A fines de 2019, considerando el estado de anarquía casi total que enfrentaba el país y la debilidad del gobierno de Sebastián Piñera, que podía caer en cualquier momento, entre otras cosas, se decidió congelar el precio de la electricidad, técnicamente una pésima decisión, para lo que se creó un mecanismo que acumulaba una deuda creciente con las distribuidoras eléctricas que, como suele suceder, excedió el diseño original y se tradujo en la acumulación de una distorsión creciente de precios que sigue vigente hasta el día de hoy.
La Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, recientemente publicada, da inicio a un proceso de normalización en las tarifas de la luz que comenzará en julio y se extenderá hasta el próximo año. Este camino hacia la normalización de los precios de la electricidad inevitablemente va a tener un impacto transitorio en la variación del IPC (unos 145 puntos base, según la estimación del Banco Central) y, por lo tanto va a retardar la convergencia de la inflación con la meta de 3%, probablemente, hasta 2026 según lo expresado en el IPOM publicado recientemente, así como en declaraciones previas de Rossana Costa en un seminario.
Esta advertencia respecto del impacto en la inflación de la normalización de las tarifas eléctricas, como era de esperarse, incrementó las presiones en la Cámara de Diputados, siempre dispuesta a promover medidas populistas, para que se aumente el subsidio incorporado en la Ley y minimizar el impacto inflacionario, a lo que el Ministro de Energía Diego Pardow habría respondido que el impacto inflacionario de la normalización de tarifas era algo conocido y criticó al Banco Central por no haberlo reconocido antes en sus proyecciones.
Parece evidente que las declaraciones de Pardow son una reacción defensiva a las presiones y reclamos recibidos en el Congreso y, más que una crítica al Banco Central, hay que entenderlas como una forma de decir que era obvio que subir el precio de la electricidad tendría un efecto en la inflación y que nadie puede declararse sorprendido por ello.
Efectivamente, todos quienes nos dedicamos al análisis de la coyuntura macroeconómica esperábamos desde hace algunos años que, en algún momento, se terminara con los precios “mentirosos” de la luz y se tendiera la normalidad en el sector eléctrico pero, también sabíamos, que a ningún gobierno le hace gracia tener que asumir los costos de una política evidentemente impopular, por lo que no era claro que se hiciera y, si se hacía, como, en qué magnitud y cuándo ocurriría. Por esto sabíamos que la medición del IPC estaba subestimando la verdadera inflación y que habría reconocerlo cuando y si es que, se volvía a reflejar el verdadero costo de la electricidad en las cuentas de la luz.
Es más, aunque la Ley está publicada y se puede calcular el impacto directo y estimar el indirecto del alza en las tarifas eléctricas, como lo ha hecho el Banco Central, no es seguro que ello se materialice de la manera prevista, ya que todavía podría haber cambios y ajustes a partir de la presión parlamentaria y la cercanía de procesos electorales muy significativos este año y en 2025.
Desde esta perspectiva, lo obrado por el Banco Central es lo correcto. Sólo cuando apareció evidencia concreta y real de la inminencia de los ajustes tarifarios, tenía sentido incorporar su efecto en las estimaciones de inflación y no especular, algo muy distinto, por ejemplo, de incorporar estimaciones de la devaluación del peso sobre la inflación, algo más difuso de estimar pero que sabemos que se va a reflejar en la inflación de una u otra manera sin esperar a que se publique una ley o alguien lo decida administrativamente.
¿Podría haberse incorporado esta perspectiva de alzas de la electricidad en el IPOM de marzo? Sin duda que sí, pero más que con estimaciones específicas, para lo que no había elementos suficientes para hacer los cálculos que ahora tenemos, e incertidumbre respecto al momento de su materialización, sí como un factor de riesgo potencial para la inflación en el corto plazo y, por lo tanto, también debió ser incorporado en el análisis de riesgos al momento de definir la trayectoria de la política monetaria.
Hoy es evidente, por estas y otras razones, que la TPM ha bajado demasiado rápido y que urge hacer una pausa en este proceso. Las estimaciones de inflación del Banco Central en el IPOM de junio lo dejan muy claro, pero parecen no haberlo valorado suficientemente en la RPM de este mes, pero esto es tema para otra columna.
También puede leer. Las alarmas en el oficialismo por alza de tarifas en pleno año electoral (y el súbito ataque de Pardow al Banco Central)
10 bancos de inversión internacionales le enviaron una carta a los ministros Pardow y Marcel advirtiendo la pérdida de confianza en Chile por los cambios en las reglas establecidas para las pequeñas generadoras. “Los inversionistas podrían redirigir sus capitales a jurisdicciones más estables y confiables, lo que representaría un golpe para sectores clave de la […]
Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública durante el gobierno de Sebastián Piñera, critica la reforma a las Isapres presentada por el Ejecutivo. Dice que le llama la atención que “habiendo técnicos en el Gobierno con propuestas claras y de todas las posiciones políticas no sea capaz de tomar aquellas iniciativas que le den viabilidad […]
La empresa estatal noruega Statkraft, que invierte en energías renovables, enfrenta trabas significativas debido a la demora del Consejo de Monumentos en autorizar permisos tras hallazgos arqueológicos en su proyecto hidroeléctrico Los Lagos. Su gerenta general en Chile, María Teresa González, aborda en esta entrevista la preocupación que representa para el directorio de la compañía […]
El 27 de octubre la oposición avanzará significativamente respecto del resultado obtenido en mayo de 2021 pero no lo suficiente para superar al Gobierno, particularmente en el criterio más significativo, que es el de la proporción de electores gobernados por ediles de cada sector. Esto se explica por la enorme diferencia actual de alcaldes presentándose […]
Si los eventos violentos continúan sin una respuesta efectiva de las autoridades, la percepción de abandono por parte del Estado aumentará, lo que llevará a las comunidades a desarrollar mayores grados de desconfianza en las instituciones. Este ciclo de violencia y autodefensa podría agravarse, incluso al punto en que las personas recurran al pago por […]