En su gira a La Araucanía el Presidente Boric reconoció este jueves por primera vez la existencia de “actos terroristas” en la zona, pero dijo que no aplicaría la Ley antiterrorista —una legislación que aplicaron varias veces Bachelet y Piñera— por considerar que “ha traído pésimos resultados”. El ex ministro del Interior, Jorge Burgos, califica como “grave” la inhibición para hacer uso de la ley. Dice también que la legislación requiere modernizaciones, pero critica que esa discusión lleve más de una década. “Si el presidente ha reconocido que hay delitos terroristas, !háganlas con urgencia entonces!”. Lo mismo opinan diputados integrantes de la Comisión de la Seguridad Ciudadana.
“Han habido actos de carácter terrorista”. El reconocimiento sobre la existencia de estas acciones en La Araucanía por parte del Presidente Boric, en su gira por esa región, provocó diversas reacciones en el mundo político. Pero, lo que generó mayor debate fue su frase cuestionando la eficacia de la Ley Antiterrorista como instrumento de persecución penal, justificando de esta manera la no aplicación por parte del Gobierno.
- Luego de recordar el ataque sufrido al Molino Grollmus, donde fueron heridos de gravedad tres miembros de la familia, declaró “eso es un acto de carácter terrorista”. Pero, a continuación agregó su cuestionamiento a la ley:
- “El problema de esto es que la presión inmediata que viene, y en esto no debiéramos hacer un gallito político, es ‘entonces aplique Ley Antiterrorista`. Pero esta ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado”.
- “(La ley) no es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar estas situaciones. Lo que nosotros estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, otorgando mayores facultades a Carabineros, pero que no les quepa duda que más allá de la denominación que se le dé al acto, es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley”.
Lo que sanciona la Ley Antiterrorista: Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de este tipo de delitos; que se cometa mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos. O que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias, entre otras.
- Sus penas de crimen van de 5 años y un día hacia arriba, hasta presidio perpetuo calificado, dependiendo de la gravedad de las consecuencias de la comisión del delito, las agravantes y el grado de reincidencia del autor.
- Según datos del Ministerio Público, entre 2001 a 2016 hubo 127 imputados por delitos de terrorismo distribuidos en 21 procesos. Según forma de término, solo hubo 9 condenados por delitos de terrorismo, 15 por delitos comunes, 71 absueltos, 11 sobreseídos definitivamente, 4 con suspensión condicional del procedimiento, y 3 de ellos, con decisión de no perseverar.
- El gobierno de Michelle Bachelet invocó en más de 20 ocasiones la ley antiterrorista. En julio, agosto y septiembre de 2014 se produjeron explosiones en un vagón del Metro Los Dominicos, en la primera comisaría de Santiago y en el Metro Escuela Militar respectivamente. En diciembre de 2017, después de más mil días de prisión preventiva, se hizo público el veredicto del juicio oral contra Juan Flores, Nataly Casanova y Enríquez Guzmán, imputados en el caso. Los dos últimos fueron declarados inocentes y dejados en libertad, mientras que Flores fue sindicado como culpable y autor de delito terrorista.
Críticas de ex ministro del Interior. El ex ministro del Interior de Bachelet, Jorge Burgos, se mostró extrañado por las declaraciones. “Resultan bien complejos los efectos de la declaración, pues de ella se deduce una inhibición absoluta a invocar la ley que califica las conductas terroristas”. Añade Burgos que “más grave aún si el propio señor Presidente ha reconocido la existencia de delitos terroristas”.
- “Ayer señalaban que la Ley de Seguridad Interior era antidemócratica y había que derogarla. Se desistieron de querellas como primera medida gubernamental, y terminaron poco después ocupándola o a lo menos anunciando su uso”.
- “Estoy de acuerdo que la tipificación del delito terrorista y las normas procesales para su investigación requieren modernizaciones. ¡Háganlas con urgencia entonces! Esta discusión lleva a lo menos una década en el Congreso y varias iniciativas”.
¿Renuncia a aplicar la ley? Para el ex subsecretario del Interior del Gobierno pasado, Juan Francisco Galli, es importante que el Presidente haya calificado los actos que ocurren en La Araucanía como terroristas. “Eso constituye un avance respecto de la postura del Frente Amplio cuando eran oposición en que negaban tal carácter, incluso descalificando al gobierno anterior por ello”.
- “Es complejo que pese a reconocer el carácter terrorista el Presidente de la Republica renuncie explícitamente a aplicar la Ley Antiterrorista. Si considera que hay terrorismo, debe aplicarse la legislación especial en la materia y será decisión del fiscal por qué delito finalmente acusa. Pero la posición del Gobierno debería ser políticamente clara: ante un hecho terrorista se aplica la legislación antiterrorista”.
- “Si el Presidente considera que esa ley tiene problemas de técnica legislativa debería proponer una legislación alternativa, tal como lo hizo el Presidente Piñera tanto en 2011 como en 2019”.
La “ley corta” pendiente de Piñera. El 24 de abril de 2019, el Ejecutivo presentó a tramitación en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que busca otorgar mayores facultades de investigación a los fiscales respecto a los actos calificados como terroristas y que contaba con suma urgencia desde el 17 de julio.
- Con esta modificación se pretende que los fiscales puedan utilizar técnicas especiales de investigación, que hoy están reservadas para determinados delitos de alta connotación social, como es el caso del tráfico de estupefacientes, pero que no pueden ser utilizadas respecto de actos calificados de terroristas.
- Se trata de permitir interceptaciones, grabaciones y transcripciones de comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación; uso de agentes encubiertos; informantes y agentes reveladores, entre otros.
- La propuesta sigue en primer trámite constitucional en el Senado. Y 49 veces se le ha retirado la suma urgencia y otras 24 veces han retirado la discusión inmediata.
La postura de los diputados. Entre los parlamentarios que integran la Comisión de Seguridad Ciudadana, hay casi unanimidad en que el Presidente Boric equivocó su opinión respecto de la legislación vigente. Y si hay problemas, dicen, debe apurarse en modificar la ley. Solo el diputado PS, Raúl Leiva coincidió con Boric.
- Diputado Raúl Leiva (PS): “La Ley Antiterrorista hoy día, no cumple dos estándares: uno internacional, en materia de derechos humanos; y otro, el objetivo de poder acreditar la voluntad e intención del delito terrorista, que tiene un dolo específico. Las últimas condenas, por ejemplo el Caso Bombas, se aplicaron con otro tipo de normas. El proyecto de ley que aprobamos en la Cámara de Diputados, y que ya se encuentra en el Senado, que sanciona y persigue el crimen organizado, entrega mayores herramientas en cuanto a que se pueden aplicar técnicas especiales de investigación para todo tipo de banda organizadas. Por ejemplo, agentes reveladores, agentes encubiertos, interceptación de comunicaciones, entre otros. Es mucho más eficiente hoy esta norma que la Ley Antiterrorista”.
- Diputado Diego Schalper (RN): “El Presidente Boric tiene una confusión. La ley antiterrorista y sus modificaciones que se están tramitando en el Congreso, facilitan la persecución y obtención de evidencia en delitos terroristas, además de otros asuntos procesales. Cosa distinta es el crimen organizado, que son bandas que tienen fines lucrativos, pero que no usan el terror para obtener una decisión de la autoridad. Posiblemente algún asesor lo informó mal”.
- Diputado Jaime Araya (Indep. PPD): “Las democracias modernas están amenazadas por el terrorismo, el narcotrafico y el crimen organizado, y para eso la Ley Antiterrorista es una herramienta útil; si el Presidente considera que se debe corregir la legislación, él tiene la facultad de proponer una nueva ley. Mientras decide como avanzar, le pediría que le ponga urgencia al proyecto de ley que hemos presentado, para que los gobernadores regionales puedan presentar querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado y por Ley Antiterrorista, pues no pueden seguir dependiendo de decisiones que se toman a distancia”.
- Diputado José Miguel Castro (RN): “Visitar La Araucanía para reconocer, luego de años, que lo que ahí existe es terrorismo, es una falta de respeto para la miles de víctimas de la violencia que se vive diariamente en la zona. Y ojalá haga al Presidente reflexionar tantas votaciones, declaraciones y visitas, cuyo único resultado fue fortalecer la impunidad y socavar la autoridad de las policías y el Estado. La pequeñez o, incluso, siendo menos duro, la inmadurez que caracterizó al Presidente en su época de parlamentario, hoy es superada por la realidad y por la convicción forzosa de comprender al orden y la seguridad pública como temas de Estado”.
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