José Francisco García: “Lo más valioso del acuerdo es que busca construir un camino para una constitución pactada entre fuerzas democráticas”

Profesor de derecho constitucional UC, doctor en derecho de la universidad de Chicago y miembro comisión técnica que redactó la reforma constitucional que implementó acuerdo del 15 de noviembre, José Francisco García, estuvo en el 38% de los chilenos que votó Apruebo el 4 de septiembre, pero con la idea de reformar. En esta entrevista elogia el acuerdo constitucional pero enumera “varios aspectos problemáticos” que tendrían que ser resueltos.

-¿Qué te parece el acuerdo? ¿Cumplió tus expectativas o esperabas algo más?

-El acuerdo refleja un esfuerzo sincero de las fuerzas políticas democráticas de resolver el problema constitucional. Y en la base se encuentra una reflexión, aun en desarrollo, de reconocimiento de los propios errores de los últimos 10 años; por un lado, la derecha bloqueando el proceso constituyente de Bachelet y, en general, una posición contraria a avanzar hacia una nueva Constitución.

Por el otro, una izquierda ensimismada en la Convención Constitucional, obsesionada con una constitución transformadora que plasmara al máximo su programa político, replicando, paradójicamente, lo que hizo la dictadura con la constitución de 1980 original.

-¿Y los sectores de centro?

-Hubo al medio, moderados de lado y lado, con poca capacidad política, intelectual, de articular una alternativa. En momentos claves, tanto la centroderecha como la centroizquierda no estuvieron a la altura. Es un acuerdo imperfecto, siguiendo al Presidente Boric, pero son precisamente este tipo de acuerdos, si sus bases son reflexivas y autocríticas y toman los aprendizajes y lecciones correctas, los que tienen el potencial de ser estables y duraderos en el tiempo.

-¿Cuáles son los puntos más valiosos del acuerdo?

-Lo más valioso del Acuerdo es que busca construir un camino para una Constitución pactada entre las fuerzas políticas democráticas, siguiendo pactos constitucionales exitosos como en España, Colombia o Sudáfrica. Hay algo de esto en las 12 bases constitucionales, en la medida en que reflejen pactos y no vetos.

-¿Hay una posibilidad de que sea un texto de elite?

-Las constituciones pactadas corren el riesgo de ser pactos elitistas. En el año 2023, las constituciones requieren de dosis altas de legitimidad democrática y participación ciudadana. Hoy no son posibles los pactos de la Moncloa o “del mantel” español o el de Olivos argentino. La participación ciudadana sigue siendo fundamental. Un pacto de partidos y de parlamentarios no es suficiente. Es muy arriesgado apostar todo al plebiscito de salida, si antes la ciudadanía no se ha involucrado en el proceso.

-¿Cuál dirías que es la mayor amenaza?

-Hay varios aspectos problemáticos y varios pendientes para ser resueltos en la reforma constitucional habilitante y los reglamentos respectivos, pero destaco uno estructural. Este diseño de dos cámaras que imita nuestro proceso legislativo, paradójicamente bajo un sistema bicameral asimétrico, entre el Consejo Constitucional y la Comisión Experta, en vez de estar pensado para incentivar los acuerdos y los consensos, genera muchos puntos de veto, y, en general, a favor de la Comisión Experta. Es un diseño que puede potenciar los conflictos entre ambas más que los acuerdos.

-En ese sentido, ¿estás de acuerdo con el rol que van a tomar los expertos? 

-Una comisión experta debiera destacar principalmente por su auctoritas (poder moral) y no por su potestas (poder político). Es la calidad de su trabajo técnico, su capacidad de fomentar mayor deliberación, promover soluciones creativas y acuerdos ahí donde los grupos políticos fracasen o se entrampen.

En el Acuerdo hay muchos incentivos para que vayan a defender sus posiciones ideológicas o intelectuales subjetivas. Y tienen atribuciones para hacerlo. Un buen ejemplo es el derecho a voto en una comisión mixta en igual de condiciones que los constituyentes del Consejo que representan a la ciudadanía.

-¿Hay una experiencia equivalente en el derecho comparado? 

-No conozco. Por otra parte, me hubiera gustado que tuvieran grados altos de autonomía de la política, precisamente para potenciar y facilitar el trabajo del Consejo Constitucional, pero todo indica que serán delegados con mandatos fuertes de los partidos que los designan. Eso generará más problemas que ventajas.

-¿Deben ser remunerados?

-Por su naturaleza e importantes atribuciones, el estatuto de la Comisión Experta pasa a tener una importancia equivalente al de los constituyentes. Ya no solo será relevante el que los expertos y expertas sean remunerados o eventualmente la necesidad de que tengan dedicación exclusiva, sino el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Asimismo, por la importancia de las decisiones que tomarán debieran estar sujetos a la ley de lobby, a una declaración de intereses y patrimonio, etc. En otras palabras, a los estándares más altos de transparencia y prevención de conflictos de interés.

–¿Te parece correcto que haya 50 convencionales o son pocos para una garantía democrática?

-El modelo del Senado, responde, por un lado, a cierto pragmatismo de evitar un diseño electoral nuevo cuando el cronograma que se ha acordado es tan apretado. También un modelo que potencie a los partidos tradicionales, gestores del acuerdo.

Quisiera creer que este número, la tercera parte de la convención constitucional, fomentará una mayor deliberación, pero todavía no veo un diseño que lo haga, espero la reforma constitucional habilitante y los reglamentos generen reglas pro acuerdos y pro deliberación. Hoy no las veo con claridad.

-¿Hay un sesgo regionalista?

-Este modelo es una convención propia de un estado federal, donde van representadas las regiones en igualdad de condiciones, no los ciudadanos. Se lesiona el principio de representación poblacional, más propio para un órgano constituyente, y los habitantes de la Región Metropolitana quedan fuertemente subrepresentados.

¿Será adecuada la representación de pueblos originarios?

-Respecto de los pueblos originarios, es un logro que se mantengan los escaños reservados, aunque ahora con mayor racionalidad. Hay un principio valioso involucrado, una idea robusta de membresía a la comunidad política, especialmente el ideal de igual consideración y respeto de cada miembro, que se expresa en las condiciones de toma de decisiones colectivas, considerar la preocupación de todos sus miembros, y reconocer la agencia moral independiente de cada uno. El carácter inclusivo del proceso es lo que le da legitimidad a la nueva Constitución, especialmente cómo fuimos capaces de incorporar los intereses de los más desaventajados de la comunidad.

-¿Y los independientes quedan en desmedro?

-La posición de los independientes me parece la más compleja. La Constitución vigente tiene un estatuto para los independientes muy fuerte, porque nuestra Constitución nace como una carta anti-partidos, sobre la base de un diagnóstico crítico del rol de estos en la crisis de 1973.

El hiper-presidencialismo y la falta de atribuciones del Congreso es parte de la misma ecuación.  Una cosa es no incorporar listas de independientes, pero una distinta es intentar excluirlos o solo incluirlos en las listas de partidos. La Constitución en esta materia no es neutral y se debe examinar este asunto con cuidado.

-¿Qué puede esperarse de la centroderecha en lo que viene del proceso?

-Hay una deuda pendiente de la centroderecha de aportar con una propuesta de nueva Constitución que mire al siglo XXI y a los desafíos propios del proceso de modernización que hemos experimentado. Buena parte de las propuestas del sector en la Convención volvían una y otra vez sobre la Constitución vigente, como si el universo de lo constitucional quedará limitado y totalizado en la Constitución de 1980. Necesitamos un equilibrio virtuoso entre rescatar lo mejor de la tradición constitucional y la necesidad de actualizar e innovar a nivel institucional.

-¿El gran dilema es el sistema político?

-Nuestro sistema político está agotado y descansa en el talento de una sola persona, un Estado unitario centralizado y centralizador, una carta de derechos deficitaria; la imperiosa necesidad de alcanzar un mejor equilibrio entre desarrollo, inclusión y un medioambiente sustentable, la equidad de género, la multiculturalidad, entre tantos otros.

Asimismo, establecer las bases de un Estado moderno, eficaz, mejor regulador, garante en lo social, asociado con el sector privado para proveer bienes sociales valiosos, no solo por ser un imperativo de equidad o condición necesaria para retomar el camino al desarrollo, sino que uno de gobernanza y estabilidad democrática: un Estado eficaz y oportuno es una garantía frente a los proyectos autoritarios y populistas.

-¿Qué esperas de este proceso?

-Espero que las 12 bases constitucionales, la Comisión Técnica de Admisiblidad, la Comisión Experta, sean elementos de equilibrio y moderadores para lograr un proceso constituyente mixto y evitar la unilateralidad de una mayoría, cualquiera sea esta, pero no un sistema de vetos diseñados para mantener el statu quo, y transformar este proceso en una mera reforma constitucional. Tan maximalista como un proyecto refundacional es mantener el statu quo.