Marzo 15, 2021

Adolfo Millabur, ex alcalde de Tirúa y candidato constituyente: “Ha sido muy difícil abrir este espacio institucional”

Ana Rodríguez Silva
Adolfo Millabur es actualmente candidato a la Convención Constituyente.

Primer alcalde mapuche de la historia de Chile, ejerció el cargo en Tirúa durante cinco períodos hasta enero, cuando comenzó su candidatura constituyente. Esta semana, el dirigente de la Identidad Territorial Lafkenche visitó Santiago para hacer campaña en una ciudad que desconoce, donde 220 mil mapuches, un tercio de la totalidad, están habilitados para sufragar.

Usted ha representado la vía política más institucional dentro del pueblo mapuche. Hoy están retomando los parlamentos, en Koz Koz, paralelo a una convocatoria de la CAM donde se anunció que no están por la vía institucional. ¿Cómo conviven ambas posturas?

Somos una nación, por tanto tenemos la necesidad y la naturaleza de tener diferencias. Si bien es cierto la institucionalidad como está en este Estado es un caballo prestado para mí como mapuche poder jugar adentro, espero que con el cambio de paradigma e institucional los mapuche tengan su propio caballo dentro del Estado para cabalgar tranquilos. Si estamos todos afuera, nadie hace lo que corresponde, que es establecer puentes de comunicación. Ese sector que no cree en la institucionalidad ayuda a que quienes estamos por esta vía estemos siempre poniéndonos en cuestión nosotros mismos para que las cosas caminen de la mejor manera.

¿Si usted o los demás candidatos mapuche obtienen pocos votos, significaría un espaldarazo para el sector más rupturista?

No, porque ha sido muy difícil abrir este espacio institucional. Nueve días antes de inscribir las candidaturas se aprobó la ley de escaños reservados indígenas. No podría culpar a los mapuche de que no participan, porque la desinformación ha sido tremendamente importante. En la franja electoral tenemos dos segundos. Sí va a ser importante el contenido que vamos a poner los pueblos indígenas, más allá de los números. La ley es la misma que hoy configura el parlamento. Y nadie pone en cuestión la poca votación que tienen los parlamentarios al ser elegidos.

¿Qué pasa con los grupos que se automarginaron y critican el proceso constituyente, y que utilizan la violencia como herramienta?

La única manera de que esos grupos vayan encauzando en un diálogo constructivo y de unidad es que haya un buen acuerdo. Es legítimo que haya opciones distintas. La única manera de encauzar esa desconfianza, también legítima, es llegar a un buen acuerdo, que interprete a los sectores postergados.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual de la Araucanía?

Se ha instalado como relato el mapuche flojo, rebelde, terrorista y últimamente narcoterrorista. Un sector de la población impone ese relato, pero por otro lado hay un movimiento mapuche que se abstrae y sabe que va a persistir. Nada bueno saldría de que aparecieran los militares, pero le puedo asegurar que no vamos a desaparecer.

Pero aparte del relato, hay hechos de violencia en la zona. Narcotráfico, mafias de venta de madera.

Hay demasiado músicos en la misma sala, muchos intereses cruzados. Por un lado los mapuche reclamamos nuestro derecho al territorio, por otro hay sectores económicos que quieren mantener la matriz productiva y el tipo de actividad económica que están llevando, y por otro estamos viviendo lo que vive todo Chile, que tiene que ver con la droga. Es algo con lo que hace rato ya convive Santiago, los fuegos artificiales, los disparos. Puede que esté pasando en los territorios donde están las comunidades, pero no le pueden culpar a los mapuches como parte de su reivindicación.

Cuando era alcalde estaba de acuerdo con las ocupaciones de terrenos.  ¿Sigue estando de acuerdo?

Más que antes. Desde hace dos años presupuestarios, hubo alrededor de 70 mil millones de pesos, cada año, para gastar a través de la Conadi. El penúltimo periodo, las platas fueron predestinadas a proyectos de infraestructura, carácter productivo. Pero no fue ocupado para lo que fue aprobado en el Parlamento, que es compra de tierras. El año pasado el gobierno reintegró 34 mil millones de pesos a los fondos fiscales. Y el que gastó lo usó en función de la pandemia. Entonces, ¿Qué le están diciendo al movimiento indígena?. No quedan más alternativas que las acciones de movilización, porque parece que esa es la mecánica que le interesa al Estado.


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