La arriesgada apuesta de Marcel de unir el destino de la Reforma Tributaria a un posible estallido social (y cómo dejó perpleja a la oposición)

El ministro de Hacienda Mario Marcel insistió en que la Pensión Garantizada Universal no estaba financiada en la administración Piñera, lo que llevó a Evópoli a suspender una reunión que tenía agendada este lunes con él. El trasfondo del conflicto, sin embargo, apunta a la molestia y sorpresa que ha generado en Chile Vamos la forma en que Marcel está presionando la reforma, primero a través de negociaciones con el empresariado y luego vinculando el destino del proyecto a un eventual estallido social. Lo que más genera perplejidad es que el ministro levante este discurso en plena negociación de la tributaria, donde no tiene los votos en el Senado y en Chile Vamos, especialmente en la UDI, ya apuntan a condicionar el proyecto a una iniciativa más parecida a una agenda pro crecimiento que al cumplimiento del programa de Boric.

Qué observar. Las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en una entrevista en Mesa Central de Canal 13, en que señaló que la Pensión Garantizada Universal no estaba completamente financiada en la administración Piñera y que si no se logra un nuevo pacto fiscal, que sea duradero en el tiempo, podría significar “un riesgo para el país de grandes magnitudes” haciendo referencia al estallido social de 2019 sigue generando un debate entre los diferentes sectores políticos.

• Los representantes de Evópoli, quienes tenían este lunes la reunión en que abordarían el nuevo pacto fiscal decidieron bajarse de la mesa, sosteniendo que el jefe de las finanzas agravió al Congreso -que aprobó el proyecto- al afirmar que la PGU no estaba financiada.
• El secretario de estado aprovechó en el lanzamiento del fondo de inversión para el desarrollo del Hidrógeno Verde de ratificar sus palabras.

Perplejidad en la oposición. Los dichos de Marcel, quien junto a Tohá configuran la dupla fuerte de la administración Boric, fue comentario obligado en el Congreso.

• Desde la oposición no entendían el momento elegido por el Ministro de Hacienda para abrir este debate, en momentos en que él está liderando las negociaciones para tratar de reingresar el proyecto de Reforma Tributaria al Senado para lo que requiere 2/3 de los votos de la Cámara Alta, los que hoy día no los tiene.
• Varios trataron directamente de faltar a la verdad al secretario de Estado, quien, para algunos, desgastó parte de su capital negociador en esta pasada.
• La oposición, más que en el estallido social, que los indignó, apuntaron a los dichos del ministros a la falta de recursos que acusó de la PGU en la administración Piñera.
• “Es una curiosa forma de llamarnos al diálogo cuando dice, entre otras cosas, que nosotros hicimos algo totalmente ilegal e inconstitucional, como sería aprobar la PGU sin financiamiento”, aseguró el diputado y jefe de bancada de la UDI Guillermo Ramírez, en conversación con Tele13 Radio.

La versión de Desormeaux. Hacienda, lejos de morigerar la polémica levantada por el ministro, se encargó de distribuir dos informes que justificaban las palabras del ministro de Hacienda uno del banco de inversiones LarrainVial, quienes no quisieron emitir declaraciones y el del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

• Jorge Desormeaux, quien era el presidente en el momento que el Consejo Fiscal Autónomo, concurrió entonces al Congreso a advertir los temas de financiamiento del proyecto que creaba la PGU.
• “Nos preocupaba el financiamiento a largo plazo. En Chile, lo habitual es que se hagan programas con cuatro años de proyección que para un caso de pensiones no es consideramos adecuado ya que tiene que ser un plazo mucho más largo. También cuestionamos algunas fuentes de financiamiento”, dice el economista.
• Añade que las observaciones también señalaban que no era bueno que el financiamiento “fuera en base al fondo de reserva de pensiones. No nos parecía adecuado, e hicimos también comentarios respecto del plazo del financiamiento”.

Telón de fondo. Marcel no solo generó un fuerte malestar en la oposición, sino que, además, el malestar se extendió hace otros sectores del Senado, complicando aún más que la reforma pueda ingresar al Senado en julio, tras la derrota en la Cámara de Diputados.

• La senadora Ximena Rincón (Demócratas), por ejemplo, cuestionó al ministro, expresando que el CFA informó sobre la recaudación y financiamiento, indicando que hacia 2050 no existía convergencia entre el gasto y el déficit, pero luego en sesión del 19 de enero 2022, tras dejar sin efecto la eliminación del 0,2% al Fondo de Pensiones del proyecto original, el CFA estimó que el financiamiento vía provisiones era “un financiamiento válido”.
• El que el jefe de las finanzas uniera la reforma a un posible estallido social, pese a que él siempre ha sido visto como una garantía de la administración Boric en términos económicos, es tanto para la izquierda como la la derecha un diseño muy arriesgado.
• El 1 de junio, en la cuenta pública, Boric había unido el destino de la reforma a aspectos muy sensibles del programa, incluyendo que una vez aprobada la reforma tributaria era el momento de hablar de la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
• Marcel tuvo que salir a aclarar los dichos del Presidente.
• El ministro ya había abierto conversaciones con Chile Vamos antes de la Cuenta Pública de Boric, pero lo lejos que llegó el Presidente indignó a Chile Vamos, el sector donde el gobierno está perfilando la negociación en el Senado.
• De ahí las señales de dureza que se ha enviado en las últimas semanas en Chile Vamos, en especial la UDI.
• Si bien Boric y su gobierno han dejado de embestir contra los republicanos, lo que da un espacio para Chile Vamos no sea tironeado desde el partido de Kast, aquello está lejos de ser suficiente y el partido de Javier Macaya apuesta a levantar un plan propio de reforma tributaria, más parecido a una agenda pro crecimiento que a una recaudación de fondos para cumplir el programa de gobierno de Boric.
• Lo que ahora descolocó a la oposición es que el ministro ya había salido a inyectar una dosis de realismo a las coaliciones de gobierno tras la cuenta pública presidencial, sugiriendo que la reforma puede recaudar cerca de 2 puntos del PIB, la mitad de lo proyectado en la campaña.