El abogado Ramón Sepúlveda respondió las imputaciones realizadas por el Ministerio Público que formalizó al alcalde de Recoleta por los delitos de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco. En su alegato afirmó que en la gestión del edil de la Asociación de Farmacias Populares pueden haber faltas administrativas y errores, pero no hubo dolo. Pero sobre todo deslindó sus responsabilidades en el secretario ejecutivo de la asociación, Matías Muñoz Becerra, y lanzó un dardo contra el extesorero de la entidad, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.
Qué observar. Por 2 horas y 40 minutos se extendió la exposición del abogado Ramón Sepúlveda, defensor del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el 3er Juzgado de Garantía de Santiago, para oponerse a la solicitud de Fiscalía que pide prisión preventiva para el edil.
- La audiencia continuará este viernes, cuando la jueza Paulina Moya deberá definir la medida cautelar que cumplirá el alcalde formalizado como autor de administración desleal, estafa, cohecho, fraude al fisco y delitos concursales, los que habría cometido como director de la Asociación de Municipalidades Chilenas con Farmacias Populares (Achifarp) en la compra y venta de insumos médicos durante la pandemia de Covid-19.
- Aunque fuera de tribunales, donde ha llegado acompañado por militantes del PC, el alcalde ha acusado una persecución política y sus partidarios utilizan el concepto “lawfare” o guerra judicial en su contra, la estrategia durante la audiencia ha sido otra.
- Allí su abogado expuso que si bien puede haber faltas administrativas o errores en la gestión al mando de Achifarp, considera que no hubo dolo ni acto malicioso y marcó distancia del caso con el de otros alcaldes como el de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex-PS), formalizado por delitos de corrupción, o de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. “No es lo mismo ni en montos ni en productos, no es lo mismo que cuestionan comprar una prótesis auditiva que un collar”, dijo el abogado.
- Sepúlveda apuntó las responsabilidades al secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz Becerra, formalizado por los mismos delitos, señalando que él manejaba las cuentas de la asociación y era quien mantenía vínculo con la empresa Best Quality, la proveedora de insumos médicos, que acusa a Jadue de cohecho y estafa.
Compra de Interferón. Una de las acusaciones de fraude al fisco que acusa la Fiscalía, es el engaño que Jadue habría hecho para que el concejo municipal de Recoleta aprobara la compra del medicamento Interferón para combatir el Covid-19.
- Tras intentar sin éxito importar el producto desde Cuba y Venezuela, el alcalde como presidente de Achifarp suscribió en junio de 2020 un acuerdo con el rector de la Universidad de Concepción Carlos Saavedra, para fabricar el producto en esa universidad.
- En un primer momento, el concejo aprobó el traspasó de $25 millones para la iniciativa. Pero luego, señala la Fiscalía, Jadue convenció al concejo para traspasar otros $204 millones, esto a través de un informe falso elaborado por la directora de salud municipal, María Eugenia Chadwick, que señalaba que ya contaban con los permisos del Instituto de Salud Pública.
- Los testimonios de los concejales ratifican que Jadue les dio a entender que sí tenían todos los permisos del ISP.
- En su defensa, su abogado señala que se trató de un error, ya que la propia Universidad de Concepción creía que el medicamento estaba aprobado por el ISP y fabricó 5 mil dosis, 1.300 de las cuales fueron enviadas al municipio.
- Luego, señala, una carta de Muñoz Becerra al municipio sostiene que el ISP lo había aprobado y que el edil se basó en esa versión.
- También apunta a Muñoz Becerra como responsable que los $204 millones nunca hayan llegado a la universidad y se hubieran gastado en deudas de Achifarp.
El tesorero Sharp. La defensa de Jadue, además, niega la versión de Fiscalía de que él tuviera amplios poderes sobre Achifar y dice que la asociación estaba conformada por más de 90 municipios y un directorio.
- La jornada anterior la fiscal Giovanna Herrera había citado los testimonios de los alcaldes Germán Codina de Puente Alto, Carlos Cuadrado de Huechuraba y Jorge Sharp de Valparaíso, quien era tesorero de Achifarp, y todos coincidieron en que Jadue y su equipo tomaban las decisiones de manera inconsulta, sin informar a la Asociación.
- Según el abogado Sepúlveda “la Fiscalia tiene el prejuicio que esto (Achifarp) era un juguete del alcalde de Recoleta y ha olvidado a todos los otros directores, los alcaldes que aportaban dinero para la gestión. El tesorero, el alcalde Jorge Sharp declaró que el nunca supo nada y la Fiscalía respondió, ok no hay que perseguir penalmente a ese director”. Agregó que la Fiscalía ha actuado con sesgo.
- No es primera vez que en Recoleta se apuntan los dardos al edil de Valparaíso. Hace un mes durante su cuenta pública, Jadue señaló que “el encargado de verificar el buen uso de los recursos, no es el presidente, sino que es el tesorero, que es un alcalde de la Quinta Región que ha estado callado todo este tiempo. Además, el segundo que tenía que fiscalizar el buen uso de los recursos era el vicepresidente”, dijo en referencia a los alcaldes Sharp y Codina.
Quién es Giovanna Herrera, la fiscal que tiene acorralado a Jadue tras 3 años de investigación
“Empresa corrupta”. El abogado desestimó las acusaciones de cohecho y estafa que hacen en su contra los trabajadores de la empresa Best Quality.
- Según la denuncia de uno de ellos, Jadue les habría pedido un “bono” extra para cerrar un contrato, consistente en la entrega de productos avaluados en $20 millones. Según otro empleado el supuesto soborno fue entregado en la sede comunal del Partido Comunista en Recoleta.
- Fiscalía presentó como pruebas fotografías de los trabajadores con Jadue en el municipio, fotografías de los productos en la sede del partido y un diálogo por whatsapp dónde los trabajadores mencionan el supuesto bono extra.
- Según la defensa no existe ninguna conversación ni contacto telefónico ni por mail del alcalde con los denunciantes y que la fotografía fue tomada a petición de ellos porque era candidato. Asimismo no está acreditada la fecha de la fotografía de los insumos en la sede del partido y que existe inconsistencia en los testimonios.
- El abogado cuestionó la labor de Fiscalía, ya que no ordenó ningún peritaje para determinar el valor de los supuestos bienes y critica que le creyeron al denunciante, pese a que tiene antecedentes por estafa en Talcahuano.
- A juicio del abogado, Best Quality es una “empresa corrupta” que buscó hacer quebrar a la Achifarp con un cobro desmedido de $1.000 millones. Dijo que el único contacto con ellos lo mantenía Muñoz Becerra y puede ser él quien llevara los insumos al PC, ya que era militante del partido.
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