Febrero 17, 2021

Los entretelones del incendio del furgón de Carabineros y los dilemas del Alto Mando

Pablo Basadre y Héctor Basoalto
Agencia Uno

La violencia en Plaza Italia regresó con fuerza el viernes 12 cuando un furgón de carabineros -con 17 policías que huyeron tras ser atacados- fue quemado por una turba estimada en 100 personas, en Bellavista. En paralelo, se reforzó una preocupación: la seguridad requerida para el desarrollo de los trabajos de la Convención Constitucional en el Palacio Pereira. Y, como telón de fondo, la compleja tarea de Carabineros de mantener el orden y al mismo tiempo  impulsar reformas profundas en su accionar.

“Esta huevá es pa hombres… mantengan”. La frase se le atribuye a uno de los uniformados que estaba a cargo del grupo de servicio Escuadrón Norte de carabineros que el viernes pasado fue atacado por violentistas que terminaron quemando el furgón policial en el que se movilizaban.

  • Eran pasadas las 19:50 horas cuando una turba abordó el vehículo policial en la calle Dardignac, en el barrio Bellavista. De acuerdo al primer informe, fueron 17 uniformados quienes esa tarde abandonaron el lugar y no pudieron aguantar como “hombres”, según la orden que recibieron de su superior.
  • Lo anterior a pesar de que en el piquete también habían mujeres: eran de Lampa, Colina, Quilicura, Tenencia José Santos Ossa, entre otras comunas.
  • Carabineros cifró en 500 los manifestantes ese día y parte de ese grupo -alrededor de 100 de acuerdo a un segundo informe- abordó el vehículo Z-7396. Al conductor del carro policial le robaron una pistola marca Taurus PT917 con un cargador; una esposa marca New Season y un chaleco antibalas marca Rabintec. El furgón tuvo pérdida total.
  • Las manifestaciones de los días viernes ya son parte de la postal de las tardes en Plaza Italia y sus alrededores. Carabineros ha vuelto, en cierta forma, a la dinámica instalada en el periodo del estallido. Si bien no con la misma magnitud, al interior de las tropas ya han manifestado su molestia. Tal como el audio que circuló al otro día del atentado al carro policial.
  • El gobierno ha debido dar señales de apoyo a la institución luego de las quejas que se conocieron del Alto Mando por los dichos de la ministra Karla Rubilar quien llamó a refundar la institución, tal como, con mucha retórica y pocas iniciativas, se ha hecho en los últimos años.
  • La violencia ahora se ha concentrado en una demanda ficticia: libertad para los “presos políticos”,  como son calificados por los grupos violentistas las personas que permanecen detenidas por orden de los tribunales.
  • Una iniciativa de un grupo de senadores contribuyó a acarrear agua al molino de esa demanda: la idea encabezada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, de amnistiar a los detenidos. La propuesta, abortada debido al rechazo que despertó, instaló además una premisa falsa. Al momento de presentarla,  Adriana Muñoz, dijo que eran casi 800 personas. La Corte Suprema se encargó de corregirla: son 26 los detenidos imputados por delitos relacionados con las protestas.
  • La continuidad de los actos vandálicos de Plaza Italia han despertado la preocupación por el proceso político que vivirá el país y la seguridad que requerirá la Convención Constituyente cuando comience a sesionar en el Palacio Pereira, en pleno centro. El gobierno salió a dar garantías de que habrá seguridad, pero la preocupación de las policías – y no solo de ellas- permanece y se ve reforzada por lo ocurrido el viernes pasado.

El seguro institucional:

  • Durante el estallido en algunas regiones las cortes de apelaciones les prohibieron el uso de balines de goma a Carabineros, medida adoptada tras las graves lesiones oculares,  como el estudiante Gustavo Gatica, quien perdió la vista al ser impactado en las cercanías de Plaza Italia.
  • Más allá de esa medida,  hoy la inseguridad de parte de los propios uniformados para ejercer su labor está instalada.
  • Una queja es de falta de apoyo de la institución, cuya legitimidad para hacer uso legal de la fuerza quedó muy cuestionada por los delitos denunciados en su contra en medio del 18 de octubre y las semanas posteriores, cuando se comprobaron casos de violaciones a los DDHH.
  • La molestia volvió a aflorar tras el episodio de Panguipulli. Cuando un sargento disparó contra un malabarista durante un control de detención – caso que está siendo investigado por los tribunales para determinar si hubo uso legítimo de la fuerza o no.
  • La ministra Karla Rubilar dijo que había que refundar la institución. En ese contexto, la declaración se leía como un juicio de culpabilidad y el gobierno echó marcha atrás.
  • Ahora se dio a conocer que Carabineros está trabajando en un nuevo seguro jurídico. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, la Dirección de Bienestar de Carabineros estaría preparando la licitación para que los funcionarios en ejercicio accedan al beneficio.
  • Hay aspectos que aún se desconocen: si beneficiará solo a personal activo o también a quienes sean desvinculados; de la misma manera, no se determina si podrán acceder al beneficio todos los funcionarios o si solo aquel que está más expuesto, como personal de Control del Orden Público. Y una pregunta fundamental: ¿Quién pagará la prima del seguro?
  • En paralelo, Carabineros firmó en enero pasado un convenio con la Defensoría Penal Pública para facilitar la asistencia a personas detenidas. Pero además el convenio contenía un beneficio para que el personal policial pudiese acceder a defensores públicos en los casos que actualmente están enfrentando.

Una década negra

  • La última década ha sido especialmente compleja para Carabineros. A finales de 2015 se destapó el fraude conocido como Pacogate, que ya supera los $35 mil millones de acuerdo a la indagatoria de Fiscalía.
  • Un hecho que era conocido por el Alto Mando liderado por el ex general Bruno Villalobos. En su mismo periodo, la credibilidad de la institución terminó por esfumarse cuando -a comienzos de 2018- se conoció la Operación Huracán, un montaje para inculpar a comuneros mapuche de atentados incendiarios en La Araucanía cuyo juicio no ha concluido.
  • Con Villalobos fuera de la institución y con el exgeneral Hermes Soto Isla, el 14 de noviembre de 2018, un operativo en la comunidad de Temucuicui terminó con el joven Camilo Catrillanca muerto por un balazo en la espalda disparado por el exsargento Carlos Alarcón. Todas las versiones entregadas por Carabineros en ese caso fueron falsas.
  • Los hechos del 18 de octubre y las acusaciones de violaciones de DDHH, terminaron con la época dorada de Carabineros. Actualmente, Carabineros es la institución de orden con menor aprobación. Es superada por la PDI, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército.
  • Todo lo anterior refleja la magnitud de la tarea que enfrenta Carabineros en este momento. Por un lado, cumplir su obligación de mantener la ley y el orden en un contexto de violencia y polarización política y deslegitimación de su accionar.
  • Por otro, impulsar una reforma profunda para dejar atrás las malas prácticas graficadas en esa década negra y recuperar su prestigio. Cada una de esas tareas, por sí solas, es enorme. Pero no existe otra alternativa que realizarlas al mismo tiempo.

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