-El caso por las atribuciones de Irina Karamanos, ¿permite iluminar zonas grises en la administración del Estado?
-Es bueno que en una democracia las cosas se sepan, la gente reaccione y el gobierno escuche a la gente y corrija el error. Hay una cosa curiosa: creo que hoy estamos mucho más cerca que ayer del paso que todos los chilenos quieren dar, desde el propio Gabriel Boric a José Antonio Kast, en cuanto a profesionalizar esta función de la Primera Dama y sobre todo acerca de las fundaciones que tiene. Es una institución de la época de la Colonia, que necesita una modernización urgente.
Otra cosa es que ha permitido ver fisuras en el Estado: que el Contralor diga que no puede tomar razón porque es un decreto exento llama la atención. Cuando uno ve que para cambiar el nombre de un pasaje se necesita un acuerdo del concejo municipal, que para decretar un día feriado necesitas una ley, pero para cambiar el nombre o las atribuciones de una institución como la Primera Dama o la Coordinación Sociocultural de la Presidencia se usa un decreto exento. Esto va a permitir ponerle ojo a una situación que también es importante corregir.
-¿Había una ilegalidad en el cambio a la figura de “Gabinete Irina Karamanos”, como dijo la UDI?
-No lo sé. Creo que va más por un tema de imprudencia que de ilegalidad. El cambio de nombre es lo más llamativo, pero no hay que poner el foco en eso. Lo más importante es cómo hacer andar esta institución que se quedó pegada hace siglos y que tiene varias fundaciones importantes bajo su administración. Hoy estamos bastante más cerca de corregir eso, de lo que estábamos hace una semana.
-Las nuevas definiciones sobre el cargo eran bastante ambiciosas. “Le corresponderá identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos”. ¿No es demasiado?
-Por algo el gobierno echó pie atrás. Cosas así de significativas deberían pasar por el Congreso. Esa decisión sobre las atribuciones de la Primera Dama se tiene que tomar políticamente.
-Algunos ámbitos excedían su campo y se interponían a otros ministerios, como el de la Mujer.
-De hecho, produjeron gran confusión, pero los cargos o facultades no se dan por un decreto exento, sino por ley. Si uno los lee como facultades no tienen sustento ni constitucional ni legal, pero sí coinciden con el tipo de fundaciones que tiene que administrar. El decreto lo que hizo fue hacer explícito estas amplitudes, y nos permite visualizar en forma más clara la anomalía de esta institución que tiene fundaciones que pertenecen a otros ministerios o instituciones.
-El gobierno dijo que fue un error administrativo. ¿Basta con eso?
-En estricto rigor es un error administrativo, es una definición jurídicamente exacta.
-Pero nadie se hace cargo de este error. ¿Falta asumir responsabilidades?
-Mucha gente ha puesto el foco en los asesores, la verdad es que alguien tiene que haber sido responsable de poner el dedo para arriba o para abajo respecto de hacerlo. Esta es una decisión política, no una decisión técnica y sería bueno que supiéramos quién tomó esta decisión política, o quién, debiendo haber puesto ojo a esto, no lo puso.
Yo no puedo creer que en el gobierno una decisión así no pase por un filtro político. Y si se hizo sin pasar por un filtro de esa naturaleza también es una situación grave, que hay que corregir. No debiera volver a pasar este tipo de cosas, que tienen un responsable político.
Mi pregunta es: ¿Quién tomó esta decisión, quién dijo sí? Porque ideas puede tener mucha gente, pero finalmente hay alguien que tiene responsabilidad política que dice “sí, lo hacemos”.
-¿Llamarlo Gabinete Irina Karamanos refleja un concepto personalista frente al cargo, que por definición es impersonal?
-Una cosa es cómo se haya visto el caso, y otra cosa cómo lo lee la opinión pública. Efectivamente, mucha gente lo ha visto como un afán personalista, pero yo no juzgo intenciones. Creo que hubo un interés en dar un paso adelante respecto de lo que es esta institución. Pero dio un paso en falso. Espero que ahora se inicie un proceso modernizador y más consistente con los nuevos tiempos.
-En estos casos se suele cortar por el hilo más delgado. ¿Ha sido así?
-No lo sé. Más allá del millón de memes, lo importante es que se supo y el gobierno rectificó. Nos va a obligar como país a enfrentar este problema y solucionarlo en el mediano plazo: definir en qué va a consistir este paquete extraño de la ex Primera Dama o coordinadora sociocultural.
-¿La definición de Primera Dama deja vacíos, que abren espacio a actos discrecionales?
-Es una institución que no obedece a la lógica del año 2022, donde las parejas de las autoridades tienen su propia vida y donde las instituciones y fundaciones de ayuda social como las que tiene la Primera Dama se encuentran mucho más profesionalizadas y forman parte de un organigrama.
Por lo demás, es una definición discutible. Porque puede haber un Presidente sin pareja, y de hecho tú no tienes por qué tener capacidades administrativas o querer sumarte al proyecto político de tu pareja. Forzar a los cónyuges a asumir ciertas funciones es algo que no se condice mucho con la libertad que queremos darle a las mujeres, si es el caso, o con el profesionalismo que queremos que tengan las instituciones que están bajo la Primera Dama.
-¿Es una institución arcaica?
-Totalmente. El mismo Presidente lo dijo en la campaña. No tiene buenos sistemas de accountability, no nace de una elección democrática. Es bien discutible.
-¿Qué cambios deberían hacerse?
-Mira, en los países desarrollados los cónyuges de las autoridades siguen haciendo su vida. Tú veías a Angela Merkel y el marido seguía trabajando en una laboratorio y andaba en metro. Eso me parece lo más democrático y civilizado. Un ciudadano no cambia su estatus porque su pareja esté transitoriamente en el poder. Es un resabio de la Colonia.
-¿Ha sido un cargo controversial por naturaleza, en los últimos tiempos, desde Lucía Hiriart e incluso antes?
-Siempre me ha parecido polémico. Pero en los años 70 y 80 estas cosas pasaban, los ministros de Corte Suprema era designados a dedo por el presidente, los alcaldes también, sin consulta a nadie. En los 90 y 2000 los ministros de Estado recibían parte de su sueldo en sobres con billetes. Los estándares del país han cambiado mucho, para bien; en cuanto a fiscalización de conflictos de intereses, democratización, calidad del servicio público, legitimidad del poder. Y eso el gobierno parecía haberlo entendido, o al menos era parte de su discurso, por eso resulta tan sorprendente esta decisión, porque va en contra de sus propias definiciones. Mas allá del chascarro que cometieron.
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