Si hacemos un poco de memoria este año no empezó bien. En año nuevo hubo 6 homicidios, entre ellos el de una niña de 6 años. La navidad tampoco había sido mejor, ya que se registraron 9 asesinatos. Llegamos a julio y hace unos días 4 jóvenes murieron en Quilicura y desde la tarde del viernes pasado a la noche del martes, hubo 15 homicidios, la mayoría con ataques directos a las víctimas.
Durante todo lo que llevamos de 2024 hemos visto cómo cada vez es más frecuente que personas aparezcan acribilladas en el borde de las carreteras o que sean impactadas por balas que vienen en ráfagas desde autos en movimientos. Se dice que es un problema entre extranjeros, que es ajustes de cuentas entre bandas rivales, como si ese diagnóstico del problema nos diera algo de tranquilidad porque se trata de “otros ajenos” o los hechos suceden lejos de donde vivimos.
El gobierno, al que se le ha ido gran parte de lo que va de su gestión abordando las diversas o continuas crisis en seguridad pública, realizó una reunión de emergencia y anunció medidas para hacer frente a esta crisis. Que las autoridades se reúnan para gestionar coordinaciones y soluciones ante las crisis es lo que comúnmente se hace y me atrevería a decir, lo que debe hacerse.
Pero en este caso no parece que sea una algo novedoso o que aporte en gran medida a la solución del problema. Lo anterior, porque la foto de las policías, fiscal nacional, ministros del Interior, Prevención del delito, delegado presidencial, entre otros, son una que ya hemos visto muchas veces. Pero la foto debería importar poco si los anuncios fueran novedosos o al menos, mostraran que con las decisiones que se toman van en camino correcto para no llegar al próximo diciembre lamentado cifras similares o peores a las de este fin de semana.
Para ser justos con el análisis, el gobierno sí ha hecho del tema de la seguridad pública uno de sus ejes, un invitado de piedra a su programa de gobierno, que ha definido la agenda de conversación. Ha tramitado leyes avanzado en modernizar en una institucionalidad que, sin duda, es necesaria para hacer frente a este problema. También ha ejecutado planes como “Calles sin violencia” en un esfuerzo por focalizar la gestión y los recursos en los lugares más críticos de Santiago. Lo anterior sumado a un aumento de los dineros disponibles para modernizar recursos físicos y tecnológicos principalmente para las policías y fiscalía.
Vamos a las medidas de hoy. En síntesis, el gobierno anunció ampliar la labor de la PDI en relación con la migración, fortalecer el plan comunal antidrogas conocido como Microtráfico Cero, más policías en las calles reordenando la gestión de las comisarías, apurar nuevas etapas de las unidades ECOH de las fiscalías y constituir una fuerza de tarea conjunta de Carabineros y la PDI para la investigación de los homicidios recientes.
Aunque cabría esperar que tras la urgencia del anuncio cada una de las propuestas se decantara en un plan concreto, con objetivos y metas que podamos evaluar en unos meses más un análisis rápido, permite hacer algunas preguntas. Primero, ¿respecto del control de la migración ilegal, la PDI no estaba ya focalizada en detenerla? ¿Hay resultados? ¿Qué haremos de nuevo?
Segundo, el plan Microtráfico Cero, que como su nombre lo dice busca focalizar el comercio de drogas en pequeñas cantidades ¿nos sirve para enfrentar al tráfico de drogas, negocio lucrativo que oculta redes de crimen organizado que pueden explicar este nivel de violencia? El plan lleva ya varios años de implementación, ¿hay evaluaciones que muestren que fortaleciéndolo vamos a detener la ola de homicidios o a las bandas? O más bien, ¿no será una forma de ir a los eslabones más débiles de la cadena de comercialización de la droga y no al gran tráfico y sus líderes?
Tercero, y aunque como ciudadanos valoremos la presencia de Carabineros en las calles, ¿más patrullaje sirve para prevenir delitos? ¿O es el patrullaje intencionado a lugares en donde el delito produce mayor daño lo que sirve realmente la prevención y obliga a hacer una planificación estratégica más que una asignación aleatoria de este recurso?
Respecto de las ECOH, que han sido recientemente implementadas, también cabe preguntarse si han sido efectivas en revertir condiciones concretas que sabemos que dificultan la gestión investigativa, como por ejemplo, preguntarse si han podido transformar un imputado desconocido en conocido, gran desafío de este tipo de delitos. Y finalmente, respecto del anuncio de la tarea conjunta de Carabineros y la PDI, ¿no es algo que ya deberían estar haciendo las policías? ¿Es una real medida que se anuncie que ahora sí actuaran conjuntamente?
El desafío de la seguridad pública es tremendo y a lo mejor justificaría medidas más intensas que las anunciadas. Ya surgen voces que piden estado de sitio, facultades especiales para las autoridades, renuncias, etcétera. Está claro que lo que observamos ahora es una señal de que el problema es grave y se viene agravando hace muchos años por múltiples factores levantados una y otra vez por expertos y académicos. Pero me atrevo a hacer un spoiler, bastante obvio a estas alturas: se vendrán más fines de semanas tan violentos como el que recién pasó. En parte, porque la solución y cada uno de sus componentes son de largo plazo y desandar el terreno que ha ganado la delincuencia en Chile será una tarea de largo aliento. Y no porque las medidas anunciadas sean equivocadas o malas, sino que simplemente no son suficientes.
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