en que, pese a ciertas disminuciones recientes, los niveles de criminalidad se mantienen elevados y presentan una mayor complejidad, lo que exige una adaptación sustantiva del aparato estatal frente a un fenómeno criminal en constante evolución.
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