Quienes hayan visto la trilogía de El Padrino, de Francis Ford Coppola, recordarán al personaje de Tom Hagen, conocido como el Consigliere. El es el abogado de confianza de la familia Corleone, que con el tiempo se convierte en la “mano derecha” del Capo, por saber cómo solucionar problemas complejos. Obviamente no todas las soluciones las aprendió en la Facultad de Derecho y muchas de ellas terminan siendo delictuales, pero logran el resultado, que es lo que el Don necesita. “Hazle una oferta que no pueda rechazar” se le instruye al Consigliere y los amantes de los caballos nunca más volvieron a ver una película de mafiosos.
El caso audios, que hoy es también el caso Vivanco, caso Consorcio Bielorruso y un largo listado de casos anexos, evoca algo de ese personaje del cine. Frente a los clientes, Luis Hermosilla se presentaba como alguien capaz de resolver el problema que fuese. “Esto se arregla con plata” le dice a su cliente en medio de una reunión en que parecen planear abiertamente sobornar a funcionarios públicos.
Hace algún tiempo comentamos en esta columna sobre la equivocada sensación de seguridad de los partícipes respecto de que lo que ahí se discutía se mantendría en secreto. Pero hoy quisiera detenerme en otro aspecto, que mira más la responsabilidad del cliente que la del abogado.
“Nunca supimos ni condonamos que se actuara así”, “jamás nos imaginamos que se haría eso”, “nunca dimos ninguna instrucción de hacer algo ilegal”, “si nos hubiesen dicho no lo hubiéramos permitido”, “queremos que se haga justicia y apoyaremos la investigación porque no tenemos nada que esconder”. ¿Le suena familiar? Son las frases con que muchos directorios se excusan de asumir responsabilidad por los delitos que cometen las personas que ellos han elegido para gestionar sus negocios.
A veces, detrás de esas excusas no hay un ápice de verdad, y el cliente conspiró abiertamente con el asesor. En otras, opera el “no me digas cómo lo vas a hacer, solo hazlo”, que, digámoslo, es bien parecido al “hazle una oferta que no pueda rechazar”. Y, de seguro, en algunos otros casos es efectivamente cierto.
El asunto, es que ahora todas esas empresas podrán ser sancionadas y muchos de sus directores y gerentes involucrados, tendrán que enfrentar una investigación penal probablemente privados de libertad.
Como ya tan majaderamente se ha comentado en las columnas de todos los medios, este mes entró en plena vigencia la reforma a la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que introdujo la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales. Bajo el nuevo régimen, las empresas son responsables de los delitos que se comentan en su operación, cuando la comisión de ese delito se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un adecuado modelo de prevención. La pregunta, por tanto, no será cuánto supo usted, sino qué fue lo que usted hizo para impedir que ocurriera el delito. La ignorancia ya no es excusa.
Contratar al Consigliere, que gana todos los juicios (“da lo mismo cómo, no quiero saber”), es una decisión de la que pronto será necesario responder. La Ley 20.393 reformada hace expresamente responsable a la empresa por los actos de quienes le presten servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación. Si eso no es suficiente para hacernos reflexionar, recordemos también que el Consigliere termina conociendo todos los contactos y secretos del Don y, si se le obliga a hablar, podría arruinar a toda la familia. A veces la realidad imita al arte y no al revés.
Ley de Delitos Económicos: Lecciones aprendidas y caminos por recorrer. Por Edmundo Varas.https://t.co/S9QRb2fgjv
— Ex-Ante (@exantecl) August 7, 2024
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