José Miguel Aldunate y acusación constitucional en Caso Audios: “El Poder Legislativo no se tiene que meter en decisiones del Poder Judicial”

El director ejecutivo del Observatorio Judicial aborda el proceso de remoción de la jueza Ángela Vivanco: “Es sano que la Corte Suprema inmediatamente tome cartas en el asunto. Ese es un camino. Y el otro camino es el de la acusación constitucional, que a mí no me parece ideal”. Aldunate, en todo caso, señala que es “muy prematuro” afirmar que en los chats de Luis Hermosilla y Vivanco hay delitos involucrados.

-¿En estos chats de Hermosilla y Vivanco hay delitos involucrados o son más bien conductas reprochables?

-Es una fase muy prematura para decir algo así. Pero sí hay una infracción a los deberes de imparcialidad y al rol de un juez independiente que uno espera de un ministro de la Corte Suprema. Y eso a mí me parece muy grave, porque atenta contra la legitimidad del Poder Judicial. Este es un golpe no solo contra ella misma (Vivanco), sino que contra la reputación de toda la Corte Suprema.

-¿Pero hay cierta evidencia de tráfico de influencias?

-Falta investigar más. Pero, ciertamente, puede gatillar dos tipos de procesos. Por una parte un proceso disciplinario. De hecho la Corte Suprema ya abrió un cuaderno de remoción de la ministra y como medida cautelar la suspendió, cosa que a mí me parece bien porque significa que los mecanismos internos del Poder Judicial funcionan. Es sano que la Corte Suprema inmediatamente tome cartas en el asunto. Ese es un camino. Y el otro camino es el de la acusación constitucional, que a mí no me parece ideal.

-¿Por qué?

-No me parece conveniente porque significa que hay un poder del Estado, que es el Legislativo, que interfiere en otro poder del Estado. Si uno mira hacia el pasado, aparece el escándalo de los tres ministros de la segunda sala, Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, en 2018. Y la acusación contra la ministra Silvana Donoso en 2020. En ambos casos fue por decisiones que tomaron los jueces en el ejercicio de su función. Las dos fueron rechazadas y bien rechazadas.

El Poder Legislativo no se tiene que meter en las decisiones del Poder Judicial. En el caso de Vivanco lo que hay es el actuar de una ministra atentando contra sus deberes de independencia e imparcialidad. Por lo tanto es otra figura. Podría eventualmente configurarse un notable abandono de deberes, en mi opinión. Dicho eso, la pregunta es si es conveniente o no una acusación constitucional.

-¿Tú crees que no?

-A mí me parece que si el propio Poder Judicial echa a andar la máquina interna y logra sancionar a la ministra Vivanco; si vemos un proceso con todas las de la ley, estimo que no sería buena una acusación constitucional. Sería menos sano. Hoy el sistema de nombramiento está configurado de tal modo que hace inevitable las presiones desde y hacia el sistema político. Por eso la ministra María Teresa Letelier dijo correctamente: aquí nadie lo nombró el Espíritu Santo.

-Todos los ministros de la Corte Suprema tuvieron que conseguir los votos en el Senado y los apoyos en la Presidencia. ¿El proceso necesita arreglos?

-Claro. El proceso debería estar mejor regulado, de manera de disminuir esa discrecionalidad inevitable de la política para nominar a los ministros de un órgano como la Corte Suprema. La política debe tener un espacio para intervenir ese nombramiento, pero ese espacio tendría que ser más acotado, con mayor claridad y transparencia.

-¿Qué tan preocupante es la desconfianza en el Poder Judicial, cuando hay varios jueces en la Comisión de Ética?

-Es muy desalentador. Todos los indicadores muestran sostenidamente en los últimos años una bajísima confianza de las personas en el Poder Judicial. Un Estado de derecho no funciona si no hay reglas estables, que se aplican con imparcialidad y con objetividad por parte de los jueces, que son sus guardianes. Si eso no se cumple, hay una crisis generalizada en todo el sistema.

-Luis Cordero dio a entender que el Presidente podría intervenir. ¿A qué se refería?

-Entiendo que hay una atribución en el artículo 32, pero a mí me parece que la reacción primera del presidente fue apresurada. Si uno la compara con la reacción del Presidente Lagos, cuando dijo que había que esperar a que las instituciones funcionaran, Boric queda al debe. Ese entusiasmo que uno le escuchó a Boric fue imprudente.

-¿Esto puede ser como un castillo de naipes que se va desmoronando si siguen apareciendo nuevas revelaciones sobre otros nombramientos?

-Lo que creo que va a pasar, y espero que pase, es que tengamos una discusión de una buena vez, sobre la reforma del sistema de nombramiento, tanto a nivel de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones y los tribunales de instancia. Hay un déficit profundo en ese ámbito. Hemos tenido varios intentos de modificación, que se han ido posponiendo una y otra vez desde hace mucho tiempo.

-Una cosa es que haya vicios en el nombramiento, pero otra si esos nombramientos influyen en las decisiones de los jueces. ¿Hay luces sobre ese tipo de conductas?

-No tenemos muchas luces sobre eso. Hoy día tienes un sistema de disciplina que tiene muy escasa regulación. En la práctica, no tiene sanciones ni faltas establecidas con claridad. La conclusión es que no se aplica. Es indispensable una reforma al gobierno judicial.

-¿Crees que no es solo el caso de Hermosilla y Vivanco, sino que es algo más sistémico?

-Más bien hay un mal sistema, que deja espacio para que ocurra este tipo de conductas. Uno no quiere creer que todos los jueces se dejen influenciar de esta manera, ni que tengan este nivel de conversaciones con abogados particulares.

-¿Qué es lo más grave de los chats?

–Cuando Hermosilla le pregunta a Vivanco si va a integrar una sala determinada. Es impresionante que ella no manifestara indignación inmediata ante la sola pregunta. Al final ella no terminó integrando la sala que le interesaba a Hermosilla. Menos mal. Pero ¿cómo ella acepta esa pregunta? Eso es lo más impactante.

Ahora bien, todos los ministros quieren obtener su propio nombramiento. Es sano que tengan ambición. A las personas les cuesta entender que, con las reglas que tenemos hoy, es normal que los ministros tengan que recurrir al Congreso y a la Presidencia para obtener su nombramiento. Pero cuando ella interviene en el nombramiento de otros ministros, el asunto es más cuestionable.

-Otros que podrían ser acusados son Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus. ¿Cómo observas esos casos?

–El caso de Jean Pierre Matus me parece muy distinto porque tuvo conversaciones con el abogado Hermosilla, cuando él no era juez. El abogado Hermosilla era un abogado de la plaza. Jean Pierre Matus era otro abogado. Dos abogados pueden conversar y no hay ningún crimen en eso. Matus no tenía ningún deber de imparcialidad que cuidar en ese momento. Es normal que los candidatos a integrar el Poder Judicial, hayan tramitado antes intereses particulares. En eso consiste la profesión de abogado. Insisto: para llegar a ser ministro de la Suprema, tienes que obtener la venia del Presidente de la República y de 2/3 del Senado. ¿Cómo se obtiene eso? Hay una cosa muy hipócrita e ingenua en pretender que sea por arte de magia.

-¿Y en el caso del ministro Muñoz?  Se le acusó de filtrar información a su hija, la jueza Graciel Muñoz, respecto a un negocio inmobiliario.

-La noticia se supo en 2023 y la Corte Suprema no hizo nada.  Se demoró un año y medio en abordar el caso en el Comité de Ética. Eso a mí me parece sumamente cuestionable. Porque arroja una sombra más allá de quién tenga la razón en el caso concreto.

-Además, se abrió una investigación sobre la tramitación en la Tercera Sala de un recurso del consorcio bielorruso Belaz Movitec SpA contra Codelco. La empresa chilena acusa irregularidades.

-La arista bielorrusa supone una dimensión penal del asunto y, de hecho, el Ministerio Público ya está investigando. Sin embargo, las investigaciones penales son largas y deben cumplirse varias estapas procesales. Es una historia cuyo desenlace sabremos más adelante. Eso no quita que no haya mérito para que avanzar por otras vías, la disciplinaria por ejemplo, para esclarecer los demás hechos

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