El auge y declive de Héctor Espinosa, el ex director de la PDI que enfrenta una querella del CDE

Cerca de 30 millones de pesos mensuales giraba en promedio el ex director de la PDI desde los fondos reservados de la institución, según la querella que el CDE presentó en su contra por malversación de fondos públicos y lavado de activos. Durante su gestión, que concluyó el 19 de junio y estuvo cruzada por las protestas del 18-O y escándalos en Carabineros, entre otras cosas, Héctor Espinosa llevó al organismo policial a convertirse en una de las instituciones más confiables del país.

La institución más confiable. “Luego de los sucesos del 18 de octubre del 2019 y viviendo una pandemia sin precedentes en la historia a nivel mundial, esta PDI se ha hecho más fuerte y más unida”, dijo en 29 de abril pasado, el entonces director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, al valorar los resultados de la encuesta CEP dada a conocer ese día.

• A pesar del desmoronamiento en la imagen de las instituciones y de la clase política tras el estallido, la PDI era la entidad que más confianza generaba en la ciudadanía con un 53% según el estudio.
• El buen momento de la policía civil, entonces, contrastaba con la caída en la confianza en Carabineros, que incluso venía antes del 18-O debido a casos de malversación de fondos públicos y los montajes de la Operación Huracán. En diciembre de 2019, su confianza llegaba a un 17%.
• Espinosa, quien fue nombrado jefe de la PDI por la Presidenta Michelle Bachelet en junio de 2015 y dejó el cargo el 19 de junio de este año, había logrado sortear  los episodios de la revuelta, a diferencia de su par de Carabineros, Mario Rozas.

Su estilo. Espinosa siempre fue enérgico para descartar acusaciones a la PDI sobre violaciones a los derechos humanos. Incluso, la policía presentó una querella por injurias, en noviembre de 2019, en contra de una persona que denunció en redes sociales haber sufrido maltratos.

• “Han sido montajes que han pretendido enlodar y echar a perder la imagen que tiene la PDI… Cuando un policía es atacado y responde, no es violación a los Derechos Humanos y lo digo tajantemente. Eso es defender su integridad y la de sus compañeros”, dijo a fines de 2019, en momentos en que carabineros era atacado en las protestas callejeras.
• En noviembre de 2020, tras el veredicto por el caso de los ataques incendiarios el Metro, Espinosa envió un mensaje a sus detectives para descartar las acusaciones realizadas por el abogado defensor de las dos personas absueltas  en ese caso. “La PDI no hace montajes”, dijo.
• Su gestión y estilo -que se tradujo en el respeto de sus filas, del mundo militar y de un amplio sector de la clase política- resistió a cuestionamientos por el operativo policial en Temucuicui, en enero de 2021, donde falleció un detective. Al concurrir a una sesión especial del Senado, encaró a los parlamentarios, a quienes les reprochó falta de apoyo político y negó animadversión de su institución hacia el pueblo mapuche. “Ustedes, que deben hacer las leyes (…) lo que muchos han negado, hoy es una realidad, hay violencia, drogas y armas”, les dijo a los senadores.

• El 25 de mayo pasado, cuando Espinosa aún era director general, Ciper publicó la compra de un inmueble en Las Condes, el que, de acuerdo al artículo, fue adquirido por la esposa de Espinosa en 2018 por $398 millones. Se afirmó que se pagaron $254 millones al contado –mediante vales vista­– y los $143 millones restantes a través de un préstamo bancario.
• Espinosa, figuraba como codeudor, pero no incluyó esos antecedentes en su declaración de patrimonio.
• El caso hoy está en manos del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, debido a que el antecedente surgió como una arista de la malversación de fondos públicos en Carabineros, que es investigada por él desde 2016.
• De acuerdo a la querella presentada por el CDE, hubo un procedimiento “utilizado por los imputados para sustraer cuantiosos fondos fiscales provenientes de gastos reservados” de la PDI entre los años 2015 y 2018, por lo que se les imputa el delito de “malversación reiterada de caudales públicos”.
• La acción penal describe la forma “en que se falsificaron y/o utilizaron declaraciones juradas falsas para justificar el uso y destino de los referidos gastos reservados”, presentadas ante la Contraloría y la propia PDI, “mediante certificados dolosos firmados por Espinosa para justificar egresos periódicos de fondos que, en promedio, ascendían a 30 millones de pesos mensuales”.
• Con esos dineros, según el CDE, “realizaron distintas operaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal, ocultándolos mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corrientes o productos financieros y adquiriendo bienes muebles o inmuebles”.