En el próximo Congreso al presidente electo le será muy difícil lograr las mayorías para aprobar sus proyectos emblemáticos, lo que en circunstancias normales lo obligaría a hacer concesiones sustantivas. Pero Boric enfrenta la circunstancia única, extraordinaria e irrepetible de contar para todos los efectos prácticos con una “tercera cámara” -la Convención Constitucional- con facultades y capacidad jurídica para despejar el camino a los aspectos más controvertidos y resistidos de su programa de gobierno.
Gabriel Boric llegó al poder con un discurso de cambios estructurales ,profundos, de ruptura con el pasado reciente que logro convocar a millones de jóvenes, sobre todo mujeres, que salieron a votar y dieron vuelta el tablero. Y si bien es cierto que han matizado algunas cosas sería un error garrafal asumir que la impronta refundacional ha quedado en el olvido.
Hablar de responsabilidad fiscal, adherir a los rituales republicanos, reafirmar la fe en la democracia y buscar el dialogo son evidencias de realismo político y una reafirmación necesaria de las convicciones democráticas.
Hoy estamos en la fase “versallesca” de la transición entre gobiernos, caracterizada por gestos republicanos, saludos protocolares, reuniones con todos los sectores políticos más o menos afines en busca de una posible ampliación de la coalición y palabras de buena crianza hasta con la derecha. Pero las diferencias de fondo no han desaparecido.
Al contrario de lo ocurrido durante los últimos treinta años, esta vez concursaron ante el electorado dos visiones o proyectos de país antagónicas y la ciudadanía se pronunció abrumadoramente por el programa del Apruebo Dignidad. La contundencia de la victoria significa para el nuevo presidente un mandato para hacer las transformaciones prometidas que le será imposible ignorar, so pena de generar frustración y desencanto.
Un botón de muestra fueron los rayados en la sede provisoria que le sirve de cuartel general, donde lo llaman “amarillo” y le recuerdan que prometió indulto a los presos de la revuelta, un tema en el que sus voceros han sido ambiguos.
Sabemos que en el próximo congreso al gobierno le será muy difícil lograr las mayorías necesarias para aprobar sus proyectos emblemáticos y que el sentido común es que Boric estará obligado a hacer concesiones sustantivas que favorecerán al estatus quo. En tiempos normales eso sería decisivo.
Pero este gobierno enfrenta la circunstancia única, extraordinaria e irrepetible de contar para todos los efectos prácticos con una “tercera cámara” -la Convención Constitucional- mayoritariamente imbuida de sus mismas ideas, aspiraciones y propósitos y sobre la cual ejerce una influencia decisiva. Además, la Convención está facultada y tiene la capacidad jurídica para despejar el camino a los aspectos más controversiales y resistidos del programa del gobierno.
Temas como el royalty minero, “libertad” de enseñanza, plurinacionalismo, regiones autonómicas entre muchos otros, serán zanjados por la convención. De modo que en el próximo período tendremos dos “legislativos” operando simultáneamente, debatiendo las mismas cosas y que muchas veces estarán en contradicción.
Si bien es cierto que esta” tercera cámara” actúa en tiempo diferido -pues la nueva constitución debe ser sometida a un plebiscito de salida- el mero hecho de que se aprueben normas constitucionales que dejarán sin efecto lo resuelto por las mayorías del Congreso tendrá un impacto decisivo sobre su comportamiento. Además, al gobierno se le abre la posibilidad de transformar a la ciudadanía en el gran árbitro de las diferencias en el marco del plebiscito de salida.
Para entender como operaría esta dualidad “legislativa” en favor del gobierno analicemos tres temas del programa:
1.- La gran reforma a la salud. Boric quiere un sistema de salud único estatal para toda la población de modo que, como lo ha dicho, no exista una salud para ricos y otra para pobres. El plan contempla el fin de las Isapre lo que se lograría haciendo que el 7% de cotización obligatorio para salud sea destinado íntegramente al ente público, dejando a los afiliados a Isapre impedidos de financiar parte de sus planes con cargo a ese 7% y haciendo imposible para ellos mantenerse en su Isapre.
Es muy difícil, sino imposible, que el gobierno logre el quorum calificado en el congreso para aprobar una reforma de esas características. Pero si la Convención Constitucional deroga -por omisión, para lo que necesita solo un tercio en virtud del principio de hoja en blanco- el No 9 del artículo 19º de la constitución que consagra el derecho a elegir el sistema de salud que la persona desee, estatal o privado, que es el que nos permite destinar del 7% a una Isapre, se acabó el problema.
2.- Lo mismo ocurre con las pensiones. El plan del gobierno es instalar un sistema de reparto financiado por impuestos manteniendo el pilar contributivo pero administrado por un ente público. Igual que en el caso de la salud, no es fácil conseguir los quorum calificados en el Congreso para esto. Pero, si se deroga por omisión o se modifica el No 17º del artículo 19º de la constitución que garantiza el derecho a escoger entre instituciones públicas o privadas para pensionarse el asunto queda resuelto a favor del gobierno.
3.- Otro ejemplo son las concesiones mineras y los derechos de agua. Los artículos 23 y 24 de la constitución señalan que dichas concesiones se extinguen solo por resolución judicial, de modo que no corresponde al Poder Legislativo o Ejecutivo hacerlo. El programa del gobierno contempla cambios importantes en estos temas que generarán gran debate en el Congreso. Pero, de nuevo, si la Convención modifica o deroga por omisión esta norma se despeja el camino.
Por último, es altamente probable que la convención elimine los quorum calificados que actualmente contempla la Constitución y si así fuese al gobierno le sería mucho más fácil conseguir mayorías simples para implementar su agenda.
En este escenario, Boric juega con mucha ventaja porque sobre el Congreso se cierne la “espada de Damocles” de que al final del camino el gobierno logrará lo que el congreso le niegue por la vía de la nueva constitución. Tendremos un congreso empatado pero disminuido y un protagonismo creciente de la convención constitucional donde estará radicado de hecho el poder decisorio.
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