La fiscalía indaga la presunta malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco y falsificación de instrumento público en los programas Vita, los que son dirigidos por organizaciones con personalidad jurídica propia pero que reciben financiamiento municipal. Se trata de un esquema masificado durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba. Una funcionaria declaró que entregaba al exedil —cuya casa fue allanada este mes— un millón de pesos en efectivo para las semanas de la Chilenidad y que ella recibía mensualmente $5 millones en un sobre, para fines que se indagan.
En qué fijarse: El miércoles 18 de agosto, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), expuso al Concejo Municipal que habían presentado una denuncia a la Fiscalía Metropolitana Oriente por presuntas irregularidades en los recursos entregados a los programas Vita, dependientes del municipio.
El origen de la investigación: El 22 de julio de 2021, Irarrázabal denunció a la fiscalía las presuntas irregularidades expuestas ante él por una persona con historia en el municipio. Se trataba de Domingo Prieto, quien había tenido 4 cargos: expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes de Vitacura, exrepresentante legal de Vita Salud y exrepresentante de Vita Deportes.
Entrega de dinero: El 19 de agosto, Antonia Larraín, hoy suspendida de su cargo junto a otros 2 funcionarios, declaró “ser funcionaria de la municipalidad desde hace 16 años, conociendo al ex alcalde de la comuna Raúl Fernando Torrealba del Pedregal de toda su vida, ya que es amiga de una hija (suya)”.
Fondos al contador: La querella de la Municipalidad también detalla presuntos desvíos de recursos municipales al contador Arnaldo Cañas, desde los programas Vita Deporte y Vita Emprende.
Qué delitos se investigan: La fiscalía indaga actualmente 4 delitos, de forma desformalizada. Es decir, no se han formulado oficialmente cargos en contra de ningún imputado. Los ilícitos, que en caso de condena implican pena de crimen, son:
Los allanamientos: Fue a las 3:35 pm del domingo 22 cuando el fiscal Carlos Ramírez pidió telefónicamente a la jueza Mariana Leyton autorizar la entrada, registro e incautación de evidencias desde 6 domicilios. La titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición e instruyó a la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) realizar la diligencia. Se trataba de los siguientes domicilios:
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