Mayo 30, 2024

“Guerra judicial”: El enredo de la presidenta de la JJCC tras la presión al Poder Judicial para salvar a Jadue

Alexandra Chechilnitzky
En la imagen de archivo, la diputada y presidenta de la JJCC, Daniela Serrano. Crédito: Agencia Uno.

Este jueves, en medio de la formalización al alcalde Jadue, 6 diputados del PC salieron a respaldarlo. Los parlamentarios plantearon que el Poder Judicial debe darle celeridad al proceso, pero la diputada y presidenta de la JJCC Daniela Serrano entró en contradicciones respecto a la carta que ella firmó a mediados de semana junto a unos 1.500 militantes y dirigentes afines del PC en que presionan a la Fiscalía y el Poder Judicial para revisar el caso, entregando un mensaje inusual en democracia a los tribunales de justicia en el marco de un Estado de Derecho. Aquí el trasfondo lo que ocurre al interior de la colectividad y su pugna con La Moneda.


Panorama general. Mientras la audiencia de formalización del alcalde Daniel Jadue continuaba en el Tercer Juzgado de Garantía Santiago, cerca del mediodía, un grupo de diputados del PC realizaron un punto de prensa en el Congreso como una muestra de apoyo hacia su ex candidato presidencial.

  • La declaración estuvo encabezada por la subjefa del comité mixto PC, FRVS, Acción Humanista e independientes, Alejandra Placencia (PC), y también participaron los militantes comunistas Nathalie Castillo, Matías Ramírez, Lorena Pizarro, Boris Barrera y Daniela Serrano, además de Ana María Gazmuri (AH) y Hernán Palma (independiente).
  • En el Congreso fue comentada la intervención de la diputada Daniela Serrano, presidenta de las Juventudes Comunistas, luego de que se le consultara por la referencia a la “guerra judicial” que planteó la carta que a mediados de semana ella firmó junto a un grupo de 7 parlamentarios del partido y cerca de 1.500 militantes o dirigentes afines al PC.
  • En el texto se planteaba, entre otras cosas, lo siguiente: “Este caso representa no solo una persecución política y judicial hacia una figura pública, sino también una amenaza potencial contra los principios fundamentales del Estado de Derecho en Chile”.
  • “Ya han transcurrido casi 3 años desde el inicio de la investigación judicial por el caso ACHIFARP contra el alcalde Daniel Jadue, lo que atenta contra su figura política y lo envuelve en una guerra jurídica”.
  • “Convocamos a la ciudadanía a mantenerse informada y organizada para detener la guerra judicial en la que han implicado al alcalde Daniel Jadue”.
  • Al levantar la tesis del lawfare (guerra jurídica) los dirigentes realizaron una presión dura y explícita al Ministerio Público y al Poder Judicial para revisar el caso.

La respuesta de la presidenta de la JJCC. Tras la mencionada consulta, Serrano evitó hablar de una “guerra judicial” y lo puso como una situación que podría darse bajo ciertas circunstancias.

  • “Lo que nosotros vemos de la interpretación de esta declaración es que si hoy día no se puede garantizar de que este proceso judicial sea lo suficientemente bien tratado, que también sea con la celeridad suficiente, sí se podría dar una calificación a una guerra judicial”, comenzó señalando Serrano.
  • “Es necesario entender que tenemos un rol de parlamentarios y parlamentarias, y acá a nosotros no nos corresponde hacer esa aseveración. Sin embargo, lo que nosotros vemos uno de los peligros es que si esto no se trata de manera diligente, sí podría dar este tipo de interpretaciones”.

“Persecución política que se ha judicializado”. Mientras Serrano hablaba, la diputada Lorena Pizarro estaba inquieta. Al término de la intervención de su compañera, la parlamentaria —que también firmó la carta— le pidió a las otras diputadas la palabra.

  • Pizarro habló de que existe una persecución política, pero al ser consultada respecto de que hay una “persecución judicial” afirmó: “Comprenderás que como parlamentarios, particularmente en este espacio, el Congreso Nacional, no lo vamos a decir, porque no vamos a poner en contienda un Poder del Estado con otro”.
  • “Lo que aquí no corresponde es que el alcalde Jadue, en un país que se dice democrático, esté enfrentando una persecución política que se ha judicializado”, añadió.

Tensión interna. Pese a que Serrano intentó instalar que en el PC no existen divisiones, lo cierto es que al interior de la colectividad que dirige Lautaro Carmona no hay una única opinión de cómo enfrentar el proceso judicial de Jadue.

  • En las filas del PC son varios los que consideran que se debe escuchar primero a la defensa y luego la medida cautelar que decrete el tribunal para emitir una opinión.
  • Si bien la carta fue firmada por ocho de 12 parlamentarios que tiene el PC —considerando a los senadores Daniel Núñez y Claudia Pascual que no la suscribieron—, no todos están de acuerdo con hablar de “guerra judicial” o de persecución judicial.
  • En el PC hay un sector que considera que la postura del partido que ha impulsado Carmona —cuya permanencia en el cargo depende del apoyo interno que le entregue Jadue— corre el riesgo de amarrar el destino de la colectividad con un proceso judicial en el que el alcalde arriesga quedar en prisión.

La disputa entre el PC y La Moneda. Así también lo entienden en La Moneda, donde el subsecretario Manuel Monsalve salió a mediados de semana a cuestionar la movilización que realizó el PC en las afueras del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago el día de la formalización de Jadue.

  • Carmona salió a cuestionar los dichos de Monsalve este jueves: “Decir que la motivación que nos llevó a estar presentes acompañando a Daniel Jadue es ser barra es exagerar. Yo no soy barra ni fans club de nadie”.
  • Más tarde, desde el Congreso, Monsalve no cedió en la posición del gobierno y llamó a “cuidar la autonomía de los Poderes del Estado”.
  • La decisión de La Moneda supone un golpe en la línea de flotación al PC, cuyo firme respaldo a Jadue ante los tribunales supone ejercer una inusual presión sobre el Poder Judicial en momentos en que el alcalde vive horas clave en tribunales.
  • El gobierno nunca se involucró en la tesis del lawfare y siempre pensó que era un error transformar la persecución penal en una de índole política, más aún en un caso de corrupción.
  • La lectura política del Ejecutivo apunta a que la defensa corporativa del PC a Jadue tendrá un alto precio para el partido en la base electoral afín a la izquierda y que marcar diferencias con los comunistas en este caso no tiene costo para la administración Boric, más aún considerando que el partido está dividido frente al caso Jadue (la generación sub 50 que representa el ex convencional Marcos Barraza no firmó la declaración de apoyo al alcalde).

Lea también. Defensa de Jadue opta por endosar responsabilidades a subalternos y criticar labor de Fiscalía

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