Todos los gobiernos democráticos se enfrentan con frecuencia a la disyuntiva de llevar sus propuestas de reforma a votación sabiendo que van a perder, pero con las botas puestas y culpando a sus adversarios, o modificarlas tanto como sea necesario para conseguir mayoría y aprobarlas.
Durante los gobiernos de la Concertación hubo muchos, que como Jadue y parte de los parlamentarios oficialistas hoy, proponían no ceder en los propósitos originales aunque eso costara no avanzar y que lo que se quería cambiar permaneciera sin modificaciones. Pero si se convirtió en la coalición que más tiempo consecutivo ha gobernado Chile en su historia fue justamente porque puso siempre por delante la necesidad de avanzar en la resolución de los problemas, aunque no fuera todo lo que se deseaba, aunque no fuera exactamente con el mecanismo que se creía el más adecuado a su perspectiva política.
Los que gobiernan hoy que tanto denostaron los cambios “en la medida de lo posible” han de reconocer que en democracia es siempre así, todo lo que se hace es lo que permite la correlación de fuerzas en la sociedad y en el Congreso, así como lo que es sustentable financieramente.
Que nadie se llame a engaño, cuando una reforma se cae y no se logra avanzar ni un solo milímetro en el abordaje del problema que se quiere resolver. Por supuesto todos son responsables para la ciudadanía, pierde adhesión la democracia como sistema cuando se revela incapaz de resolver los problemas que ha identificado. Pero como diría Orwell, hay unos que pierden más que otros, siempre el principal responsable del fracaso será el gobierno de turno, el que toma la decisión de modificar o no un proyecto para conseguir mayoría o condenarlo al fracaso.
Por supuesto, intentará desplazar la responsabilidad a la oposición y puede tener algo de éxito, pero finalmente seguirá siendo el principal responsable de que las cosas no avancen. Los fracasos de Bachelet y Piñera en sus intentos de reforma al sistema de pensiones fueron originados por un oposición inflexible, pero eso no los exime de su responsabilidad principal y son, a ojos de la ciudadanía, principalmente sus fracasos.
El riesgo del gobierno es que le ocurra con la reforma de pensiones lo mismo que le sucede con la enorme batería de leyes aprobadas en estos años en materia de seguridad pero que se ve imposibilitado de capitalizar porque a su coalición, o al menos a parte de ella, le avergüenzan.
De seguro es lo más importante de lo que ha hecho este gobierno: aumentar significativamente la preparación y atribuciones del Estado para combatir la delincuencia e inseguridad, porque es la principal preocupación ciudadana, pero no está orgulloso de ello, no puede enarbolar con propiedad esta dimensión de lo hecho, porque la identidad política de muchos de sus apoyos se configuró en el pasado en oposición radical a aumentar la capacidad estatal de responder a la demanda de orden y, lo que agrava más aún la situación, es que algunos mantienen intacta esa identidad votando y hablando en contra de las propuestas y acciones de su gobierno en esta materia.
Podría ocurrirle lo mismo con la reforma de pensiones, porque hay quienes permanecen ciegos al cambio que representó la PGU y sordos a la evolución de la percepción ciudadana generada en buena medida por los retiros impulsados con fervor desde la izquierda.
El último estudio de opinión de Pulso Ciudadano de Activa Research muestra que un 50,6% es partidario de que el 6% adicional con cargo al empleador que está en discusión vaya íntegramente a su cuenta de capitalización individual y sólo 14,5% que sea destinado en su totalidad a un fondo solidario, mientras 20,9% preferiría que se distribuyera por mitades entre ambos. Pero lo interesante es que un no despreciable 31,7% de quienes se autodefinen como partidarios del gobierno prefieren que todo vaya a capitalización individual y sólo un 23,1% que vaya a solidaridad.
Un estudio hecho por Acierta Consultores para la revista Monitor Legislativo entrega cifras similares. Confirma que la abrumadora mayoría (81%) está de acuerdo con que se realice rápido una reforma al sistema de pensiones, que una minoría (28%) concuerda que una parte de su cotización vaya a un fondo común, pero el 63% aceptaría que vaya a la cuenta de capitalización de sus padres y una importante minoría (39,3%) estaría dispuesta a pagar más impuestos para que aumente la PGU.
La izquierda debe considerar que una minoría pequeña de la población (18,7% en Pulso Ciudadano, sólo 21,5% de los partidarios del gobierno) prefiere un sistema de reparto, contrastando con la voluntad declarada de buena parte de las fuerzas de gobierno, mientras que la derecha debe tomar en cuenta que sólo un 12,1% de la población evalúa bien el desempeño de las AFP (22,7% entre quienes se identifican con la derecha) y una amplia mayoría (55,9%) de la gente está de acuerdo con que, para mejorar pensiones, se debe eliminarlas.
El país no merece que la intransigencia o el cálculo político electoral impidan por tercera vez consecutiva avanzar en resolver la falla de origen del sistema que pretendió mejores pensiones disminuyendo la cotización a la mitad. Es urgente aumentar la cotización con cargo al empleador, aumentar la competitividad del sistema, resolver la desigualdad de género y mejorar las pensiones actuales de la clase media.
No puede caerse la reforma por maximalismos de unos y/u otros. La gran mayoría de los chilenos (57%) cree que nuevamente la política va a fracasar en reformar el sistema de pensiones. Contrariar esa creencia mayoritaria puede representar el inicio de la recuperación del prestigio y valoración de las principales instituciones de la democracia. Confirmarla, en cambio, seguirá profundizando el descrédito y la desconfianza.
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