La reciente decisión de la Superintendencia de Salud de permitir a las Isapres aumentar el Índice de Costos de la Salud (ICSA) en un 7,4% es solo un síntoma más de una crisis que se gesta desde hace tiempo y que ahora está llegando a un punto crítico.
La realidad es que la medida adoptada por la Superintendencia es solo un paliativo que no aborda las causas fundamentales de la crisis. La instrucción de la Corte Suprema para dejar sin efecto las alzas por GES ha desencadenado una serie de efectos adversos que han exacerbado la precaria situación financiera en la que se encuentran las Isapres y las clínicas privadas.
La comparecencia de los líderes de los gremios del sector ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados evidenció la gravedad de la situación. Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de Isapres, y Javier Fuenzalida, presidente de Clínicas de Chile, presentaron cifras preocupantes: una deuda total del sector que asciende a $908 mil millones, un aumento del 20% desde el inicio del año 2022, y una deuda de $636 mil millones acumulada por las Isapres, un incremento del 31% respecto al año anterior.
La promulgación de la ley corta de Isapres se presenta como una medida urgente y necesaria para estabilizar el sistema de salud privado. Sin embargo, su tramitación se encuentra en una situación delicada, con plazos ajustados y la posibilidad de una tercera postergación. Es fundamental que las autoridades actúen con celeridad y responsabilidad para evitar que la crisis se agrave aún más.
Es importante destacar que esta crisis no solo afecta a las Isapres y las clínicas privadas, sino que tiene consecuencias directas en la calidad de la atención médica que reciben los chilenos. La falta de liquidez ha llevado a una reducción en las inversiones en tecnología, obras y equipamiento, lo que se traduce en un servicio de salud deficiente para la población.
El tope del 7,4% para el alza de los precios de los planes de las Isapres, si bien busca contrarrestar los efectos de la crisis, tendrá un impacto significativo en los usuarios, quienes enfrentarán aumentos en sus tarifas y disputas con las aseguradoras de salud. Esto probablemente desencadenará una ola de judicialización y una continuación de la crisis en el sistema de salud privado.
En conclusión. La crisis del sistema de salud en Chile requiere una acción decidida y coordinada por parte de las autoridades.
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Esperamos que esta campaña electoral no se limite a eslóganes, sino que convoque a los candidatos a mirar el desarrollo futuro del país. Apostar por la infraestructura no solo es una promesa de campaña atractiva: es una decisión responsable y estratégica.
Avanzar en transparencia ya no es una opción, sino una urgencia. El compromiso de abrir los datos y permitir el escrutinio técnico por parte de centros de estudio y universidades sigue pendiente. Cumplirlo no solo reforzaría la credibilidad de las estimaciones, sino también la confianza en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.
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El desafío es dejar de pensar en la ética como una cuestión de carácter individual y empezar a tratarla como lo que realmente es: un problema de diseño organizacional. De un asunto de reglas y disuasión, a uno de cultura corporativa.
Si los chilenos, aún con un diagnóstico pesimista de la realidad actual, confían y depositan sus esperanzas en nuestra economía basada en recursos naturales. ¿No será tiempo de empezar a hacer las cosas bien para no seguir ahuyentando inversiones que tanto necesitamos?