Qué significa: Aunque La Moneda aún realiza gestiones para conseguir los votos, la búsqueda de alternativas constituye un acto de realismo político respecto de sincerar que no estarían los apoyos para la ley de indulto a presos del estallido. La moción -fundamentada en prisiones preventivas excesivas o acusaciones de falta de debido proceso- requiere mayoría simple de los presentes en la Sala del Senado: de estar los 50 senadores, son 26 votos, lo que hace necesario conseguir al menos 1 de Chile Vamos.
El mensaje de Siches: En una breve mención y sin referirse directamente al complejo cuadro en el Senado, la ministra Izkia Siches se refirió al tema en el comité político del este lunes entre ministros de La Moneda y partidos oficialistas: les transmitió que el Gobierno está explorando soluciones caso a caso para los presos del estallido -afirman varios timoneles presentes-, lo que ha empezado a ser conversado por el Ejecutivo con senadores. Mientras, La Moneda acordó con los parlamentarios renovar la suma urgencia al proyecto, para dar más tiempo a las tratativas y no ponerlo en votación aún.
Lo que hay detrás: Se ha ido haciendo más viable que medidas más acotadas permitan abordar la situación de los presos del estallido producto de que el universo de estos ha ido disminuyendo, afirman distintos senadores: sea porque algunos ya salieron libres, porque la mayoría de los que están acusados hoy lo estarían por por delitos cuya gravedad hace difícil indultarlos o tienen condenas previas, o porque ya fueron condenados por delitos graves que también hacen complejo el indulto (mientras que los que fueron sancionados por delitos más leves, o ya salieron o podrían acceder al indulto presidencial).
Por qué importa: Se trata de conseguir a Boric una salida para lograr cumplir una de sus principales promesas de campaña, a la que puso urgencia legislativa en la antesala del Día del Joven Combatiente, como un gesto a grupos radicales para intentar descomprimir las protestas de los días viernes.
Lo que viene: De todos modos, las soluciones caso a caso son parte de un análisis de alternativas que aún está haciendo el Gobierno durante esta semana, para lo cual cuenta con el plazo de 15 días que le otorga la suma urgencia que renovó (la herramienta legislativa implica fijar ese plazo para que se vote el proyecto).
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