Polémica ha causado la solicitud de la Fiscalía de Guatemala de emitir órdenes de arresto contra quienes en el pasado lideraron el combate a la corrupción en dicho país, entre ellos, nada más ni nada menos que la ex Fiscal Thelma Aldana, que llevó adelante los procesos por el caso “La Línea” que puso tras las rejas a la ex vicepresidenta y presidente durante el año 2015, luego de masivas manifestaciones ciudadanas en la capital.
Pero no solo la ex fiscal se ha visto envuelta en la polémica, sino también al actual Ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, conocido abogado y defensor de los derechos humanos que lideró Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de 2013 a 2019, enfrentando, entre otros, el caso Odebrecht, impune hasta el momento en dicho país.
La CICIG se creó en el año 2006 por un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco, con el visto bueno tanto de su Corte Constitucional como del Congreso. Su objetivo era terminar con una larga impunidad en el país, apoyando al Ministerio Público, la Policía Nacional y otras entidades públicas en la persecución de delitos complejos y cometidos por agentes del Estado -cuerpos ilegales de seguridad, entre otros, así como de proponer reformas para el fortalecimiento institucional.
De este modo, fue un actor relevante y que gozaba de independencia que contribuyó al esclarecimiento y persecución de casos de ejecuciones extrajudiciales, malversación, defraudación aduanera, financiamiento ilegal de la política, entre otros.
El año 2019, el presidente de entonces, Jimmy Morales, decidió terminar de modo unilateral con el mandato de la CICIG y expulsar a su jefatura y otros funcionarios. El propio presidente había estado bajo la mira de esta entidad por posible financiamiento ilegal. Desde ese momento hasta ahora ha sido un giro en 180 grados en la lucha contra la corrupción. Lo que hace pocos años era visto con mucha atención por países con crimen organizado y corrupción sistémica -incluso en Honduras se intentó replicar el modelo de la mano de la OEA-, ahora es mirado con preocupación y decepción por la comunidad internacional.
Quienes hasta hace poco se atrevían a enfrentar a redes criminales y parte de la élite gobernante para intentar acabar con la impunidad imperante, hoy son perseguidos y acusados de delitos económicos, tributarios o de abuso de poder.
En Chile debemos mirar con atención lo anterior, especialmente cuando pensamos en cómo combatir el crimen organizado ante la demanda ciudadana de mayor seguridad. En primer lugar, es clave blindar a nuestras instituciones frente a la tentación de captura e infiltración de estos grupos, particularmente las policías, Fiscalía y Poder Judicial.
Algo que tenemos que tener muy presente en el diseño institucional que se realizará en este nuevo proceso constituyente pero también en los nombramientos futuros que se vienen en la Corte Suprema. Ya hemos visto como en Colombia, México y ahora, Guatemala, el mismo sistema puede utilizarse para volverse en contra de quienes atacan la corrupción y el narcotráfico. Pero también debemos proteger a quienes denuncian, son testigos o persiguen la corrupción. Una lucha efectiva contra ellas no puede depender de héroes o heroínas, que arriesgan el trabajo e incluso la vida por la integridad.
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