Diciembre 17, 2020

INDH mantiene silencio ante polémico indulto tras 4 días de debate y un borrador sin críticas al proyecto

Pablo Basadre G.
El director del INDH Sergio Micco

Tras 4 días de debates del Consejo del Instituto de Derechos Humanos,  no ha logrado fijar posición sobre el controvertido proyecto de indulto general para los detenidos e imputados por delitos tras el 18/10 (incluyendo incendios y homicidio frustrado).  Pese a que entidades de DDHH como Human Rigth Watch y la Corte Suprema lo han condenado, hay posturas variadas en el INDH. Presentamos un borrador, que no contiene críticas al proyecto, que fue rechazado por los consejeros.

Las razones del silencio: El director del INDH, Sergio Micco, no ha querido emitir ninguna declaración  por dos motivos: primero porque hay consejeros que no están de acuerdo con el contenido de la propuesta que se les entregó el martes en la tarde.

  • La propuesta entregada por Micco, a la que tuvo acceso Ex-Ante, no entrega un apoyo explícito al proyecto, pero deja en claro que está de acuerdo con varios de sus puntos. Según un consejero, Micco no está por tomar una postura sin el respaldo de todo el Consejo. Pero existe preocupación por quienes son más cercanos al sector de los senadores que impulsan el proyecto, favorables a que el INDH respalde puntos como el de exceso de prisiones preventivas en contexto de Covid.
  • Varios consejeros consultados, explicaron a este medio que están a la espera de que Micco envíe una nueva propuesta de la declaración.
  • El silencio del INDH contrasta fuertemente con la declaración del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco quien señaló: “quienes cometieron delitos comunes deben responder ante la ley. No puede haber un trato preferencial especialmente si estamos hablando de delitos graves”.
  • Respecto a la denominación de “presos políticos” que se invoca en el proyecto, Vivanco señaló que “no hay presos políticos en Chile”.
  • Uno de los consejeros explicó a este medio que había un consenso y eso implicaba no referirse al proyecto de ley, pues no quieren como institución involucrarse en ese debate de políticas públicas y realizaran una minuta abordando aspectos que involucren el tema de los DDHH.

Borrador Declaración de Consejo: A continuación el texto que no ha concitado respaldo en el INDH.

  • “El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) declaró en su Informe Anual 2019, que en Chile se produjeron las más graves violaciones a los derechos humanos, desde el retorno a la democracia, y, también, que era imperativo para el Estado avanzar en los pilares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, poniendo a las víctimas en el centro del debate. En este contexto, el INDH ha presentado 2.860 querellas criminales por violaciones a los derechos humanos y está desarrollando una estrategia judicial a nivel nacional, para la obtención de justicia y sanciones a los agentes del Estado involucrados.
  • Como es de público conocimiento, en el contexto de las manifestaciones sociales que se extendieron a lo largo del país, entre el 18 de octubre de 2019 y el 20 de marzo de 2020, las fuerzas de orden y seguridad detuvieron a particulares, debido a la imputación de distintos delitos contra la propiedad y contra las personas, aplicando en algunos casos la Ley de Seguridad Interior del Estado. Una parte de estas personas detenidas, quedó en prisión preventiva. El INDH ha señalado que el derecho de reunión debe ser ejercido de manera pacífica, y expresado su condena a los actos de violencia.
  • Frente a esta situación, el pasado 9 de diciembre, un grupo de senadores y senadoras ingresó en el Congreso Nacional un proyecto de ley “de indulto general por razones humanitarias”, el que, de prosperar, aplicaría a un conjunto de personas imputadas o condenadas por la comisión de una serie de delitos, que establecería la ley, por hechos cometidos a propósito de las manifestaciones sociales realizadas entre el 7 de octubre de 2019 y la fecha de ingreso del mencionado proyecto de ley.

A este respecto, el INDH ha señalado que:

“1. La excesiva aplicación y extensión de la prisión preventiva, que se convierte muchas veces en una pena anticipada, ha sido motivo de crítica y preocupación por parte del INDH por años. El Estudio de Condiciones Carcelarias, que realiza el INDH desde el año 2011, ha levantado periódicamente la alarma sobre la excesiva aplicación y extensión de la prisión preventiva en nuestro país, situación que se vuelve aún más compleja en el contexto de la pandemia por Covid-19. En abril del presente año, el Consejo INDH aprobó un informe sobre estándares en derechos humanos aplicables a personas privadas de libertad, en relación a quienes estaban sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Este fue distribuido al Poder Judicial, al Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, y puesto a disposición del público en nuestra web.

2. Respecto de la Ley de Seguridad Interior del Estado, el Instituto ha criticado esta regulación excepcional, señalando que “dicho cuerpo normativo ha sido objeto de debate acerca de su conformidad con los estándares de derechos humanos” (Informe Anual 2012), especialmente considerando la amplia discrecionalidad que permite su aplicación a un caso determinado.

3. No existe claridad sobre el total de personas detenidas, e imputadas por diversos delitos, en el contexto de las manifestaciones sociales, tampoco sobre cuántas de ellas se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado y la cautelar de prisión preventiva. El INDH consultó formalmente estas cifras el 12 de febrero del presente año al Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Oficio N°132), sin obtener respuesta a la fecha.

4. El INDH reafirma su crítica y preocupación con respecto a la excesiva aplicación y extensión de la prisión preventiva en nuestro país, situación que se convierte en muchos casos en una pena anticipada, y que, además, afecta, aproximadamente, a un tercio de la población penal. No estamos en presencia de un hecho aislado, por lo que la respuesta del Estado debe ser amplia e integral, considerando a todas las personas privadas de libertad que aún no han sido condenadas.

5. Por último, considerando los antecedentes anteriormente señalados y las distintas opiniones vertidas por otras instituciones durante la última semana, el Consejo del Instituto invita a las autoridades y parlamentarios a analizar detenidamente la pertinencia del referido proyecto de ley.

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