Agosto 26, 2022

La detención de Llaitul: La bomba de racimo que golpea al Gobierno y al Apruebo. Por Jorge Schaulsohn

Ex-Ante
Crédito: Agencia Uno.

La verdad es que la detención de Llaitul al gobierno le genera problemas que no estaba en sus planes. El presidente Boric nunca quiso querellarse contra él y su coalición está dividida ya que un sector importante rechaza todas las medidas de fuerza y en particular la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.


La revelación de que la ahora exministra Jeanette Vega, encargada de la distribución de tierras en la Araucanía intentó tomar contacto con el líder de la CAM (no sabemos aún si hablaron) podría explicar la falta de entusiasmo del gobierno por su detención. Es difícil creer que todo haya sido una “arrancada de tarros” de una ministra que, además, es un cuadro político de primer nivel. Para su partido, el PPD, ella solo estaba implementando las políticas del gobierno de dialogar con todos.

La petición de renuncia a la ministra Vega por una llamada efectuada hace cinco meses, cuando el gobierno defendía la tesis de que había que negociar con todos incluyendo a Héctor Llaitul, dejó en evidencia un gobierno inseguro de si mismo, sorprendido y conflictuado con la detención.

La crisis política desatada por la salida de Jeanette Vega y la estela de dudas y preguntas que quedan dando bote coparán la agenda de los pocos días que quedan hasta el plebiscito, succionando el oxígeno del espacio para debatir sobre los méritos del texto constitucional.

La atención de los medios y de la opinión pública estará centrada en la violencia mapuche y sus reivindicaciones territoriales y por ende en los aspectos más impopulares de la propuesta de la Convención tales como el estado plurinacional, territorios autónomos y justicia paralela.

Como es lógico, la oposición no soltará la presa;  se viene una comisión investigadora sobre los posibles contactos entre personeros del ejecutivo y Llaitul que ayudará a mantener abierta la herida por la que sangran el gobierno y el apruebo.

Para cualquier gobierno normal la detención y procesamiento por la justicia de un terrorista con un extenso prontuario y varias condenas en el cuerpo, querellado por infracciones a la Ley de Seguridad Estado desde el año 2020 habría sido un regalo caído del cielo; y a éste le venía a como anillo al dedo ad-portas de un plebiscito en el que se juega su futuro.

Sobre todo, considerando que existe una enorme demanda por una mano más dura y eficaz en el combate a la violencia mapuche y la detención de Héctor Llaitul es recibida con satisfacción y algarabía por la población en general.

Sin embargo, el gobierno optó por bajarle totalmente el perfil al asunto; la ministra del Interior, en un escueto punto de prensa, se limitó   a formular un insólito llamado “transversal a no sacar dividendos políticos” de la detención.

¿Por qué no sacarle provecho político a una buena noticia que llega cuando más se necesita?

¿No debería ser la oposición la preocupada de que el gobierno intentaría obtener ventaja por la detención de un terrorista?

El gobierno no estaba al tanto de la inminente detención de Llaitul y todo indica que fue sorprendido por la noticia. Se enteró por la prensa. La ministra del Interior habría sido informada cuando ya se había concretado la detención mientras participaba en un almuerzo con dirigentes oficialistas y opositores por el plebiscito.

La verdad es que la detención de Llaitul al gobierno le genera problemas y no estaba en sus planes. El presidente Boric nunca quiso querellarse contra él y su coalición está dividida ya que un sector importante rechaza todas las medidas de fuerza y en particular la aplicación de la Ley de Seguridad Del Estado.

A Llaitul lo detuvieron en virtud de una  querella presentada por el expresidente Piñera el 2020 y “ampliada” por el gobierno que no pudo resistir la presión de la opinión pública, pero que se negó terminantemente a interponer una nueva. No quiso dejar sus “huellas digitales” invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Hay que recordar que el programa de Boric propone derogar la ley que permitió en otra ocasión la detención del líder de la CAM y que el actual ministro Jackson impulsó un proyecto en su época de diputado para acabar con la que catalogó como una “ley represiva”.

En el mes de mayo 2022 Gabriel Boric anunció que su gobierno optaría por el dialogo con todos para resolver el conflicto de fondo en la Araucanía.

Al gobierno no le resulta intolerable el uso de la violencia con fines políticos toda vez que ellos mismos la avalaron durante el estallido social y le asignaron un rol protagónico en la existencia misma de la Convención Constitucional.

Los puentes entre Apruebo Dignidad y Héctor Llaitul nunca se han cortado y por eso   se siente traicionado por un sector de la izquierda que siempre lo miró con simpatía, alentó su conducta y lo consideraba interlocutor válido.

La violencia en la Araucanía no terminará en un futuro predecible. A los mapuches les está yendo bien, van ganando, abriéndose camino, recuperando tierras y legitimidad. Si hasta han escrito parte de la nueva constitución, estableciendo una justicia Paralela y derecho de veto a las reformas constitucionales que afecten sus derechos

La resistencia armada no colgará lo guantes; gracias a ella los mapuches logran cambiar la esencia del Estado de Chile y la forma como entendemos nuestro pasado adoptando en el proyecto de nueva constitución el concepto plurinacional, que si entra en vigor dará sustento jurídico a muchas de sus reivindicaciones.

Como señala el abogado Isidro Solís, el lunes 5 de septiembre, si gana el apruebo, Héctor Llaitul va a reclamar que se le apliquen a  él como causa emblemática todos los derechos de los sistemas de justicia indígena.

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