El arquitecto y urbanista lleva años advirtiendo cómo la segregación facilita que grupos de narcotráfico amplíen su territorio y actúen asistencialistamente en barrios fuera del radar del Estado. Una posición que los vuelve aliados estratégicos atractivos para autoridades interesadas en mantener algún grado de control en sus comunas. Se trata de un diagnóstico que no sólo se aplica a San Ramón, cuyo alcalde será formalizado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho, sino que en más zonas del país.
“Son municipios fuera del radar”. Iván Poduje, arquitecto y magister en desarrollo urbano, lleva más de dos décadas estudiando los procesos de transformación de las ciudades. En entrevista con Ex-Ante, analiza las condiciones que permiten el surgimiento de casos como el de San Ramón, considerado un ícono de la narcopolítica en Chile.
¿Es san Ramón la punta del iceberg de la narcopolítica en Chile?
No sabría decirte, pero me parece muy preocupante que el alcalde de San Ramón intente poner candidatos de su red en cuatro comunas de la zona sur de Santiago. Eso es, por lejos, lo más grave que hemos escuchado y debe ser detenido a tiempo.
¿A qué casos se refiere?
Las comunas de El Bosque, La Pintana, La Granja y San Ramón tienen la mitad de su población viviendo en barrios afectados por narcotráfico. Estamos hablando de 340 mil personas para las cuales el municipio es la principal fuente de ayuda y seguridad. Si estas comunas están dirigidas por alcaldes o concejales con vínculos narco, los vecinos quedarán sin protección.
¿Qué le parece que el alcalde de San Ramón siga aparentemente teniendo la preferencia de sus electores, pese a que va a ser formalizado?
Es parte del asistencialismo y las redes clientelares. Como es un municipio de bajos recursos, hay poca inversión y muchos vecinos dependen directa o indirectamente de la ayuda o los empleos que genera el municipio. Además, suelen cooptar a juntas de vecinos pasando a dirigentes a las plantas de honorarios. Desconozco si es el caso de San Ramón, pero es probable.
A su juicio, ¿cómo se llegó a esta situación?
Por el abandono de amplias zonas urbanas y comunas completas que nacieron de erradicaciones forzadas, donde las familias llegaron desde muchas comunas a sectores aislados, donde no se conocían ni tenían redes de apoyo, lo que dejó a los niños a merced de bandas y luego de narcos. Por eso es clave evitar la expulsión de los hogares de menores recursos de sus comunas de origen, lo que está volviendo a ocurrir por el alza en los precios de las viviendas.
¿Qué condiciones específicas existen en las ciudades que faciliten la llegada del narcotráfico?
La segregación urbana, que aísla sectores urbanos de la presencia del Estado o las empresas. Esa segregación facilita la comisión de delitos y permite que los grupos narcotraficantes o delictuales, amplíen su territorio. Además, suelen ser sectores vulnerables, lo que permite que las bandas hagan asistencialismo.
¿Qué condiciones facilitan el nexo además con la política?
La misma aislación producida por la segregación. Son municipios fuera del radar. Además, el control territorial de bandas hace que algunas autoridades acuerden pactos de no agresión para que esas fronteras no se traspasen. Creo que ese es el primer paso, y luego vienen los vínculos más directos.
¿La pandemia ha facilitado o empeorado estas condiciones?
Las empeoró, porque aumentó la dependencia de los vecinos con el municipio, que canaliza las ayudas y esto refuerza el poder del alcalde y sus redes, que, como vimos en San Ramón, se extiende a otros municipios cercanos, poniendo candidatos a alcaldes y concejales.
Antes de la pandemia, Chile vivió en octubre de 2019 lo que se denominó estallido social. ¿Cómo influyó eso?
El estallido fue fatal, ya que los grupos delictuales se aprovecharon de la violencia para ampliar territorio y replegar a las policías, que virtualmente debieron atrincherarse. Esto disminuyó los patrullajes. Por eso ha sido tan irresponsable la actitud de políticos que no pierden oportunidad para criticar a Carabineros, metiendo a todos los policías en el mismo saco de los funcionarios que cometen delitos. Los principales beneficiados con ello son los narcos, las barras y las bandas.
¿Qué caminos de solución ve a esto?
La estrategia es recuperar el territorio perdido, llevando al Estado de vuelta, con inversiones y prestaciones sociales, y también sumar a empresas que abran opciones de empleo. La acción policial también es relevante, pero es sólo un tercio de la intervención. También se requieren buenas escuelas, piscinas, canchas deportivas, jardines infantiles. Y para ello este objetivo debe ser prioritario.
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