Las primeras horas del gobierno de José Antonio Kast han estado marcadas por hechos que remecen a cualquier sociedad que aspire a la paz y al desarrollo: el brutal ataque a un carabinero en Puerto Varas, la agresión con piedras al vehículo del subsecretario de Relaciones Exteriores el mismo día del cambio de mando y el confuso incidente protagonizado por el ex constituyente Rodrigo Rojas Vade, sin olvidar el hallazgo del cuerpo de una mujer frente a la casa de una alcaldesa durante la misma semana. Estos sucesos, algunos delitos gravísimos y totalmente repudiables, son símbolos de un clima violento que Chile viene arrastrando hace años, mucho antes de este cambio de mando.
Creo que es indispensable hacer dos cosas a la vez: reconocer con honestidad la profundidad de la crisis de seguridad y, al mismo tiempo, evitar la tentación de convertir cada tragedia en un arma de disputa política. Hoy, más que nunca, se pone a prueba nuestra madurez institucional.
El presidente Kast no llega a La Moneda por accidente. Llega, entre otras cosas, porque una mayoría de chilenos siente miedo o ha sido víctima de un delito: miedo a salir de noche, miedo a que su negocio sea asaltado, miedo a perder lo que con esfuerzo ha construido. Ese temor es transversal: lo viven comerciantes de barrio, emprendedores, trabajadoras, ejecutivos, transportistas y familias completas.
En campaña, Kast ofreció “mano firme” contra el crimen organizado, que ciertamente ha cambiado la forma de delinquir en nuestro país, una agenda de cárceles de alta seguridad, mayor respaldo a las policías y control irrestricto de nuestras fronteras contra la inmigración. Ese mandato no es un cheque en blanco, pero sí es un mandato claro: recuperar el orden y hacer respetar la ley.
Pretender que la violencia de estos días es “culpa” solo de un gobierno que recién comienza sería intelectualmente deshonesto, pero también sería irresponsable minimizarla. Lo que vemos es la expresión de un deterioro acumulado por décadas como sociedad y la prueba de fuego será si la nueva administración será capaz de pasar del discurso a la eficacia.
Hemos vivido años en que el Estado parecía estar ausente frente a la delincuencia, mientras muchos en política optaban por explicaciones que podían ser ciertas, pero que nunca se tradujeron en protección concreta para las personas. Ahora corremos el riesgo inverso: que, frente a la indignación legítima, se justifique cualquier medida, sin mirar sus efectos sobre las libertades, el Estado de Derecho y, en definitiva, sobre nuestra esencia como sociedad.
Desde una mirada cristiana y republicana, la seguridad no es solo control, es también dignidad. Respetar la vida del carabinero que arriesga todo en un operativo es tan importante como resguardar los derechos del ciudadano común, del migrante, del joven de población. La ley debe aplicarse con firmeza, pero también con límites claros, controles efectivos y respeto irrestricto a los derechos humanos.
El gobierno deberá caminar sobre una línea muy delgada: si se queda solo en el discurso duro, decepcionará a quienes esperan resultados en 100 días; si cruza ciertos límites en nombre del orden, dañará la confianza en las instituciones y profundizará la polarización, el odio y el conflicto que tanto nos daña como país.
En estos días, muchas voces se han alzado temiendo retrocesos en derechos como endurecimiento sin controles en políticas de orden público, un énfasis excesivo en la mano dura por sobre la prevención y la inclusión que lamentablemente no son tema. Dichas voces no deben ser descalificadas automáticamente como “ideologizadas” o “extremas”.
Pueden estar equivocadas en parte de su diagnóstico, pero representan sensibilidades reales de una sociedad plural. Escucharlas no debilita al gobierno, al contrario, lo puede fortalecer si logra integrar dichas preocupaciones en un diseño de política pública seria.
Sé que toda reforma que ignora a actores claves de nuestra sociedad, termina generando costos y resistencias que se traducen en inestabilidad. La agenda de seguridad que Chile necesita tiene que ser firme frente al delito, pero también razonable, basada en evidencia y capaz de generar mínimos comunes.
Quienes estamos en el mundo de la empresa -grandes, medianas y pequeñas- sabemos que sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay empleo ni movilidad social. Pero también sabemos que sin cohesión social, sin sentido de justicia y de trato digno, la paz es frágil y siempre está bajo amenaza.
El desafío para el presidente Kast no es solo “ser duro” con la delincuencia, tarea que, por lo demás, es de todo el Estado que debe investigar, esclarecer y sancionar. Se debe ser eficaz, respetando las libertades, y capaz de demostrar que orden y desarrollo pueden ir de la mano con respeto y diálogo. Por su parte, el desafío para la oposición no es apostar al fracaso en seguridad para cobrar créditos políticos: si a Chile le va mal en esta materia, perdemos todos.
Los hechos de estos días nos duelen y nos indignan. Pero también pueden ser el punto de partida para un pacto más serio y responsable. Creo que la justicia sin misericordia se vuelve crueldad, y la misericordia sin justicia se vuelve impunidad. Chile necesita ambas cosas. Esa es la vara con la que, tarde o temprano, se juzgará al gobierno de José Antonio Kast: su capacidad de reducir la violencia sin dañar el alma democrática del país.
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