La columna del señor Ricardo Mewes sobre la educación técnico-profesional (TP) aborda de forma certera el valor estratégico de esta formación en el contexto actual de Chile, marcado por la incertidumbre global, la necesidad de diversificación productiva y la urgencia de modernizar nuestras capacidades técnicas. Coincidimos plenamente con esa mirada y valoramos los esfuerzos por plantear esa discusión desde el mundo de las empresas.
Desde Fundación Chile Dual, con más de diez años de trabajo en terreno articulando liceos TP y empresas, queremos remarcar uno de los vicios de esta práctica: la fragilidad institucional de muchas de estas iniciativas o convenios de colaboración. La experiencia nos ha mostrado que muchas de las instancias de vinculación entre educación y mundo productivo se sostienen más en la buena voluntad de personas o equipos particulares que en estructuras sólidas con gobernanza interna, visión estratégica o proyección a largo plazo. Es decir, programas donde la salida de una persona puede significar el cierre de oportunidades para muchas otras.
En ese escenario, son destacables aquellas empresas que han asumido la formación dual como parte de su identidad organizacional, entendiéndola no como una carga, sino como una oportunidad: una ganancia. Empresas como Nestlé, Astara, Banco de Chile, Enaex, SKC, por nombrar algunas, llevan más de cinco años recibiendo estudiantes en formación dual, integrándolos como parte activa de sus equipos, con acompañamiento, evaluación, espacios de aprendizaje reales.
También iniciativas más recientes como la de Pasantías de Enel, con un diseño sólido y saludable que refuerza la idea de que cuando se hace bien, la formación práctica no solo beneficia a los estudiantes, sino también a las propias empresas, que acceden a talentos jóvenes y motivados, aportando a su sostenibilidad futura.
Estas empresas están unidas por una visión estratégica de largo plazo. Ven en la formación TP una herramienta para el desarrollo de sus industrias, pero también al país. Y, sin embargo, son aún una minoría. Para que este tipo de prácticas se masifiquen y dejen de depender de casos excepcionales, necesitamos avanzar hacia una gobernanza real de la educación técnico-profesional, donde la colaboración público-privada no se limite a declaraciones de principios, sino que se materialice en compromisos vinculantes, estables y con mecanismos de evaluación y mejora continua.
Contar con una estructura de gobernanza permitiría también que los propios liceos puedan actualizar sus currículos de forma más eficiente y dinámica, en base a lo que observan en sus vínculos con empresas. Este proceso, que en países desarrollados ocurre con regularidad, en Chile avanza lentamente, dejando a muchos jóvenes con herramientas desfasadas respecto a las necesidades actuales del mercado laboral.
La pertinencia de la formación TP —clave para su impacto— se construye precisamente desde esta articulación: cuando liceos y empresas pueden trabajar juntos, de forma sostenida y con visión de futuro.
En Chile existe capacidad técnica, experiencia acumulada y voluntad en muchos actores. Lo que falta es una institucionalidad que garantice que esta colaboración se mantenga, se expanda y evolucione con el país.
Por eso, hoy más que nunca, necesitamos pasar de la voluntad a la estructura; de lo simbólico a lo concreto; de la excepción a la norma.
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Grandes de verdad. Por Tomás Sánchez. https://t.co/rg29X8gHv3
— Ex-Ante (@exantecl) July 22, 2025
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