La obsesión estatista conduce al fracaso del gobierno. ¿Qué piensa Marcel? Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

“No se pierde nada con experimentar”, ha sido el principio con que ha operado el gobierno de Boric en casi todas las áreas. Los detractores del Chile de los 30 años ofrecieron un programa de reformas sustentado, curiosamente, en la idea de que el país se había vuelto tan próspero que estaba en condiciones de financiar cualquier ocurrencia, incluyendo, cómo no, la creación de nuevas burocracias estatales.


El fiasco del plan piloto “Gas a precio justo”, con el que ENAP, por instrucción del gobierno, intentó competir con las empresas privadas en el mercado minorista del gas licuado, ha ilustrado elocuentemente sobre las viejas creencias acerca del Estado empresario a las que rinden culto tanto la antigua como la nueva izquierda. Ese ha sido el núcleo de las nociones que maneja Boric, las que resumió en la proclama de que, bajo su gobierno, Chile sería “la tumba del neoliberalismo”.

¿Cómo se materializa eso? A través de planes como el de ENAP, ideado para combatir contra al neoliberalismo en el ámbito de la producción, la distribución y la comercialización de balones de gas. La empresa realizó el milagro de producir balones a un costo 8 veces superior al precio de venta a los consumidores. Estado emprendedor, le llaman, pero se trata, en rigor, del Estado despilfarrador, que destinó 591 millones de pesos al dichoso plan que varios ministros anunciaron con bombos y platillos durante la campaña del plebiscito. La empresa admitió después que las cosas no habían salido como se quería y que se iba a concentrar en el negocio mayorista. Aquí no ha pasado nada.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo explicó así: “El propósito de los programas piloto es probar una determinada intervención y evaluar si es adecuada, si corresponde seguir de la manera en que estaba previsto o modificarla”. En la cuenta pública que entregó su ministerio en Coquimbo, agregó que no se puede esperar que los programas pilotos sean perfectos, y que, si hay errores de diseño, existe después la oportunidad de corregirlos. O sea, no hay de qué preocuparse. Se trata solamente del método de ensayo y error.

Marcel ha llevado lejos su esfuerzo por aparecer alineado con las decisiones de un gobierno errático, cuyo único superávit es el de los desatinos cometidos, y que ha probado no tener nexo alguno con la orientación y la práctica de los gobiernos concertacionistas con los que él colaboró en el pasado. Se dice, quizás con alguna razón, que su presencia en Hacienda ha evitado males mayores, pero si el asunto se reduce a eso, incluso al precio de poner la cara por políticas que no comparte, es válido preguntar si el sacrificio vale la pena y hasta cuándo. Si se trata de flexibilidad táctica de su parte, con el fin de conseguir objetivos superiores, ¿cuáles serían tales objetivos?

Nadie duda de la calificación de Marcel en el terreno de la economía, pero ello no es tan evidente en el de la política. Desde que afirmó que el proyecto de Constitución refundacional no planteaba riesgos para la economía, y además avaló el llamado del gobierno a votar Apruebo en el plebiscito, surgieron no pocas dudas acerca de cómo entiende el progreso del país, y también sobre sus propias prioridades. Chile se libró de un desastre y él parece no haberse dado cuenta.

¿Está convencido ahora de que, con una economía que no crece, con alto desempleo y en medio de la inquietud desatada por el caso ENAP respecto de cómo se gastan los recursos públicos, corresponde subir los impuestos a toda costa? ¿Tiene alguna preocupación por los efectos no deseados que puedan venir?

El gobierno de Boric ha demostrado que su mayor déficit se relaciona con la visión distorsionada de la realidad, sostenida en la idea de establecer otro orden social desde el Estado. Así, la rechazada reforma tributaria se orientaba a recaudar recursos para aumentar el gasto público, sin considerar los posibles efectos en el crecimiento. Por su parte, la reforma previsional busca crear un monopolio estatal en la administración de las cuentas de los cotizantes y reducir el rol privado a las inversiones.

La estrategia nacional del litio ha sido un ejemplo desenfadado del propósito de establecer el control estatal sobre una industria que funciona productivamente en manos privadas, y levantar para tal efecto una compleja estructura estatal, descrita por Bernardo Larraín y Elisa Cabezón (El Mercurio, 27/05): “Instituto del Litio, Comisión del Litio, Consejo Estratégico del Litio, asociación con Codelco en el salar de Atacama, asociación con Enami en el salar de Maricunga y Empresa Nacional del Litio”. Y se supone, dicen ellos, que las mejores empresas del rubro estarían dispuestas a ser socias minoritarias del Estado chileno.

“No se pierde nada con experimentar”, ha sido el principio con que ha operado el gobierno de Boric en casi todas las áreas. Y ya vimos la envergadura que tenía el experimento en materia constitucional. Es obligatorio tenerlo presente porque allí se sintetizaban las mayores aspiraciones del Frente Amplio, el PC y sus aliados circunstanciales. Ahora es más fácil responder a la pregunta de qué le ofrecen esas fuerzas al país: estaba dicho en el proyecto de Constitución rechazado.

Los detractores del Chile de los 30 años ofrecieron un programa de reformas sustentado, curiosamente, en la idea de que el país se había vuelto tan próspero que estaba en condiciones de financiar cualquier ocurrencia, incluyendo, cómo no, la creación de nuevas burocracias estatales. El punto de partida ha sido que el Estado gaste más, amplíe su influencia, contrate nuevos funcionarios y, naturalmente, que la conducción del Estado esté en las manos de quienes gobiernan hoy.

Dos derrotas en 8 meses son como para que se sienten a pensar en serio sobre el futuro.

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