Mayo 29, 2023

La capitalización individual desactiva una bomba de tiempo. Por Karol Fernández

Coordinadora Desafíos Económicos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián

Ad porta de una reforma de las pensiones se abren distintas preguntas que como sociedad debemos resolver: ¿Se requiere de solidaridad intergeneracional más allá de la PGU?, ¿Hay grupos prioritarios?, ¿Cuánto debiese ser el monto de ese apoyo?, y ¿Cuál debiese ser el mecanismo para financiarlo?.


En los últimos meses hemos sido testigos de las masivas protestas en Francia ante el incremento en la edad de jubilación, necesario para darle sostenibilidad financiera a su alicaído sistema público de reparto. En 2018 en Nicaragua, el anuncio de un incremento de la tasa de cotización unido a una rebaja en los montos de pensión para hacer frente al déficit de su sistema de reparto gatilló una serie de protestas violentas en el país, que incluso terminó con cerca de 300 víctimas fatales. Pero la lista no termina ahí: hubo protestas en España en 2018 exigiendo el reajuste de las pensiones públicas al IPC y en Argentina en 2017 en contra de la rebaja de las pensiones para contener el gasto público. Los sistemas de reparto alrededor del mundo se ven en la necesidad de ajustar sus parámetros para mantener a flote sus sistemas: entre 1995 y 2022, 82 países aumentaron la tasa de cotización, 65 aumentaron la edad de retiro y 67 ajustaron la fórmula de cálculo de los beneficios o directamente disminuyeron los beneficios (FIAP, 2023).

Los sistemas de pensiones como el chileno, basados en la capitalización individual de los ahorros desactivan la bomba de tiempo que representan los esquemas de reparto. Los sistemas de reparto se basan en una pirámide poblacional que ya no existe debido al aumento en las expectativas de vida y a la disminución en la tasa de fertilidad que conducen a que cada vez haya más personas en edad jubilar en comparación al número de trabajadores aportantes. Esta situación se agrava ante el tardío ingreso al mercado laboral de los jóvenes, la falta de correspondencia entre el esfuerzo de cotización y el beneficio entregado y la informalidad del mercado laboral.

Por ello, no es de extrañar que distintas voces políticas y académicas hayan manifestado su preocupación ante la propuesta del Gobierno de destinar el 6% de cotización adicional a un esquema de cuentas nocionales, que es otra forma de reparto y que reactivaría esa bomba de tiempo. En un gesto de sensatez y de apertura al diálogo, el hoy ex-subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín hizo pública su posición de dar pie atrás con las cuentas nocionales a fin de buscar otra solución para incorporar solidaridad intergeneracional en el sistema.

Ad porta de una reforma de las pensiones se abren distintas preguntas que como sociedad debemos resolver: ¿Se requiere de solidaridad intergeneracional más allá de la PGU?, ¿Hay grupos prioritarios?, ¿Cuánto debiese ser el monto de ese apoyo?, y ¿Cuál debiese ser el mecanismo para financiarlo? Mientras no avancemos en responder esas preguntas, a través de un diagnóstico claro y transparente, será muy difícil concretar la tan anhelada reforma de pensiones.

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