Tras 4 días de debates del Consejo del Instituto de Derechos Humanos, no ha logrado fijar posición sobre el controvertido proyecto de indulto general para los detenidos e imputados por delitos tras el 18/10 (incluyendo incendios y homicidio frustrado). Pese a que entidades de DDHH como Human Rigth Watch y la Corte Suprema lo han condenado, hay posturas variadas en el INDH. Presentamos un borrador, que no contiene críticas al proyecto, que fue rechazado por los consejeros.
Las razones del silencio: El director del INDH, Sergio Micco, no ha querido emitir ninguna declaración por dos motivos: primero porque hay consejeros que no están de acuerdo con el contenido de la propuesta que se les entregó el martes en la tarde.
Borrador Declaración de Consejo: A continuación el texto que no ha concitado respaldo en el INDH.
A este respecto, el INDH ha señalado que:
“1. La excesiva aplicación y extensión de la prisión preventiva, que se convierte muchas veces en una pena anticipada, ha sido motivo de crítica y preocupación por parte del INDH por años. El Estudio de Condiciones Carcelarias, que realiza el INDH desde el año 2011, ha levantado periódicamente la alarma sobre la excesiva aplicación y extensión de la prisión preventiva en nuestro país, situación que se vuelve aún más compleja en el contexto de la pandemia por Covid-19. En abril del presente año, el Consejo INDH aprobó un informe sobre estándares en derechos humanos aplicables a personas privadas de libertad, en relación a quienes estaban sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Este fue distribuido al Poder Judicial, al Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, y puesto a disposición del público en nuestra web.
2. Respecto de la Ley de Seguridad Interior del Estado, el Instituto ha criticado esta regulación excepcional, señalando que “dicho cuerpo normativo ha sido objeto de debate acerca de su conformidad con los estándares de derechos humanos” (Informe Anual 2012), especialmente considerando la amplia discrecionalidad que permite su aplicación a un caso determinado.
3. No existe claridad sobre el total de personas detenidas, e imputadas por diversos delitos, en el contexto de las manifestaciones sociales, tampoco sobre cuántas de ellas se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado y la cautelar de prisión preventiva. El INDH consultó formalmente estas cifras el 12 de febrero del presente año al Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Oficio N°132), sin obtener respuesta a la fecha.
4. El INDH reafirma su crítica y preocupación con respecto a la excesiva aplicación y extensión de la prisión preventiva en nuestro país, situación que se convierte en muchos casos en una pena anticipada, y que, además, afecta, aproximadamente, a un tercio de la población penal. No estamos en presencia de un hecho aislado, por lo que la respuesta del Estado debe ser amplia e integral, considerando a todas las personas privadas de libertad que aún no han sido condenadas.
5. Por último, considerando los antecedentes anteriormente señalados y las distintas opiniones vertidas por otras instituciones durante la última semana, el Consejo del Instituto invita a las autoridades y parlamentarios a analizar detenidamente la pertinencia del referido proyecto de ley.
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