La ley Aula Segura enreda a Irací Hassler

La Municipalidad de Santiago negó las acusaciones del ex rector del INBA Gonzalo Saavedra, en las que afirma que recibía instrucciones de la alcaldía para no aplicar el Aula Segura, pero en la declaración no se refieren a la ley y se sugiere que el camino adoptado por Hassler para resolver los casos de violencia estudiantil es uno distinto. La alcaldesa nunca ha sido partidaria de esta legislación, pero ahora no solo enfrenta los graves incidentes que semanalmente se producen en los liceos emblemáticos, sino una ofensiva de la UDI, que apuesta a que la Fiscalía la cite a declarar a partir de los dichos del ex rector y enviaron un oficio al contralor Jorge Bermúdez para que se pronuncie sobre el caso.

Qué observar. Apenas saltó a la Municipalidad de Santiago, en 2021, la alcaldesa Irací Hassler (PC) dejó en claro que no aplicaría la ley Aula Segura. De ello hay señales explícitas, en una entrevista concedida a Radio Nuevo Mundo, donde afirmó que la Ley 21.128, de 2018, “lo único que vino a hacer fue a criminalizar y desprestigiar a nuestras comunidades educativas”.

• “Nuestro compromiso es que no se va a aplicar Aula Segura. No la podemos derogar, porque es facultad del Congreso, aunque presentemos una propuesta de derogación, pero no la vamos a aplicar. Hay que recuperar las confianzas”, añadió.

Telón de fondo. En medio del aumento de los episodios de violencia en los liceos emblemáticos, que llevaron a la Subsecretaría de Interior a solicitar un fiscal con dedicación exclusiva, el ex rector del INBA, Gonzalo Saavedra, denunció que apenas asumió la administración de Hassler, recibieron la instrucción de no aplicar la Ley N° 21.128, de Aula Segura de 2018, que faculta a los directores a expulsar y cancelar la matrícula de manera inmediata a aquellos estudiantes que estén involucrados en actos violentos y que causen daños a la institución o generen algún perjuicio a quien forme parte de ella.

• “Desde la alcaldía llegó la orden, cuando se asumió, de esta nueva administración, que Aula Segura no era aplicable en la Municipalidad de Santiago”, dijo Saavedra.
• Además, la directora del Liceo Bicentenario Teresa Prats, Denise Berenguela, afirmó este viernes que los directores de establecimientos educacionales se han visto inhibidos de aplicar esa ley, porque “la Municipalidad de Santiago no apoya los procesos sancionatorios”.

La ofensiva de la UDI. Por la mañana, la UDI ya había pedido que la Fiscalía cite a declarar a la alcaldesa, por no aplicar esa ley, al tiempo que reactivó un nuevo proyecto para abordar esa temática.

• Se trata de uno de los flancos más sensibles para la administración de la alcaldesa, y también el de sus antecesoras, a partir de episodios de extrema violencia en los liceos emblemáticos, que esta semana terminó con un estudiante del Instituto Nacional apuñalado en su colegio, y que se suma a las críticas por el desorden, delincuencia y suciedad en las calles de Santiago Centro.
• Ya el 19 de julio, el entonces subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo (PC) envió un oficio al prosecretario de la Cámara de Diputados a partir de un requerimiento del diputado de la UDI Jorge Alessandri: “Solicita se informe el número de estudiantes sancionados conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 21.128, sobre Aula Segura, señalando las medidas disciplinarias que se han decretado en los recintos educacionales de las comunas que integran el distrito N° 10 de la Región Metropolitana”.

• La superintendencia de Educación entregó el número de estudiantes expulsados o a los cuales se les había establecido medidas disciplinarias, sin identificar si eran a partir de la Ley Aula Segura, señalando que no era posible separarlos por temas procedimentales.
• Por la tarde Ex-Ante tuvo acceso a un oficio que enviaron los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Sergio Bobadilla al Contralor Jorge Bermúdez, en el que le piden un pronunciamiento por la situación de Hassler, un referente de la generación de recambio en el PC, en el caso de que los dichos del ex rector del INBA sean efectivos. En ese caso, afirman, “se detecta una eventual infracción al principio de probidad administrativa por parte de la actual jefa comunal de Santiago, considerando que la orden de dejar sin aplicación una ley representa una falta grave”.

Declaración de Hassler. Ante el revuelo que desató la denuncia del ex rector, la Municipalidad de Santiago emitió una declaración en que sale a desmentirlo, pero sin aludir a la ley Aula Segura -ni señalando si la ha aplicado o no- y dejando en claro que el camino que ha tomado Hassler es otro: Resolver los episodios de violencia a través de Protocolos de Convivencia Escolar (RICE).

• “Lamentamos la falsedad y desinformación de las declaraciones emitidas por el señor Gonzalo Saavedra en el programa “Días Contados” del canal Vía X (quien asumió la subrogación de la rectoría INBA durante 9 meses mientras se realizaba el correspondiente concurso por sistema de Alta Dirección Pública). Falsedad por cuanto jamás ha habido una instrucción desde el municipio que solicite contravenir el marco legal vigente; y desinformación puesto que la normativa educacional es clara en precisar las responsabilidades de cada nivel respecto de procesos sancionatorios a estudiantes”, dice.
• “Ante los diversos hechos de violencia que han ocurrido en algunos liceos públicos de la comuna de Santiago, la orientación municipal ha sido siempre utilizar los procedimientos existentes en la normativa educativa, los que se plasman en los respectivos protocolos de convivencia escolar (RICE), los que a su vez han sido construidos y sancionados por las propias comunidades a partir de las Leyes, Reglamentos del Ministerio de Educación y Dictámenes de la Superintendencia. Esto asegura que todas las medidas que se adoptan estén debidamente respaldadas en los cuerpos normativos que rigen a las comunidades educativas y que garantizan el derecho a la educación”.
• Más adelante añade dos ejes. Uno, relativo a desmentir que este año ha sido el más violento de los liceos emblemáticos, y el otro, realizando una crítica a la gestión de su antecesor, Felipe Alessandri, quien fue un firme partidario de la aplicación de la ley Aula Segura. Hassler, siendo concejala, denunció un presunto grupo de WhatsApp creado para conseguir evidencia de estudiantes del INBA para expulsarlos y acusó al ex alcalde de presionar a sus funcionarios por información.
• “En el pasado, los hechos de violencia y los conflictos no solo fueron más recurrentes y extensos, sino que las respuestas resultaron ser poco efectivas y en no pocos casos contribuyeron a agravar las situaciones de violencia. Con estos hechos se privilegió construir un discurso político más que buscar resolver realmente una problemática compleja y de causas multifactoriales. Esto derivó en una presión y un desgaste de las comunidades educativas, lo que se expresó, por ejemplo, en los reveses judiciales por procedimientos mal ejecutados o en actos ilegales como grupos de WhatsApp para crear redes de espionaje”.

Las cifras. De acuerdo a las cifras de la propia Dirección de Educación Municipal de Santiago, a octubre pasado, existía un consolidado de 587 procedimientos, 5 expulsados, 14 matrículas canceladas y 174 alumnos sancionados con suspensiones o condicionalidades, pese a los graves incidentes que se han hecho sentir en los liceos emblemáticos.

VEA AQUÍ EL OFICIO QUE ENVIÓ LA UDI A LA CONTRALORÍA: