A propósito de las negociaciones que hoy despliega con La Moneda, que la han posicionado en las encuestas presidenciales, la senadora DC ha sido consultada en estos días sobre el tránsito personal que recorrió desde que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años tras una acusación constitucional que desplegó la derecha cuando era ministra de Michelle Bachelet. En 2009, Provoste partió a una ciudad francoparlante próxima a Ottawa para trabajar en un programa de investigación. Vivió en un pequeño departamento del sector de Hull en Gatineau. Fue “como un reality”, ha dicho del año que pasó fuera de Chile.
La partida: El 16 de abril 2008, la entonces ministra de Educación Yasna Provoste Campillay, 51, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 5 años, luego de que el Senado aprobara la acusación constitucional en su contra a raíz de un caso subvenciones escolares en que Contraloría detectó desórdenes financieros en la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Seremi) por US$ 600 millones.
Travesía por el desierto. De su paso por Canadá poco más ha hablado. Lo que está claro es que volvió a Chile y en 2010 postuló a la presidencia regional de la DC, con la expectativa de retornar en 2013, al terminar su inhabilitación de 5 años, a la política nacional como diputada. “Tengo fuerza para rato y mucho por hacer. Quisieron sacarme y aquí estoy, de vuelta”, dijo ese año.
Tras la fuerte repercusión de la entrevista que concedió sobre el polémico fallo sobre las Isapres de la Tercera Sala de la Corte Suprema —que ella integra— la ministra Vivanco salió a matizar sus declaraciones, en las que había afirmado que solo se aplicaba a los demandantes y no al conjunto de usuarios. Este lunes […]
El abogado Gabriel Osorio (PS) integró la Comisión Experta, que acaba de entregar su propuesta, que será un insumo para el Consejo Constitucional. “Yo no tengo ningún prejuicio con el Partido Republicano ni con ningún partido político. Yo más bien tengo el deseo de que se dé una buena discusión. Nada más”, dice.
La Contraloría actualmente está revisando el decreto complementario de la ley sobre control de armas. Diversas asociaciones de armas han ingresado alrededor de 10 mil denuncias al ente contralor, argumentando que el decreto “contiene ilegalidades, transgresiones y omisiones que comprometen no solo la legalidad e integridad de reglamento complementario, sino su aplicación en la práctica”.
La isapre Banmédica, controlada por la compañía transnacional United Health Group, fue la primera en presentar en la Corte Suprema un recurso de aclaración del fallo de la Tercera sala que de acuerdo a la interpretación del Gobierno las obliga a devolver cobros realizados desde 2020 a sus afiliados y adecuar sus planes de salud.
El ministro Juan Eduardo Fuentes calificó este lunes de “declaraciones personales” los dichos de la vocera Ángela Vivanco, que el fin de semana dijo que la sentencia de la Tercera Sala —que ella integra— sólo se debía aplicar a los demandantes y no al conjunto de los usuarios. Las declaraciones generaron una seguidilla de reacciones […]