En los últimos días hemos visto una nueva ofensiva judicial para reabrir procesos ya resueltos en torno a solicitudes de ECMPO en la región de Aysén. Las ECMPO (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios) son una figura creada por la Ley Lafkenche que permite a comunidades indígenas solicitar la administración de áreas del borde costero para resguardar usos tradicionales. Desde el Consejo del Salmón respetamos el Estado de Derecho y el derecho de las comunidades a recurrir a las instancias que contempla la institucionalidad.
Pero otra cosa muy distinta es normalizar una dinámica que termina instalando incertidumbre permanente en todo el borde costero chileno.
Cuando procesos rechazados en más de una oportunidad pueden volver a foja cero una, otra y otra vez, no estamos frente a un debate puntual, sino ante una señal estructural preocupante. Hoy, extensas zonas del litoral quedan atrapadas en una especie de limbo administrativo y judicial que se prolonga por años.
Según antecedentes públicos, en la macrozona sur existen decenas de solicitudes en tramitación que abarcan superficies significativas del litoral y cuyos plazos superan ampliamente lo previsto originalmente por la normativa. Y esa incertidumbre no sólo afecta a un sector productivo, impacta el desarrollo regional, la infraestructura, la inversión y, sobre todo, las oportunidades de miles de familias.
Hoy existen 144 Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) en Chile, y el 75,7% de ellos se concentra en la Región de Los Lagos. La magnitud de esta figura es elocuente: las ECMPO ya otorgadas equivalen a 14 veces el espacio actualmente disponible para la salmonicultura, y las solicitudes en trámite —que alcanzan casi 4 millones de hectáreas (3.881.323)— superan en 1.400% la superficie que hoy utiliza la actividad. Estas cifras no solo evidencian la escala del instrumento, sino también la enorme brecha entre el potencial productivo del borde costero y su uso efectivo, en un contexto donde amplias extensiones permanecen con bajo nivel de ocupación mientras nuevos proyectos enfrentan crecientes restricciones para desarrollarse.
El sistema está mostrando debilidades evidentes. Participan múltiples instituciones, con tiempos, criterios y competencias distintas, y aún así no se logra certeza. Esa falta de claridad tiene consecuencias concretas: proyectos que no avanzan, relocalizaciones que se congelan y regiones que ven pasar oportunidades de crecimiento mientras el país compite en un escenario global cada vez más exigente.
Aquí no se trata de desconocer derechos de los pueblos originarios, sino de compatibilizarlos adecuadamente con otras actividades económicas mediante plazos perentorios, criterios técnicos uniformes, ventanillas únicas de tramitación y límites claros a la reiteración judicial sobre los mismos hechos.
Por ello, las palabras del presidente electo, José Antonio Kast, entregan algo de esperanza, pues apuntan a una reflexión de fondo. Cuando señala que Chile podría convertirse en la primera potencia salmonicultura a nivel global, no habla sólo de una industria, sino de una oportunidad país. Instala un debate que ya es ineludible. Cómo perfeccionamos la ley lafkenche, cuyo espíritu es valioso, pero cuya aplicación ha evidenciado vacíos que hoy generan abusos y entrampamientos.
Esa visión debiera traducirse en una agenda concreta de política pública: modernización institucional, coordinación interministerial efectiva, definición de estándares objetivos y mecanismos de resolución temprana de controversias que otorguen certeza jurídica sin debilitar la protección cultural y ambiental.
Si no corregimos estos vacíos el riesgo es claro. Podemos terminar consolidando un escenario donde cualquier actividad en el borde costero quede expuesta a una judicialización interminable. Y cuando la incertidumbre se vuelve permanente, el resultado es la parálisis. No hay inversión, no hay innovación, no hay desarrollo sostenible posible.
Chile es un país costero. Nuestro litoral puede ser —si lo hacemos bien y con una verdadera política de Estado— una fuente de seguridad alimentaria, empleo, identidad y futuro. Por eso, el desafío no es enfrentarnos entre nosotros, sino construir reglas claras que permitan convivencia, desarrollo y certezas institucionales. En definitiva, avanzar hacia ese futuro esplendor al que alude nuestro himno nacional.
El borde costero no puede quedar atrapado en un ciclo infinito de incertidumbre. Lo que está en juego no es una discusión puntual, sino la capacidad que tiene Chile de proyectar desarrollo desde sus regiones, con responsabilidad, con sostenibilidad y una visión de largo plazo. Ese es el debate que el país necesita hoy.
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El litio y la arquitectura del consenso público-privado: Un modelo para el desarrollo. Por Manuel Reyes. https://t.co/u4KrQpnfXJ
— Ex-Ante (@exantecl) March 5, 2026
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