El proyecto de pensiones que anunció el presidente por cadena nacional cambia radicalmente el sistema. Revive el antiguo mecanismo del reparto donde una parte importante de las cotizaciones (6% aportado por los empleadores) va a un fondo solidario administrado por el Estado y establece un ente público para la inversión de los recursos.
Es decir, elimina las AFP, anunciando que podrán crearse otros entes privados que compitan entre sí y con el Estado por la administración del 10.5% que los trabajadores podrán seguir depositando en cuentas individuales.
Como consecuencia, el Estado entrará con todo al negocio de invertir cotizaciones previsionales, compitiendo con el sector privado, administrando todo el 6% de la contribución empresarial más el 10.5%, ya que los afiliados podrán entregarle su cotización voluntariamente. Además, habrá un ente recaudador y pagador único, con lo que el sistema queda estatizado.
Por años el “mantra” de la izquierda ha sido que las reformas estructurales que el país necesita no se pueden hacer sin cambiar el modelo neoliberal que está entronizado en la constitución. Según ese relato, el sistema de pensiones se transformó en el símbolo de la contradicción entre el bienestar del pueblo y el modelo que estaba amparado por la constitución que impedía alterar las bases mismas de un sistema individualista que obliga los ciudadanos a “rascarse con sus propias uñas”.
La idea de que había que cambiar la constitución para reformar el sistema de pensiones encontró eco en la Convención que intentó (artículo 45) consagrar un sistema de seguridad social público que fue celebrado y promovido por muchos convencionales como un enorme “avance civilizatorio y un golpe al neoliberalismo”.
Pero la realidad es que el “golpe” al neoliberalismo se lo está pegando ahora el gobierno con su proyecto de ley y lo hace bajo esta constitución, lo que demuestra que si bien la constitución vigente es libremercadista no impide que en el parlamento se cambien las reglas de juego. Por eso la ex presidenta Bachelet planteó la idea de una AFP estatal y el expresidente Frei Ruiz Tagle pensó en estatizar el Transantiago.
El sistema de pensiones que nos propone el gobierno es la antítesis del neoliberalismo y del concepto de estado subsidiario según el cual el Estado no puede competir con los privados.
En esta columna no pretendo analizar los méritos ni los deméritos del proyecto del gobierno. Solo trato de desmitificar la noción de que la constitución vigente está diseñada para defender el modelo neoliberal e impedir que un gobierno de izquierdas pueda implementar un programa de cambios económicos y sociales.
Si así fuese, el gobierno no podría estatizar el sistema de pensiones, crear un ente público para invertir una gran parte de las cotizaciones previsionales de los trabajadores y competir de igual a igual con el sector privado.
Para poner todas las cartas sobre la mesa y por honestidad intelectual debo destacar que, si hay un aspecto en que la constitución representa lo que para algunos es visto como un “obstáculo” para la viabilidad del proyecto del gobierno, esto no existiría si hubiese ganado el Apruebo. Me refiero a que por tratarse de una ley que afecta la seguridad social es de quorum calificado y requiere de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio para ser aprobada.
Pero esto no tiene nada que ver con el neoliberalismo. A mi me parece una norma sensata que existe en casi todas las constituciones democráticas presidencialistas que para ciertos asuntos, muy pocos y de gran trascendencia, se requiere un consenso más amplio que se traduce en un quorum supra mayoritario, principio que debería mantenerse en la nueva constitución.
Las dificultades que tendrá el gobierno para implementar su proyecto no tienen relación con la constitución sino con la adversa correlación de fuerzas que tiene en el Congreso. Simplemente no tiene los votos. Su situación es tan precaria que incluso no podría reunir la mayoría simple de los parlamentarios en este momento.
Además, la derecha esta envalentonada por las encuestas que indican que una importante mayoría de la ciudadanía prefiere que la totalidad del aporte empresarial del 6% más el 10.5% del trabajador vaya exclusivamente a sus cuentas individuales y sean heredables.
Lo que pone en entredicho la premisa ideológica de un proyecto que está apelando al espíritu solidario de la población; o muestra la existencia de una enorme desconfianza hacia el Estado como administrador y gestor, lo que de alguna manera se manifestó con el triunfo del Rechazo.
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