En un duro informe la fiscal que realizó la investigación sumaria propuso una sanción de un mes de suspensión a la jueza de garantía Graciel Muñoz tras acreditar que realizaba audiencias telemáticas desde Roma, Italia, pese a declarar bajo juramento que su ausencia en Tribunales se debía a que estaba cuidando a su madre en Chile. Sin embargo, el caso generó fuertes discrepancias entre los 14 jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel sobre las medidas disciplinarias a tomar. Incluso la presidenta de la Corte, Alejandra Pizarro, fue partidaria de absolverla de todos los cargos. Finalmente se optó por una sanción leve de amonestación privada.
Qué observar. El pasado 18 de abril el pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel, informó que se le aplicó a la jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz Tapia (44 años), la medida disciplinaria de “amonestación privada”.
- Esto por haber informado a sus superiores jerárquicos que en los años 2020, 2021 y 2022 -durante la pandemia del Covid- realizó las audiencias telemáticas desde su domicilio en Las Condes, pese a que en realidad durante parte de ese período estuvo viviendo en Roma, Italia.
- Graciel Muñoz es hija del influyente juez y ex presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo.
- La investigación sumaria comenzó en junio de 2023 tras un reportaje de radio BioBío que reveló que la jueza realizaba sus audiencias desde ese país europeo, pese a que según el Código Orgánico de Tribunales los magistrados deben residir en la ciudad donde esté emplazado el tribunal.
- La jueza intentó detener la investigación en su contra a través de un recurso en el Tribunal Constitucional, acusando intromisión en su vida privada y falta de igualdad ante la ley, ya que, según argumentó, varios jueces trabajaron desde sus segundas viviendas durante la pandemia. El recurso fue rechazado.
Investigación sumaria. La sanción impuesta por los jueces fue más leve que la propuesta por la fiscal interna Tita Aránguiz Zúñiga a cargo de la investigación administrativa.
- La fiscal planteó una sanción de suspensión de funciones por el plazo de un mes con el pago de media remuneración.
- La investigación logró establecer que la jueza estuvo fuera de Chile tres meses en 2020; siete meses en 2021; cinco meses y medio en 2022; y cinco meses en 2023. (20 meses y medio en total)
- El 3 de octubre de 2022, para continuar con el teletrabajo, la jueza suscribió una declaración jurada declarándose “grupo de riesgo” de Covid–19 por compartir residencia con su madre adulta mayor y que su “único domicilio” estaba en la comuna de Las Condes.
- “Declaro bajo juramento que tengo estricta necesidad de mantener trabajo telemático, resultando imposible o peligroso para mi salud asistir de manera presencial (…) declaro bajo juramento ser la única persona responsable del cuidado del adulto mayor, sin contar con la ayuda o colaboración de un tercero y que compartimos domicilio con mi padre que también es adulto mayor. Vivimos los 3 juntos”, escribió la jueza Muñoz.
- La jueza reconoció a la fiscal que realizó audiencias desde el extranjero, principalmente Roma, ciudad que conocía ya que en 2016 realizó un Magíster en la Universidad de Sapienza.
- Durante los cuatro años, Muñoz no solicitó autorización a sus superiores ni informó que estaba trabajando vía remota desde el extranjero.
Actitud “reprochable”. En sesión plenaria del 28 de marzo, la Corte de Apelaciones de San Miguel aprobó la investigación de la fiscal Aránguiz.
- Según señala el fallo “el rol de cuidadora declarado por la investigada no ha sido acreditado y se encuentra contradicho por los propios asertos de la jueza señora Muñoz, quien no demostró que se encontraba directa y sostenidamente a cargo de su madre, tampoco fue demostrado que la progenitora la acompañaba en sus viajes al extranjero, de manera de ejercer como su cuidadora”.
- A juicio de los magistrados, en esa circunstancias no declarar que realizaría su trabajo en el extranjero “resulta reprochable (…) afectando los principios de la ética judicial, en especial el principio de integridad”.
- “Su paradero específico era un dato que debía exponer con toda claridad puesto que al no haberlo hecho daba base más que suficiente para inferir que buscó ocultarlo”. De hecho, afirma el dictamen, los propios funcionarios del tribunal desconocían que ella trabajaba desde Italia.
- La fiscal formuló tres cargos contra la jueza. 1) haber realizado sus labores fuera de los límites establecidos por la Constitución sin autorización; 2) haber informado su domicilio en Chile, pese a que sólo estuvo en ocasiones en el país; y 3) poner en riesgo al Poder Judicial como empleador frente a posibles accidentes laborales.
- El fallo de la Corte de Apelaciones sólo acogió el segundo cargo, rechazando los otros dos.
Discrepancia entre jueces. La medida disciplinarias impuesta a la jueza Muñoz generó una fuerte discrepancia entre los 14 jueces presentes en el pleno. Hubo diversas posturas respecto a las sanciones y a las faltas cometidas.
- La presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Alejandra Pizarro, y la jueza Liliana Mera, votaron en contra de aplicar sanciones y pidieron absolver de todos los cargos a la magistrada ya que consideran que no hubo falta a la ética.
- Según argumentaron, los viajes de Muñoz no afectaron la continuidad y normalidad de su trabajo, y que el formulario para el teletrabajo no exigía especificar domicilio. “No quedó acreditado que la investigada hubiera incurrido en una falta abierta, clara y precisa en el cuidado de su progenitora. Los antecedentes no son demostrativos de la forma en que debía discurrir el cuidado de la adulta mayor que afirmó realizar, como tampoco si alguna vez viajó en compañía de ella o que el control correspondiente a su bienestar hubiese podido hacerse por algún otro medio”.
- Por el contrario, las juezas Sylvia Pizarro y Claudia Lazen, señalaron que eran partidarias de aplicar la sanción propuesta por la fiscal de suspensión de un mes por los tres cargos imputados.
- La jueza María Soledad Espina planteó aplicar 15 días de suspensión, debido a la gravedad del primer y segundo cargo.
- La jueza Carolina Catepillán propuso una censura por escrito, ya que consideró acreditados todos los cargos.
- El juez Edwin Quezada consideró que debía ser sancionada por el primer cargo y no así por el segundo.
- El juez Leonardo Varas también acogió el primer cargo al no cumplir el deber de residencia.
- La mayoría optó por la sanción de amonestación privada, la que fue notificada a la jueza el 3 de abril.
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